Conflictividad territorial por el agua en El Salvador

En los últimos años, la situación de los bienes hídricos en El Salvador se ha recrudecido, pese al incremento del acceso a los servicios de agua y saneamiento básico, y a que la precipitación promedio durante los últimos 50 años (1724 mm entre 1965-2012) debería ser suficiente para abastecer la demanda en todos sus usos, existen varios factores que ponen en riesgo la seguridad hídrica del país: localización geográfica, distribución desigual de lluvia a lo largo del año, precipitaciones y sequías extremas, uso inadecuado y modificación de uso de suelo, desechos residuales sin tratamiento, reducción de infiltración, contaminación, sobreexplotación de los acuíferos, etc., desatando diversos conflictos territoriales en torno a la gestión del agua.

El Salvador cuenta con cerca de treinta normas jurídicas relativas a la gestión del agua, cuyo cumplimiento recae en manos de hasta seis instituciones del Estado (ministerios, autónomas y municipalidades) entre las que se “tiran la pelota” para responder ante las demandas sobre su regulación.

Tras el desgaste de las recetas de los 90 derivadas de los Planes de Ajuste Estructural (PAE), en Centroamérica y El Salvador, EEUU y la UE han establecido una serie de acuerdos comerciales[1] que entre sus objetivos incluyen la explotación de los recursos naturales manteniendo a su vez el control político, económico y militar del área.

Junto a la dispersión, exigüidad y obsolescencia de la normativa salvadoreña en lo que a materia hídrica se refiere, acomodan el marco legal para que corporaciones transnacionales de la mano con la oligarquía salvadoreña consoliden el modelo de dominación, explotando y degradando los bienes hídricos y desatando diversos conflictos que ponen en riesgo la gestión sustentable y el cumplimiento del derecho humano al agua.

Agua potable y saneamiento

La responsable principal del servicio de abastecimiento de agua es la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), entidad autónoma que opera principalmente en el área urbana, dejando desprotegida y sin atención a zonas rurales, que en menor porcentaje asumen algunas municipalidades y Juntas de Agua de Sistemas[2].

Actualmente el país ha cumplido la primera parte de la meta 7C de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) referida al acceso al agua, y está en camino de alcanzar la relativa a las fuentes mejoradas de saneamiento. Sin embargo los datos nacionales desagregados reflejan que si bien el acceso por cañería es del 86,1%, la tenencia[3] se reduce hasta a un 76,8%; mientras que en términos de saneamiento solo un 83,3% de la población hace uso de instalaciones mejoradas[4]. Datos que se recrudecen en el área rural donde la tenencia se reduce hasta un 59,6%, junto a la grave intermitencia del servicio[5]; y el uso de instalaciones mejoradas de saneamiento a un 71,6%, siendo en su mayoría (54,7%) letrinas privadas[6].

Equipo de excavación en la construcción de El Encanto Villas y Golf en San José Villanueva. Fotografía del equipo de comunicación de ACUA.

Equipo de excavación en la construcción de El Encanto Villas y Golf en San José Villanueva. Fotografía del equipo de comunicación de ACUA.

Esta situación de desigualdad se ejemplifica en la Cordillera del Bálsamo, donde coexisten complejos habitacionales de lujo y comunidades rurales a quienes en 2006 el expresidente Antonio Saca prometió acabar con el problema de desabastecimiento, fruto  de un Asocio Público Privado (APP) que 5 años después fue rubricado por la ANDA, el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), y 39 empresas urbanísticas que se constituyeron en el FIHIDRO. El mismo ha permitido: 14.375 conexiones para los complejos de lujo y para un campo de golf de primer nivel, que administran la gestión del servicio a su discreción y disponen de agua en cantidad, permanencia y calidad, pagando a la autónoma –de manera proporcional– la misma cuota que las comunidades; cerca de 22.625 conexiones para la zona rural con un servicio deficiente; 7.000 personas sin servicio y 2.100 abasteciéndose de manantiales y pozos, en su mayoría contaminados[7].

Un segundo conflicto resulta de la invisibilidad de las 2.000 Juntas de Agua de Sistemas Rurales, que ante la incapacidad de los gobiernos de turno para cumplir con su rol de garante del derecho humano al agua, se organizaron para obtener el sistema de abastecimiento. Estas Juntas no cuentan con ninguna asistencia del Estado, al no enmarcarse en las categorías de la normativa vigente. Y si bien no son públicas, tampoco son sistemas privadas, porque no se lucran a costa del servicio, logrando apenas cubrir los costes de operación y mantenimiento del mismo.

Un tercer problema deriva en la urgente necesidad de un canon diferenciado de acuerdo a los usos del agua como instrumento de control ante la sobreexplotación del vital líquido, inexistente debido a la desregulación del Estado derivada del ajuste estructural. En este contexto, el sector privado continúa aprovechándose de la ausencia de un marco regulatorio para obtener beneficios a costa de un bien de carácter nacional. De esta forma, las empresas de comercio y servicios, las inmobiliarias, o la agroindustria se abastecen del servicio de la ANDA con una tarifa que no difiere de la del resto de la población, a pesar de que su actividad tiene un giro comercial debiendo reflejarse los costes de explotación en su factura.

El caso más flagrante de todos lo representan las empresas embotelladoras, entre las que destaca la cervecera sudafricana SABMiller, propietaria de Industrias La Constancia (ILC) y principal fabricante de bebidas en el país, que distribuye los productos de Coca-Cola a nivel nacional y regional. Desde 1999 esta empresa viene extrayendo agua del acuífero de Nejapa a través de dos pozos que en la actualidad suponen un gasto de 34,67 millones de metros cúbicos anuales, cuando la recarga del mismo es de 18 millones de metros cúbicos, con lo que en 30 años el mismo se secaría[8]. En 2013, la empresa solicitó además una ampliación de la planta que incluía la perforación de un tercer pozo, con la consiguiente afectación para el acuífero. Mientras tanto los últimos datos oficiales a nivel municipal del año 2009, muestran que tan solo un 50,2% de la población del municipio tiene acceso a agua domiciliar, siendo de un 20,2% en la zona rural[9].

Contaminación ambiental

Junto al descenso en la capacidad de recarga de los acuíferos, el incremento de la contaminación y sedimentación de las aguas superficiales resulta alarmante. Así sucede en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), donde la expansión urbanística ha provocado que por el río Acelhuate circulen 10.917 m3/s de aguas negras[10], y los pozos subterráneos presentan calidad mala (60%) o regular (40%)[11]. Igual sucede en la Cordillera del Bálsamo con los complejos residenciales y empresas agroindrustriales, cuyas plantas de tratamiento no existen, o no funcionan correctamente, vertiendo sus aguas a los ríos de los que posteriormente se abastecen las comunidades para cubrir sus necesidades de higiene y limpieza.

Un segundo foco de contaminación lo constituye la expansión del cultivo de caña en la zona costero-marina del país, -en especial en el Bajo Lempa-, que ha experimentado un incremento de casi el 50% en la última década, con la consiguiente sobreexplotación de las fuentes de agua superficiales y subterráneas, cambio de uso de suelo, desplazamiento de los cultivos tradicionales para el consumo familiar, y la contaminación derivada del uso de glifosatos y madurantes[12].

En 2011, un estudio del MARN que analizó la calidad del agua en 123 sitios de 55 ríos de todo el territorio, arrojaba que: ninguno de ellos dispone de una calidad de agua excelente; únicamente uno cumplió con la normativa de agua para actividades recreativas; el 17% cumplían con la norma de aptitud de uso de agua cruda para potabilizar por métodos convencionales; y el 26% de los sitios se mostraron aptos para riego sin tratamiento[13].

La industria extractiva

Como última amenaza aparece la industria extractiva, entre la que se distinguen principalmente proyectos de extracción de material pétreo y los de minería metálica. La extracción de material pétreo de ríos y zonas de recarga afecta el cauce natural y la cantidad y calidad de las fuentes de agua, generando un desequilibrio descontrolado en la fauna y la flora de estos ecosistemas sin existir un control sobre los mismos, y convirtiéndose en una amenaza para las poblaciones situadas aguas abajo. El ejemplo más claro es el río Jiboa, donde varias empresas, entre las que destaca CESSA, principal cementera del país y propiedad de la transnacional suiza LafargeHolcim, vienen extrayendo arena, grava y roca para materiales de construcción.

Por su parte, la minería metálica se encuentra en un estado de “semicontrol” al no haberse ejecutado ningún proyecto desde la década de los 80, cuando tras la crisis del oro las empresas situadas en San Cristóbal, San Sebastián y El Dorado, detuvieron sus operaciones dejando un legado de contaminación con altos niveles de cianuro en ríos y mantos acuíferos de la zona norte del país[14]. Sin embargo, a raíz de la subida del precio del oro, durante la legislatura del expresidente Saca (2004-2009) el Ministerio de Economía otorgó permisos de exploración a 29 proyectos de oro y plata a 11 empresas transnacionales de origen canadiense y estadounidense. Si bien posteriormente durante los dos gobiernos del FMLN se ha aprobado una suspensión de hecho de estos permisos que ha supuesto que el país enfrente una serie de demandas promovidas por transnacionales mineras. Demandas que según la según la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica han supuesto para El Salvador $12,6 millones en gastos procesales durante 5 años de litigio.

Además la amenaza minero-metálica supera la soberanía nacional, puesto que dos de sus cuencas principales están compartidas con Honduras y Guatemala[15]; y en ellas hay concesionados un total de 49 proyectos (7 en Guatemala y 42 en Honduras), que vendrían a afectar gravemente a los ríos salvadoreños, especialmente el Lempa, que constituye el 65% de los bienes hídricos superficiales, y alberga en su cuenca al 60% de la población salvadoreña[16].

Las demandas de las organizaciones sociales

Frente a esta amalgama de conflictos en torno al agua, producto de la ausencia de un marco regulatorio adecuado, diferentes organizaciones sociales aglutinadas en el Foro del Agua y la Mesa Nacional por la Soberanía Alimentaria, entre otras, exigen al Estado el cumplimiento de su rol de regulador y garante de derechos. Dado que mientras no exista un nuevo marco regulatorio en el país, fundamentado en la sustentabilidad, la gestión pública y el reconocimiento del derecho humano al agua, se incrementarán las desigualdades y se profundizarán los conflictos territoriales por el uso del vital líquido.

Las organizaciones sociales lideradas por el Foro del Agua[17] juegan un papel determinante en esta reivindicación, haciendo falta también mayor compromiso de movilización por parte de la población, y el ejercicio responsable con la ciudadanía de los tomadores de decisión, para que despojándose de sus intereses particulares tomen conciencia de la gravedad del problema y ratifiquen en la Constitución, el reconocimiento al derecho humano al agua y la alimentación y aprueben una Ley General de Aguas que garantice la gestión pública, la sustentabilidad y la igualdad en su articulado.


José Samuel Ventura es Director Ejecutivo de la Asociación Comunitaria Unida por la Agricultura (ACUA).

Antonio Sandá Mera es técnico de proyectos de cooperación de la delegación de Paz con Dignidad en Centroamérica, y apoya el trabajo de ACUA.

Artículo publicado en el nº68 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2016.


NOTAS:

  1. El Tratado de Libre Comercio (CAFTA-DR, Central America Free Trade Agreement-Dominican Republic, en inglés) en 2006, y el Plan de Acción Conjunta del Asocio por el Crecimiento Económico en 2011, con EEUU; y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AdA) en 2014.
  2. Sistemas autónomos que abastecen a comunidades rurales con poblaciones de bajos recursos económicos, que se han organizado para construir sus propios sistemas comunitarios de abastecimiento con el apoyo de la cooperación y sin ayuda del Estado o la alcaldía.
  3. La tenencia de agua por cañería incluye cañería dentro y fuera de la vivienda, tubería por poliducto en buen estado, tiene pero no le cae (por más de un mes); mientras que el acceso además de las anteriores incorpora cañería del vecino, pila, chorro público o cantarera, chorro común y acarreo cañería del vecino.
  4. Incluye inodoro a alcantarillado, inodoro a fosa séptica y letrina privada.
  5. Desde 16 horas por día en algunas zonas, a menos de 4 horas diarias, o incluso una vez cada 4 días, en otras.
  6. DYGESTIC (2015): Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2014. Ministerio de Economía.
  7. Ruiz, O.A; y Sandá, A. (2015): Plan de manejo de las cuencas El Jute y San Antonio. ACUA.
  8. Alianza por la Solidaridad (2015): Inversión Extranjera en una planta embotelladora en El Salvador.
  9. PNUD y FUNDAUNGO (2009): Estado del desarrollo humano en los municipios de El Salvador 2009.
  10. Almendares, R.; Avelar, R. y González, M. (2009): Política de agua: ampliación de la cobertura gestión descentralizada del agua institucionalización del pago de servicios ambientales. Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
  11. Landaverde, L. R.; y Romero, L. P. (2008): Determinación de la calidad fisicoquímica de las aguas subterráneas según ICA en diferentes pozos de San Salvador y zonas extendidas. Universidad de El Salvador (UES).
  12. Instituto de Investigaciones ITZTANI (2012): Análisis de la producción azucarera en el salvador y sus vínculos con procesos de cambio del uso del suelo, la deforestación y degradación de ecosistemas forestales. MARN y GIZ.
  13. MARN (2012): Informe de la Calidad de Agua de los Ríos de El Salvador. Año 2011. MARN.
  14. MARN (2012): Informe de la Calidad de Agua de los Ríos de El Salvador. Año 2011. MARN.
  15. Las cuencas de los ríos Lempa y Paz son compartidas con Guatemala en ambos casos, y con Honduras en el caso del Lempa.
  16. La parte alta de la cuenca es la más relevante económicamente a nivel nacional por sus usos agrícolas, reservas naturales como El Trifinio, y al ser la fuente de suministro del 35% del Área Metropolitana de San Salvador. La parte media concentra la mayor producción de energía hidroeléctrica del país con las centrales de Cerrón Grande, Guajoyo, 15 de Septiembre y 5 de Noviembre. Y la parte baja también se caracteriza por su capacidad para el desarrollo de actividades agrícolas y una gran biodiversidad en su desembocadura.
  17. Constituido en 2006 por más de 100 organizaciones sociales nace con el objetivo principal de lograr la gestión pública, responsable, eficiente, equitativa y sustentable del agua, oponiéndose ante cualquier mecanismo de privatización.

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2 pensamientos sobre “Conflictividad territorial por el agua en El Salvador”

  1. Absolutamente de acuerdo contigo Samuel.
    Desde España comentar la existencia del proyecto de trasvases de agua entre el río Ebro uno de los más caudolosos de la península y regiones que historicamente son secas y que por el cambio climático el déficit hídrico es mayor año tras año.
    No se reconoce este déficit y seguimos queriendo cultivar productos que consumen grandes cantidades de agua que hoy no son suficientes, en lugar de avanzar hacia un modelo de agricultura de secano o de regadío por goteo.
    Dicho esto, me preocupa que la opinión pública no es conocedora de esto y en el caso que desee alguien tener información no se consigue de ninguna manera.
    Gran artículo y gracias por la divulgación.
    Agradecería respuesta Samuel, pues llevo tiempo queriendo contactar contigo y me es impodible.
    Un abrazo enorme.

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