Desmontando el mito: Costa Rica el paraíso de las energías re[no]vables

La gestión sostenible y planificada del agua en Costa Rica, que permanece bloqueada por los intereses económicos del sector hidroeléctrico, turístico y agroindustrial, representa el mayor obstáculo para el desarrollo de un modelo energético 100% renovable.

Hace poco más de seis meses regresamos de un viaje de un año por América Latina donde conocimos múltiples experiencias que nacieron con una gran voluntad de cambio social. A nuestra preocupación por el desarrollo de otros modelos económicos que integrasen la variable ambiental, nos dirigimos a Costa Rica con la idea de conocer la referencia en modelos energéticos sostenibles.

Paula Cabildo.
Paula Cabildo.

A menudo Costa Rica es considerada como el principal ejemplo de sostenibilidad ambiental del planeta. Además de ser, desde 1948, uno de los pocos países del mundo que carece de ejército, a esta república centroamericana, escoltada al este por el mar Caribe y al oeste por el océano Pacífico, se la reconoce por la tenaz apuesta que ha realizado en favor de las energías renovables y la preservación de su biodiversidad, pues ella sola concentra el 6% de la biodiversidad mundial. Durante el 8 de mayo y el 9 de agosto de 2015 la electricidad generada por este pequeño país procedió de fuentes renovables gracias a las fuertes lluvias que cubrieron los embalses de sus represas. De hecho, según el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), un 77,6% de la energía total producida durante estos 94 días correspondió a la energía hidroeléctrica.

Sin embargo, como apunta la Federación Conservacionista de Costa Rica (FECON), a día de hoy, las hidroeléctricas han dejado de ser un modelo de sostenibilidad porque representan un enorme impacto medioambiental y humano. El agua se ha convertido en un recurso finito y su acceso en el principal problema debido a la explotación de cuencas y ríos en áreas vulnerables.

A pesar de que Costa Rica es uno de los países con mayor oferta de agua dulce por habitante y uno de los países de América Latina donde más se ha favorecido la inversión pública en agua potable, para los cinco millones de costarricenses, la gestión del recurso hídrico es, sin duda, una amenaza cuyo origen se manifiesta en una anacrónica ley de aguas de hace más de 70 años.

Durante todo este tiempo, el Estado ha impulsado una serie de políticas públicas desreguladoras que han beneficiado un modelo de desarrollo que ha privilegiado no solo al sector hidroeléctrico, sino también la producción y expansión de monocultivos, el uso extensivo de agroquímicos, la proliferación de pozos ilegales y el desarrollo de proyectos inmobiliarios y turísticos que han contribuido a una desaforada dependencia del agua y a un agotamiento de los mantos acuíferos.

Paula Cabildo.
Paula Cabildo.

En este sentido, el modelo de sostenibilidad ambiental de Costa Rica esconde una serie de conflictos que afectan a miles de personas. Desde hace diez años, este país caribeño está sumido en una crisis ambiental y social que ha desencadenado 134 protestas comunitarias asociadas al acceso al agua potable y a necesidades de saneamiento. Desde 2007, en la zona de Puerto Limón, 600 familias reciben, cada dos días, cinco litros de agua por familia en un camión cisterna que les alcanza solamente para beber y cocinar. Los mantos acuíferos que les abastecían siguen contaminados por los agrotóxicos (metales pesados y plaguicidas) utilizados en la producción de piña o por los vertidos de las actividades industriales y agropecuarias. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se precisan entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas.

Para Heidy Murillo, representante de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (UNOVIDA), es necesaria “una ley que responda a todos esos conflictos, que nos proteja de la privatización y permita una planificación del recurso que asegure el disfrute del derecho humano al agua potable y al saneamiento, y sobretodo que establezca que el consumo humano sea prioritario”.

Arando el sueño del agua

La ley de aguas vigente en Costa Rica se remonta a 1942 -la versión anterior era de 1884- cuando apenas existían proyectos hidroeléctricos, no era prioritario construir campos de golf y macrohoteles, y las grandes extensiones de monocultivos eran pequeñas parcelas para el consumo nacional. Durante 70 años la gestión del recurso hídrico ha favorecido un oligopolio que ha provocado dificultades para establecer responsabilidades entre las más de veinte instituciones gubernamentales que tienen competencias sobre el agua.

La alta vulnerabilidad que vive el país a los efectos del cambio climático y la aplicación de políticas irresponsables sobre el uso del agua en detrimento de los intereses de las comunidades locales, movilizó a distintas organizaciones sociales y ecologistas a presentar una iniciativa popular que consiguió reunir, en 2010, más de 170.000 firmas para defender el proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, Nº17742, conocida como la “nueva ley de aguas”. La propuesta de otorgar un cuerpo normativo integral de todo el ciclo hidrológico permite organizar la protección y los usos del agua, reconociendo el “acceso universal, solidario y equitativo, y un derecho humano fundamental e indispensable”. Este reconocimiento respeta la aprobación de la ONU que obliga al Estado a que todas las personas dispongan de agua suficiente, salubre y accesible para el uso doméstico.

Uno de los principales avances con los que cuenta la propuesta de ley es la participación y el control público del recurso a través de nuevos actores como los ayuntamientos, los Acueductos Comunales organizadas por las propias comunidades rurales (ASADAS), las ONGs ambientales y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). El objetivo prioritario es impedir la privatización de los servicios, fijar tarifas y cánones por su aprovechamiento económico y establecer sanciones y responsabilidades por daño ambiental. Con esta ley, el agua se la declara “un bien de dominio público con valor económico que tiene que tutelar el Estado para garantizar su seguridad, y que puede asignar derechos al particular, pero bajo reglas que no pongan en peligro el agua para el acceso humano y para los ecosistemas”, explica Esteban Monge, abogado y miembro del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales.

La lucha por la modernización de la ley para la gestión del agua empezó en 2001 cuando Elizabeth Odio, Ministra de Ambiente, creó una comisión integrada por el Departamento de Aguas, la Universidad de Costa Rica, el Centro de Derecho Ambiental y los Recursos Naturales (CEDARENA) y la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA) para resolver el vacío legal en materia de concesiones. En noviembre del mismo año, organizaciones de la sociedad civil presentaron a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que se agrupaba junto a tres proyectos más. En 2005 la Comisión de Ambiente de Costa Rica fue capaz de dictaminar un nuevo texto que aunaba las preocupaciones del sector privado, de las instituciones públicas y de las organizaciones ambientalistas.

Tras múltiples batallas dentro del Parlamento, el esfuerzo tuvo finalmente su primer éxito en marzo de 2014. Después de varias negociaciones, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley en su primer debate parlamentario con consenso político a favor. Sin embargo, la aprobación final se atrasó con la clara oposición del sector agrícola y los partidos más conservadores del país (PLN, PUSC y ML).

Paula Cabildo.
Paula Cabildo.

En la actualidad, una nueva Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico está pendiente de aprobación. Mientras, Costa Rica se mantiene como el primer exportador mundial de piña, una distinción que el Estado y el sector agrícola, que ha estado actuando al margen de la ley con la displicencia de las instituciones, no están dispuestos a desaprovechar a pesar de que la agricultura intensiva, según la FAO, es una de las principales causas de contaminación de aguas en la mayor parte de los países occidentales.

¿El agua es energía renovable?

El prestigioso portal web “Scidev.Net” considera que “las represas hidroeléctricas son la expresión por excelencia del control humano sobre la naturaleza”. Con el pretexto de un recurso limpio capaz de transformar en electricidad la energía del agua mediante un proceso libre de emisiones de carbono, los proyectos hidroeléctricos se han convertido en una de las mayores causas de daño ambiental y desplazamiento de comunidades indígenas durante los últimos 20 años en América Latina y el Caribe. Las hidroeléctricas han dejado de ser una fuente calificada de renovable porque ya no sirven a las necesidades locales, sino a intereses mercantiles. Bajo la máscara ambientalista, esta fuente energética ha supuesto una nueva forma de explotación de los recursos.

El caso de Costa Rica es un ejemplo paradigmático que ha conseguido distorsionar una realidad que nada tiene que ver con la imagen de un país entregado al ecologismo. Según Mauricio Álvarez, integrante de la FECON, “los logros que ha tenido el país con respecto a políticas ambientales, que han sido conseguidas por las grandes movilizaciones sociales, han invisibilizado grandes contradicciones”. En primer lugar, la matriz energética del país se sustenta en un 80% de petróleo extranjero debido a que no está permitida la exploración y explotación de hidrocarburos en el país -el Estado invierte 3.000 millones de dólares anuales en su obtención-, y, en segundo lugar, Costa Rica ha concentrado su imagen en favor de la sostenibilidad con la construcción masiva de hidroeléctricas. Como afirma Heidy Murillo hay que superar la falsa dicotomía entre la quema de combustible fósil y la hidroelectricidad.

En el Pacífico Sur, en el valle del Diquis, se han construido en una misma cuenca 21 proyectos hidroeléctricos y el embalse más grande de Centroamérica, que ha supuesto un impacto catastrófico para comunidades indígenas de la zona que se han quedado sin acceso al agua para sus cultivos, su ganado y su uso diario. También en la cuenca de San Carlos, la cuarta región más poblada de Costa Rica, hay más de 30 represas hidroeléctricas. Para Álvarez: “Las hidroeléctricas deberían trascender definitivamente como una energía no renovable, porque el recurso del agua tiene cada vez más demanda dentro del sector privado. Si son dirigidas por las empresas privadas significa que las necesidades están priorizadas para el negocio y no para otras funciones”. Así que, en la defensa de los intereses de una gestión hídrica es fundamental que el control sea público o administrado por asociaciones comunales. En Costa Rica, más de 2.000 ASADAS administran el agua de forma comunitaria en zonas rurales.

Desde la FECON se plantean alternativas y opciones viables para que Costa Rica apueste por un verdadero modelo energético sostenible encaminadas a la diversificación de las fuentes energéticas y a la disminución del consumo. Algunas iniciativas planteadas son las tarifas progresivas donde el salto de segmento sea considerable para fomentar el desincentivo del consumo, y las tarifas diferenciadas por hora para disminuir los picos de consumo y dotar de mayor estabilidad la producción energética, promoviendo que la industria produzca de noche. Y, por último, implementar, desde el Gobierno, un proyecto para la disminución del consumo como la regulación de la tecnología obsoleta o la construcción verde.

Ante las dificultades y retos ambientales y energéticos a los que se enfrenta Costa Rica, el agua se ha convertido en el nuevo recurso en disputa, el caramelo de los intereses económicos y privados capaces de vulnerar los derechos humanos básicos de centenares de comunidades afectadas, que, gracias a su capacidad propositiva, están colocando sobre la agenda política el debate sobre la necesidad de una nueva gestión y revalorización del agua.


Clara Romaguera y Arpad Pou. Proyecto Termitas y Elefantes, www.termitasyelefantes.org.

Artículo publicado en el nº68 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2016.

Más información en el siguiente vídeo: 


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