El conflicto territorial entre Venezuela y Guyana, estrategia de un nuevo proyecto imperial en la región

Cuando se comienza a hablar del Esequibo, a las personas nacidas en tierras venezolanas les vienen a la mente las múltiples líneas transversales que se marcan dentro de esa extensión en el mapa político, líneas trazadas en el imaginario colectivo y vinculadas al sentimiento de pertenencia de un territorio del que Venezuela fue despojada en 1899. Hoy, el Esequibo representa uno más de los múltiples conflictos que en América Latina entremezclan fronteras, acuerdos coloniales de épocas pasadas sin resolver e intereses de empresas multinacionales de diferentes partes del globo.

Através del Laudo Arbitral de París[1], y como consecuencia de las negociaciones realizadas entre los Estados Unidos de Norteamérica y el antiguo imperio Británico, a Venezuela se le sustrae una extensión territorial de 159.542 km2. En aquel entonces Venezuela no pudo participar en la discusión debido a que era considerada un país débil, a quien Gran Bretaña, como potencia, se negaba categóricamente a reconocer como contraparte en la disputa territorial. Es por esto que se incorporaron los Estados Unidos, para “defender” la posición venezolana de soberanía a través de la aplicación de la Doctrina Monroe.

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Paula Cabildo.

Muchos fueron los acontecimientos que antecedieron a este laudo y pocas fueron las acciones que pudo Venezuela realizar como país del Tercer Mundo después de este hecho. Durante ese período se encontraba inmerso en escenarios de guerras internas y conflictos que se sucedieron tras la conformación de la República en 1830. Años más tarde sería la inestabilidad política, económica y social la que marcaría la realidad del país durante todo el siglo XIX. En el siglo XX, las dictaduras y, posteriormente, los gobiernos democráticos, promovían políticas para reproducir el ideal moderno, mostrando una Venezuela con estabilidad política, un socio comercial petrolero confiable, y dando la bienvenida a las inversiones extranjeras para la explotación de los recursos naturales. Durante todos estos años, el elemento de reclamación fue desplazado por coyunturas nacionales y por la construcción de un modelo desarrollista.

Sólo fue posible llevar a cabo reclamaciones acerca del Territorio del Esequibo ante escenarios internacionales a partir de la década de los cincuenta. En 1949 se fija una posición acerca de la nulidad del Laudo Arbitral de París debido a la publicación post mortem del Memorándum de Severo Mallet-Prevost[2], quien fuera el abogado defensor norteamericano por la parte venezolana durante las negociaciones, en la que describe ciertos vicios suscitados en la disposición de los límites fronterizos.

Con la llegada a la presidencia de Hugo Chávez Frías, el discurso por la defensa del territorio cobra relativa importancia, en especial cuando se especifica en la Constitución de 1999 que “el territorio y demás espacios geográficos son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810”, e incorpora a ese reconocimiento “las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”, como en este caso es abiertamente expuesto ante instancias internacionales.

Por su parte, se reafirma el 6 de marzo de 2006 la adición de una estrella más a la bandera nacional para incorporar a la región de Guayana, recalcando la deuda histórica según lo establecido en el decreto de Simón Bolívar del 20 de noviembre de 1817[3] acerca de las ocho provincias[4] de la naciente Venezuela.

No obstante, el gobierno de Chávez no fue más allá de un marcado manejo discursivo y mediático, de modo que no llegó realmente a posicionarse firmemente en defensa de la soberanía de el Esequibo. Eso no se debió tanto, pienso, a indiferencia por la recuperación del territorio, como a la existencia de un interés mayor, el de fortalecer los procesos de integración regional basados en la solidaridad y reciprocidad, con el objetivo de construir una Unidad Suramericana. Es por esto que se establecieron las negociaciones con Guyana por medio del mecanismo de buenos oficiantes ante las Naciones Unidas.

En la actualidad son varios los agentes inmersos en estas cuestiones acerca del Territorio del Esequibo. Ya no son sólo los Estados parte quienes interactúan dentro del conflicto, sino que al mismo se han incorporado también terceros Estados y empresas transnacionales, entre las que destaca la estadounidense Exxon Mobil.

Por otro lado, el actual contexto nacional que atraviesa Venezuela por causa de la caída sostenida de los precios del petróleo pone en peligro su posición geopolítica como socio de los acuerdos energéticos de integración regional. Esto brinda, al mismo tiempo, una oportunidad única a los EEUU de ampliar su área de influencia en la región, influencia que se había visto mermada durante más de diez años por los esquemas regionales promovidos por los gobiernos progresistas.

Transnacionalización del Esequibo

Como resultado de las negociaciones que elevó Venezuela a las instancias internacionales se firma el Acuerdo de Ginebra en 1966[4], documento en el que Gran Bretaña aceptó negociar con Venezuela con el objetivo de buscar soluciones al alegato de que el Laudo Arbitral carecía de validez. Guyana nació poco después como República, sin soberanía sobre el espacio del Esequibo aunque con control administrativo sobre el mismo. Actualmente, dicho acuerdo se encuentra en vigencia, por lo que se podría considerar violatorio el hecho de que se le otorguen concesiones a empresas transnacionales en este territorio.

Desde hace más de doce años hay presencia de transnacionales en el Esequibo, debido a las importantes reservas probables de crudo, que oscilan entre los diez y veinte mil millones de barriles de petróleo, y a sus extensas áreas con oro, diamante, bauxita, uranio y coltán; así como a las fuentes de amatistas, cuarzos, jaspe, ágatas, talco, topacio y feldespatos. Compañías auríferas, forestales, petroleras y de explotación de uranio se han asentado en el área: la constructora Odebrecht, de Brasil; la compañía de exploración de oro Guyana Goldfield, de Canadá, y las petroleras China National Offshore Oil Company, Shell (Holanda), CGX (Canadá), y Anadarko y Exxon, de Estados Unidos, son sólo algunas de las empresas que mantienen  presencia en dicho territorio.

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Paula Cabildo.

El gobierno venezolano hubiera podido implementar en los últimos años políticas más firmes ante el reclamo soberano por la instalación de estas empresas transnacionales, pero, como se mencionaba en párrafos anteriores, la promoción de la integración suramericana primó sobre aspectos de la soberanía nacional.

También es cierto que en un primer momento Venezuela rechazó enérgicamente ciertas acciones emprendidas por la transnacional Exxon Mobil y por el gobierno de Guyana. En el año 1999, Venezuela protestó ante la concesión que recibió Exxon Mobil para explorar y explotar recursos petroleros del bloque Stabroek, paralizando las primeras incursiones de la transnacional. En los años siguientes, la empresa, ahora con perfil bajo, acompañó a un grupo de transnacionales a través de la corporación Canacol Energy Ltd con el propósito de realizar un estudio acerca del inventario de recursos petroleros en el Territorio del Esequibo.

Así mismo, vetó acciones emprendidas por el gobierno de Guyana. En 2012, este país se presenta ante la Comisión sobre Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas para extender su plataforma marítima en el marco de la zona en reclamación sin consultarlo con Venezuela, por lo que el gobierno venezolano solicitó al Secretario de las Naciones Unidas desestimar tales pretensiones. Otro incidente tuvo lugar en 2013 con la detención por parte de la Armada venezolana del buque de exploración petrolera Teknik Perdana, que realizaba labores científicas para el gobierno de Guyana en aguas venezolanas sin autorización, cuestión que reavivó el diferendo.

Efectivamente, hay que subrayar que el gobierno venezolano ha sido muy cauto cuando se trataba de empresas transnacionales con origen en el continente, como es el caso de Odebrecht, o en el de países alineados políticamente como China. Sin embargo, sí ha actuado cuando se ha tratado de empresas transnacionales estadounidenses. Ahora bien, llevar una política displicente y acomodaticia podría traer consigo graves daños a la soberanía nacional, ya que pareciera que se estuviera midiendo el grado de injerencia que puede tener una transnacional respecto a otra dentro del territorio, frenando la posibilidad de abrir espacios para la discusión del diferendo.

No obstante, ¿qué significa que una empresa transnacional como la Exxon Mobil tenga presencia en la zona?

Acciones de la transnacional Exxon Mobil

Exxon Mobil es reconocida por patrocinar guerras en todo el mundo. Es un gran instrumento de la geopolítica norteamericana. “Esta empresa ha sido la más piratesca y la más bandida de todas las trasnacionales desde 1910 hasta la actualidad, y ha participado en las acciones de desarrollo geopolítico que ha implantado Estados Unidos, como, por ejemplo, en la división en los países de Medio Oriente. La Exxon Mobil ha participado y participa en la política de seguridad energética de Estados Unidos”[6]. Bajo esta realidad podemos ver con gran recelo el interés de esta corporación dentro de la región, ya que es necesario recordar que esta empresa financia acciones militares en los países en los que invierte.

No podemos ver como casualidad que después de su infructuosa intervención en 1999 y de su estrategia de bajo perfil en 2009, el coordinador de Asuntos Energéticos Internacionales de Departamento de Estado, David Goldwyn, visitara Guyana a principios de 2010 para presentar un programa de asistencia técnica petrolera, que incluyó la participación de portavoces de la Exxon Mobil. Resulta más esclarecedor aún el hecho de que, tras este encuentro, el Departamento de Estado Norteamericano anunciara la inclusión de Guyana en el programa Iniciativa para la Gestión y Capacitación Energética, lo que significa que EEUU asume la defensa de los recursos energéticos en dicho país.

Esta trasnacional forma parte de la política estratégica de seguridad norteamericana, que establece claramente la protección y aseguramiento de los activos de EEUU a escala intercontinental. Una vez que se produce la inversión de recursos en determinados territorios, estos se enmarcan en los activos norteamericanos, por lo que no sólo entra en juego la soberanía nacional sino que se abren espacios para una nueva intervención norteamericana en la región.

Al mismo tiempo, es importante recordar y valorar el decreto firmado por Barack Obama en marzo de 2015, en el que declara a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”, por lo que cualquier acción en defensa destinada a la recuperación del territorio derivado de las continuas pretensiones por parte de Exxon Mobil podría ser visto como una amenaza a su seguridad, y emprender toda una estrategia militar.

Todos estos hechos hacen suponer que se están generando las condiciones objetivas para que EEUU reorganice sus intereses hegemónicos en la región a través de la ampliación de su influencia y control de los recursos naturales que en principio están disponibles a través de los acuerdos con países como Guyana.

Más EEUU en América Latina y Caribe

Actualmente, la caída sostenida de los precios internacionales del petróleo se torna como la principal consecuencia de que Venezuela se encuentre en un proceso de inestabilidad política, económica y social producto del imaginario rentista que prevalece en el país, para el que la venta del petrolero representa el 95 por ciento de su ingreso nacional. Esto es una debilidad para sostener acuerdos energéticos como Petrocaribe, generando incertidumbre para los países beneficiarios, que necesitan contar con un socio comercial seguro, así como para la influencia geopolítica que se venía manteniendo desde 2005.

Estos planteamientos fueron desarrollados en el discurso sobre el fortalecimiento del uso de energías renovables presentado en el marco de la Cumbre por la Seguridad Energética del Caribe, cumbre celebrada en mes de abril de 2015 como una nueva iniciativa del gobierno de Washington. Esta Cumbre contó con la participación de todos los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), evidenciándose un claro interés por recobrar la influencia norteamericana en la región caribeña.

Guyana no escapa a esta realidad. Con la llegada a la Presidencia de David Granger, en mayo de 2015, se han intensificado las tensiones debido a su negativa a reconocer el Acuerdo de Ginebra y a su posición de explotar de manera arbitraria los recursos del Esequibo. El nuevo gobierno ha rechazado en varias ocasiones la reactivación de la figura del buen oficiante de las Naciones Unidas y ha solicitado apoyo a los Estados Unidos y a la Commonwealth. Amenaza, de esta forma, con llevar el conflicto a la Corte Internacional de Justicia, desistiendo enfáticamente de participar en espacios regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Todas estas gestiones emprendidas por el presidente Granger perjudican de manera categórica el escenario regional, permitiendo la intervención de potencias extranjeras estatales y transnacionales.

Es necesario señalar, finalmente, cómo las potencias hegemónicas se encuentran en una cruzada global por alcanzar mayores niveles de crecimiento, buscando a través de la promoción de conflictos entre los países del continente implementar estrategias que les permitan contar con los recursos naturales para mantener sus producciones y sus capacidades, protegiendo sus modelos y niveles de bienestar.

Estas empresas no llegaron solas a la región: hay que reconocer que ha sido la complicidad de las élites políticas con el capital trasnacional lo que ha permitido su entrada. En lo que respecta a Guyana se evidencia que el Esequibo se entiende como una estrategia para revertir los esfuerzos integracionistas que ha podido llevar a cabo Venezuela. En cuanto a este país, ha sido la falta de determinación de sus gobiernos lo que ha debilitado las posibilidades de reivindicar sus derechos soberanos.


Ursula Czwienczek es licenciada en Estudios Internacionales, miembro de la Fundación Antonio Gramsci (www.fundaciongramsci.com) y colaboradora de Pueblos – Revista de Información y Debate.

Artículo publicado en el nº67 de Pueblos – Revista de Información y Debate, cuarto trimestre de 2015.


NOTAS:

  1. Laudo dictado en París el 3 de octubre de 1899 por el Tribunal de Arbitramento que determina la línea de demarcación entre los Estados Unidos de Venezuela y la Guayana Británica. Ver: http://esequibo.mppre.gob.ve.
  2. Ver texto completo del Memorándum en: http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SIC1981439_425.pdf.
  3. Documento 2409. Decreto del Libertador Simón Bolívar en fecha 20 de Noviembre de 1817. Ver: http://www.archivodellibertador.
    gob.ve.
  4. Antiguas Provincias de Venezuela: Caracas, Cumaná, Barcelona, Barinas, Guayana, Margarita, Mérida y Trujillo.
  5. Texto oficial del Acuerdo de Ginebra. Ver: http://esequibo.mppre.gob.ve.
  6. Señalamiento de Mendoza Potellá, economista venezolano. Ver artículo de César Eulogio Prieto Oberto “Pedagogía
    en política petrolera. ExxonMobil, el Esequibo y Venezuela (I)”, publicado en www.aporrea.org el 17/07/2015.


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