La comunicación en América Latina, un territorio en disputa

El escenario mediático en América Latina se caracteriza desde hace años por una propiedad altamente concentrada en manos de las familias más adineradas y poderosas, con gran capacidad de influencia en las decisiones gubernamentales. El cambio de tendencia en la región de una etapa neoliberal hacia políticas más progresistas afectó las relaciones con unos medios que se convirtieron en actores políticos de oposición y que se resisten a la entrada de actores públicos, sociales y comunitarios en el terreno mediático.

Durante parte del mandato del presidente argentino Carlos Menem, las relaciones con el poderoso Grupo Clarín se pudieron considerar como amistosas. En ese tiempo se dieron reuniones privadas que confirmaban la buena marcha de los vínculos entre poder político y mediático. En una de ellas, y ante la falta de acuerdo en un determinado tema, Menem enfatizó que él era el presidente país, a lo que el poderoso grupo mediático contestó recordándole que “ése” era un cargo menor. Años después, en 2002, quedó demostrada la participación de Venevisión, Globovisión, RCTV y Televen en el intento de golpe de Estado contra el presidente electo Hugo Chávez, en colaboración con la patronal Fedecámaras[1]. En el contexto centroamericano, aún hoy es conocido el “derecho a picaporte” del que se hace uso desde instancias directivas y de propiedad de los medios de comunicación para recordar a los gobiernos electos el apoyo ofrecido en campañas presidenciales.

Paula Cabildo.
Paula Cabildo.

El intercambio de favores entre las familias propietarias y los gobiernos de turno fue durante décadas práctica habitual entre las élites del poder en América Latina. Algunos de los grandes grupos mediáticos de la región, como el brasileño O Globo o el argentino Clarín[2], difícilmente pueden esconder que sus exitosas carreras empresariales despegaron bajo la protección de dictaduras militares.

Los medios privados han copado décadas prácticamente la totalidad de un bien público, como es el espectro radioeléctrico, hasta el punto de que la concesión de frecuencias fue asumida como una asignación a perpetuidad. Los privilegios ofrecidos a los medios privados nunca fueron discutidos ni su cuestionamiento formó parte del debate público, a pesar de que en países como Venezuela o Costa Rica las leyes que regían la actividad de los medios fuesen incluso anteriores a la aparición de la televisióno se promulgasen en periodos no democráticos.

El estatus del que gozaban los medios privados se quebró con la llegada de gobiernos que rompieron la tendencia neoliberal que hasta principios del siglo XXI había predominado en la región. La batalla entre los gobiernos denominados progresistas, nacional-populistas o postneoliberales, y las corporaciones mediáticas, convertidas en activos actores políticos de oposición, perdura hasta el momento actual y es habitual que cargos presidenciales como Cristina Fernández, Nicolás Maduro, Rafael Correa, Evo Morales o Dilma Roussef se declaren víctimas de la “guerra mediática” que el filósofo Fernando Buen Abad define como un “Plan Cóndor Comunicacional” para la región[3].

De acuerdo con este pensador mexicano, los medios de comunicación estarían operando como punta de lanza para debilitar la popularidad de las y los presidentes que fueron elegidos democráticamente con amplio respaldo electoral. En la planificación de esta estrategia no sólo estarían implicados los grupos mediáticos del continente, como el colombiano Random, sino que también participarían grupos con altos intereses económicos en el área, como el Grupo Prisa y la CNN de Estados Unidos.

Ya sea para el fortalecimiento democrático con la inclusión de nuevos actores, o como estrategia para debilitar a los oligopolios mediáticos, lo cierto es que la comunicación es hoy un terreno en disputa, en el que entraron a participar un sector público que aún no ha terminado de consolidar su modelo y unos medios comunitarios con fuerte tradición pero con poca capacidad de influencia para quebrantar la comunicación hegemónica.

Desde el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, cinco países sudamericanos han aprobado leyes que regulan el espacio comunicacional y mediático. Con diferentes procesos, pero con similares acusaciones de coartar el derecho a la libertad de expresión, Venezuela (2004), Argentina (2009), Bolivia (2011), Ecuador (2013) y Uruguay (2014) lograron actualizar el marco legislativo que regula el sector. En todos ellos, a excepción de Venezuela, se establece el reparto equitativo y porcentual para los sectores privado, público y comunitario, en tanto que el acceso a las frecuencias es considerado parte el reconocimiento del derecho a la comunicación de los grupos históricamente excluidos de la propiedad de los medios.

Países que apuestan ideológicamente por la libre competencia también han reformado sus leyes de telecomunicaciones, como México y Colombia, pero sin recoger el espíritu participativo e inclusivo de las otras normas aprobadas en el continente[4]. La Reforma de las Telecomunicaciones de México fue aprobada en 2014 como parte de las reformas de la constitución presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto. El acceso a la banda ancha fue defendido como estrategia para la mejora de la competitividad del sector de las telecomunicaciones y el desarrollo económico del país. La reforma también incluyó la licitación de dos televisiones en abierto en un sector altamente concentrado con el objetivo de favorecer la competencia.

A diferencia del resto de legislaciones aprobadas en los últimos años, el estado mexicano no aprovechó la reforma para impulsar al sector comunitario. Las radios comunitarias e indígenas son consideradas como aquellas sin fines de lucro y con “propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad”. La ley prohíbe a estas emisoras el ingreso de financiación a través de venta de publicidad y sólo contempla la obtención de recursos mediante fondos de entidades públicas. Por tanto, el mantenimiento del sector depende de los fondos que cada gobierno esté dispuesto a entregar. Otro de los inconvenientes que encuentran los actores sociales es el máximo de potencia de 20 vatios fijado para las antenas comunitarias y que limita la presencia de estas radios a territorios muy reducidos.

Paula Cabildo.
Paula Cabildo.

Brasil, El Salvador y Costa Rica intentan sacar adelante una legislación que permita democratizar el escenario audiovisual con la participación de nuevos actores sociales. Sin embargo, la ausencia de mayoría en las cámaras de votación y la excesiva presión de los grupos mediáticos impiden que los textos hayan pasado de la fase de discusión.

Centroamérica, el intento de ganar en democracia

A excepción de Costa Rica, los países que conforman la región de Centroamérica cuentan con una historia reciente muy similar: guerras civiles, apertura de periodos neoliberales, alta concentración de la propiedad de los medios, y estrecha relación entre poder mediático y político; cuando no directa participación, como es el caso del ex presidente salvadoreño Antonio Saca, quien inició su carrera pública desde la presidencia de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER). La comunicación nunca formó parte de los debates para la construcción de las nuevas democracias y tampoco se vieron afectados los intereses de las empresas privadas. Más aún, la apertura de mercados favoreció la entrada del capital extranjero que hoy controla las economías de la región.

La implicación de los medios propiedad de la familia terrateniente Facussé en el golpe de Estado de Honduras, la participación de la familia Ortega-Murillo en algunos de los medios nicaragüenses y el control de los cuatro canales que emiten en Guatemala por un mismo propietario, Ángel González, son algunas de las piezas que componen el escenario mediático centroamericano. Con este panorama, se puede alcanzar a entender las dificultades que atraviesan los gobiernos de Costa Rica y de El Salvador para introducir cambios en el privilegiado sector de la comunicación.

La llegada al poder del FMLN después de veinte años de presidencia de ARENA permitió al presidente Mauricio Funes presentar un proyecto de ley que abriera el camino a la participación de los medios comunitarios en el panorama nacional de telecomunicaciones. Cuatro años después, la bancada opositora y la representación de la propiedad de los medios, como la citada ASDER, mantienen su rechazo a la entrada de las emisoras comunitarias en el espacio radioeléctrico y a la propuesta de creación del Consejo Nacional de Medios Públicos, destinado a administrar y garantizar la pluralidad e independencia de la televisión y la radio públicas salvadoreñas[5].

En 2013, las asociaciones de medios populares presentaron a la Asamblea Legislativa, junto a decenas de organizaciones aliadas, un Proyecto de Ley de Radiodifusión Comunitaria que busca el reconocimiento de los actores comunitarios y el fortalecimiento del sector público como medio para garantizar la diversidad de voces que no son reconocidas en el ámbito privado-comercial, una ausencia de pluralidad que obstaculiza el fortalecimiento democrático del país.

En el caso costarricense, el desafío del gobierno de Luis Guillermo Solís es actualizar una ley de telecomunicaciones que data de 1954, incorporando a los sectores sociales hasta el momento excluidos, aunque sin afectar los intereses de los medios hegemónicos que ya acusan al ejecutivo de copiar los modelos socialistas de la región. El “Texto base de discusión para una nueva Ley de Radio” es la propuesta lanzada para su discusión desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT). Por su parte, el denominado Movimiento Ciudadano por el Derecho a la Comunicación elaboró el texto de la Ley Participativa de Radio y Televisión, que, a diferencia de la limitada propuesta oficial, contempla el reconocimiento del derecho a la comunicación a través del acceso a las frecuencias.

Las organizaciones que apuestan por democratizar la comunicación critican el texto del MICIT por no garantizar el interés público en el uso del espectro radioeléctrico y priorizar la libre competencia, en la que los medios comunitarios, populares y educativos no juegan en igualdad de condiciones.

La transición hacia nuevos escenarios mediáticos

Transcurridos ya varios años desde la entrada en vigor de las leyes de comunicación en distintos países de la región, la estructura de la tenencia de la propiedad de los medios no ha cambiado sustancialmente. El sector privado sigue acaparando entre el 80 y el 90 por ciento de las frecuencias disponibles en el espectro; los medios públicos no terminan de consolidar un modelo que garantice la independencia de los gobiernos de turno y el sector comunitario es concebido, en la mayoría de los casos, con una reducida visión que pasa por su identificación con lo meramente local, y sin planes de proyección a mayor escala.

No obstante, la definición de lo comunitario en las legislaciones ha permitido el reconocimiento de las radios que emitían en la ilegalidad, como en Venezuela, o con licencia comercial, como en el caso ecuatoriano. En Uruguay, 140 emisoras fueron legalizadas en los últimos dos años por un consejo independiente que garantizó el carácter comunitario de las 400 solicitudes recibidas.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, que establece el reparto porcentual y la ausencia de control de contenidos, es considerada como una de las mejores de la región. Sin embargo, la acusación de inconstitucional y el poder de los medios privados confirman que, en casos como el argentino, las leyes son necesarias, pero no suficientes. La denuncia de inconstitucionalidad presentada por el Grupo Clarín mantuvo la ley en los tribunales durante varios años, hasta que la Corte Suprema de Justicia de Argentina terminó resolviendo en 2013 la constitucionalidad del texto. En su sentencia, la corte defiende que la libertad de expresión y el interés público es contraria a la concentración de medios, de tal manera que se terminó priorizando el interés general al de la propiedad de las empresas[6].

En Ecuador, la batalla entre el presidente Rafael Correa y los medios comerciales sigue abierta. Estos últimos denuncian una supuesta indefensión ante los ataques públicos y personalizados que a menudo lanza el primer mandatario. El espectro radioeléctrico aún está lejos de alcanzar la asignación proporcional por tercios establecida en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) para cada uno de los sectores, más aún cuando, a dos años de la aprobación de la norma, prácticamente no se ha creado ningún nuevo medio comunitario.

En este momento, el debate en el ámbito de la comunicación se centra en la propuesta que se realiza desde el gobierno ecuatoriano de declarar la comunicación como servicio público, lo que deja en el aire numerosas preguntas sobre las implicaciones de este reconocimiento para el ejercicio de la profesión periodística y del derecho a la comunicación, recogido en la Constitución de 2008.

La transición hacia la televisión digital terrestre (TDT) marca un nuevo desafío para todos los países de la región que, a excepción de Colombia y México, optaron por unificarse en el sistema estándar ISDB-T, con tecnología digital brasileño-japonesa. El nuevo escenario en telecomunicaciones abre una vía para la tan buscada integración comunicacional del continente, que actualmente sólo cuenta con dos canales regionales: CNN en español, que emite desde Estados Unidos, y TeleSUR, que recientemente cumplió diez años de emisión.

Aunque no todos los países tienen fecha para el apagón analógico, el escenario mediático regional deberá hacer frente a los nuevos desafíos de un cambio tecnológico sin vuelta atrás. Entre ellos, que la apuesta por la democratización del sector y la inclusión de los actores excluidos no se vea desvirtuada con el cambio tecnológico.


Mari Cruz Tornay Márquez forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.

Artículo publicado en el nº67 de Pueblos – Revista de Información y Debate, cuarto trimestre de 2015.


NOTAS:

  1. Villegas, E. (2012): Abril, golpe adentro, Fundación para la Cultura y las Artes, Caracas.
  2. Sobre la vinculación del Grupo Clarín y otros poderosos conglomerados mediáticos argentinos con la Junta Militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, ver “Clarín y La Nación confesaron en 1977 su complicidad con la dictadura”, Tiempo Argentino, 23 de agosto de 2010. Ver en http://tiempo.infonews.com.
  3. Sobre el denominado Plan Cóndor Comunicacional, ver la entrevista en TeleSUR a Fernando Buen Abad: “En América latina hay bases militares y bases mediáticas”, 1 de junio de 2015. Disponible en www.telesurtv.net. Ver también la noticia “Plan Cóndor Comunicacional en América Latina, denuncia Buen Abad”, 02/06/2015, en www.granma.cu.
  4. Sobre la ley de reforma del sector de las telecomunicaciones impulsada por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, ver el artículo “Ley de medios a la mexicana”, en Página 12, 19 de marzo de 2013. Disponible en: www.pagina12.com.ar.
  5. Sobre las resistencias de las élites empresariales y profesionales del sector de la comunicación al citado proyecto de ley de control de medios promovida por el gobierno del FMLN presidido por Funes, ver “Ley de Medios Públicos crea ataduras a medios privados”, en Elsalvador.com, 30 de marzo de 2014.
  6. Sobre la relevancia de la pugna política entre el gobierno de Cristina Fernández y el Grupo Clarín como representante de la élite empresarial vinculada al sector de la comunicación en torno a la ley de democratización de medios, ver “La madre de todas las batallas es una nueva ley de radiodifusión”, en La Nación, 13 de abril de 2008. Ver en: www.lanacion.com.ar.

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