Encarcelamiento femenino: el mal ejemplo brasileño

Visitar cárceles de mujeres es ser testigo de la crueldad del sistema penal y de su capacidad de actuar del modo más brutal posible. Es un sistema que tiene el poder de quitar mucho más que la libertad; que reduce a las personas a los episodios aislados que la justicia consideró en un momento dado que eran crímenes y que, a partir de ahí, pasa a tratarlas como si no tuviesen más derechos: convierte vidas en números sin acceso a las condiciones mínimas de existencia garantizadas por la legislación y las pone a sobrevivir en ambientes extremadamente insalubres, incluso para los animales. No es posible sentir el olor ácido de las cárceles, escuchar historias de violencia y sufrimiento extremo, y no unirse a la lucha por una transformación profunda de este escenario. Este artículo quiere ser una invitación a que más personas entiendan la realidad de las mujeres presas y se sumen al combate contra el encarcelamiento femenino.

Estar presa es, en sí, una violación de derechos humanos, y más en un país como Brasil, en el que las condiciones de las cárceles son especialmente duras. El hacinamiento es la regla; hay mucha violencia, malos tratos y tortura; problemas de alimentación, ventilación y saneamiento, así como carencia de servicios de salud y acceso a la justicia.

En el caso de las personas extranjeras se agravan las discriminaciones y las diferencias en cuanto a idioma crean nuevas barreras, como las limitaciones en, por ejemplo, el ejercicio del derecho a la defensa.

Las mujeres encarceladas representan aproximadamente el siete por ciento del total de población presa (en números absolutos, hablamos de cerca de 40.000 mujeres). A pesar de que aparentemente resulta más sencillo diseñar y poner en marcha políticas públicas para una población menor, las pocas que se aplican al sistema de prisiones no contemplan en modo alguno una perspectiva de género. Los centros penitenciarios fueron construidos en su inmensa mayoría para albergar hombres y después se “adaptaron” para las mujeres, lo que viene a significar cambiar el nombre del centro y algún detalle más.

Fotografías de Elza Fiuza (Agência Brasil).

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Fotografías de Elza Fiuza (Agência Brasil).

Algunos números

Sorprende el dato de que existe una cantidad menor de centros penitenciarios femeninos que de centros mixtos, que albergan hombres y mujeres. La diferencia es grande: del siete al diecisiete por ciento[1].

Apenas el diecisiete por ciento de las mujeres tiene acceso a la educación. Esto no sucede por falta de demanda, porque el 45 por ciento ni siquiera completó la enseñanza básica. En términos laborales la realidad es también desalentadora: tan sólo el 29 por ciento de estas mujeres tiene empleo[2].

El acceso a la salud puede calificarse de inexistente: apenas el 52 por ciento de los centros femeninos dispone de estructura para atención médica[3], y en situación y calidad inadecuadas. Hay 37 ginecólogos y ginecólogas para todo el sistema penitenciario, es decir, que cada profesional se debe ocupar de 1.081 presas (dispersas en 26 estados).

Maternidad entre rejas

La cuestión de la maternidad es central en los debates sobre las mujeres encarceladas. Según la legislación, el plazo mínimo que el bebé debe permanecer con la madre para asegurar la lactancia materna es de seis meses. Sin embargo, este plazo mínimo se ha convertido en la realidad en el plazo máximo. A los seis meses, el bebé es separado totalmente de la madre, sin seguir ningún tipo de proceso gradual para evitar traumas.

Más allá de la maternidad en el período de encarcelamiento, la cuestión de la convivencia familiar es fundamental. El encarcelamiento (en general, pero con mayor énfasis el femenino) impacta sobre toda la comunidad familiar. El Ministerio de Justicia de Brasil ha intentado recopilar datos acerca de la cantidad de hijos e hijas de las personas presas y ha tenido grandes dificultades para realizar estos informes, cuestión que de por sí resulta muy reveladora. Consiguió obtener la información de apenas el 3,34 por ciento[4] de las personas presas del país, lo que deja en evidencia que la convivencia familiar y el apoyo para el mantenimiento de los vínculos no es una prioridad para el poder público.

La ceguera o, mejor, la falta de voluntad política es tan alta que los equipos no están adaptados para las necesidades a las que deberían destinarse. Un ejemplo es que se puede encontrar, en el centro de un patio de cemento, un tobogán de plástico diseñado para niños y niñas de tres años, en una unidad en la que los bebés permanecen con sus madres, en la práctica, apenas hasta los seis meses de edad.

Registros corporales e inspecciones vejatorias

Un ejemplo de esto es la imposición de registros corporales e inspecciones vejatorias a las y los familiares de los presos los días de visita, un procedimiento inhumano que incluye dejar a estas personas completamente desnudas, posicionamiento en cuclillas e inspección de los órganos genitales por parte del funcionariado público.

Como resulta fácil de imaginar, este procedimiento abusivo provoca importantes daños o la ruptura de vínculos familiares, puesto que muchas personas dejan de realizar las visitas para no tener que someterse al mismo. Del mismo modo, es habitual que muchos presos y presas pidan a sus familiares que dejen de visitarlos para evitar que pasen por estas humillaciones “por causa suya”.

Este tipo de inspección está considerado maltrato por la ONU y, dependiendo de las circunstancias, incluso tortura. Pese a esto, a estar expresamente prohibida en muchos países y a que Argentina haya sido condenada en 1996 por este motivo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, en Brasil continúa realizándose de modo generalizado y sistemático.

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Fotografías de Gláucio Dettmar (Agência CNJ).

Fotografías de Gláucio Dettmar (Agência CNJ).

São Paulo, el estado que concentra mayor población encarcelada en Brasil, prohibió en 2014 esta práctica, aunque todavía no ha implementado la ley. Esta decisión se tomó después de la importante movilización que llevaron a cabo distintos actores sociales, movilización que tuvo como punto álgido de presión la difusión de una campaña por el fin de los registros corporales y las inspecciones vejatorias[5]. La campaña, más allá de exponer la brutalidad de este procedimiento por medio de audios y vídeos grabados por actrices y actores (algunos muy conocidos en Brasil), presentó numerosos datos y expuso la realidad de ciudades y estados que ya habían aplicado prohibiciones totales o parciales de los registros corporales e inspecciones vejatorias, ciudades y estados en los que no se habían incrementado los casos relacionados con la seguridad de sus cárceles[6]. Goiás aplica el registro “humanizado”, que prohíbe la desnudez, por ejemplo, mientras que el municipio de Joinville, en Santa Catarina, ha instalado escáneres corporales.

La campaña se basó en datos estudiados y presentados por la sociedad civil que revelaron que, de cada diez mil personas registradas de este modo, apenas tres llevaban algún objeto que estuviese prohibido, y no se encontró ningún arma. Sin embargo, dentro de las unidades se encontraron cuatro veces más objetos prohibidos. Este dato demuestra la desproporción del procedimiento y no deja lugar a dudas en cuanto a la verdadera razón del mismo: ésta no es la seguridad de los presidios, sino la imposición de sufrimiento a las y los familiares de las personas presas y la ruptura de los vínculos familiares.

Víctimas directas de la “guerra contra las drogas”

En Brasil, el cruce entre una política contra las drogas basada en la represión penal con las desigualdades de género ha dado lugar a un grave problema: el crecimiento, en tasas alarmantes, del número de mujeres presas. Es un hecho que la situación general del sistema penitenciario es preocupante: hay más de 600 mil personas presas, habiéndose incrementado este número en un 575 por ciento desde 1990 a 2014, según datos del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, este crecimiento no se ha ido distribuyendo de manera igualitaria entre hombres y mujeres, y la razón de esto reside en cómo se castigan los delitos relacionados con las drogas. En este sentido, es interesante prestar atención a dos cuestiones.

Mientras que entre los años 2000 y 2012 el aumento del encarcelamiento femenino fue del 246 por ciento, la tasa para los varones no subió del 130 por ciento. ¿Con qué frecuencia fueron durante este período los delitos vinculados a las drogas la causa del encarcelamiento? Según los datos de 2014, en el caso de los hombres existía este vínculo en el 25 por ciento de los casos, cifra que en el caso de las mujeres[7] alcanzaba el 63 por ciento.

El incremento del encarcelamiento femenino y la alta representatividad de los delitos asociados a la represión por los motivos a los que estamos haciendo referencia no son una particularidad brasileña, sino un reflejo local de un régimen jurídico internacional que ha defendido y defiende la absoluta prohibición de uso, producción y comercio de drogas. Por esto, el gran aumento de la cifra de mujeres presa puede comprobarse en países tan diferentes entre sí como Australia, México, Bolivia, Colombia, Kenia, Nueva Zelanda, Chipre, Estonia, Finlandia, Holanda o Grecia.

La recurrencia de los delitos relacionados con las drogas en la población presa femenina sigue la misma tendencia: entre 2003 y 2004, esos crímenes representaban en El Salvador el 46 por ciento de los casos; en Nicaragua, el 86; en Costa Rica, el 64 por ciento, y en Venezuela, el 70 por ciento[8] .

Pequeño mercado y necesidades básicas

Esta mayor recurrencia de los delitos relacionados con las drogas no significa que las mujeres tengan una implicación mayor de la de los varones en el comercio y consumo de drogas, sino que el endurecimiento de la legislación acerca del mercado de las drogas tiene como principal blanco a las personas que desempeñan funciones de poca relevancia y baja remuneración en el mismo. El combate contra el tráfico de drogas se ha diseñado según la actuación de la policía en las calles, que enfoca su represión en los barrios considerados “peligrosos” y sobre personas no blancas, pobres y jóvenes, sin acceso a los niveles económicos más altos y control de los grupos criminales.

El perfil de la mayoría de las mujeres presas en América Latina refuerza el enfoque selectivo de la represión criminal: ellas tienen en común, en general, la ausencia de antecedentes, la condición de cabezas de familia en hogares monoparentales, una baja escolaridad formal, la dificultad de acceso a empleos formales y el hecho de ocupar posiciones subalternas y mal pagadas en la estructura del tráfico de drogas.

Fotografía de Glácio Dettmar (Agência CNJ).

Fotografía de Glácio Dettmar (Agência CNJ).

Muchas de estas mujeres se implican en el mercado de drogas al por menor como estrategia para complementar los ingresos que necesitan y que no pueden obtener de otro modo por causa de su imposibilidad para acceder a la economía formal. Al hablar con mujeres presas es habitual escucharles contar que los ingresos que buscaban en el comercio de drogas tenían como objetivo el pago de tratamientos médicos para hijos u otros familiares a su cargo.

Se sabe que existen mujeres en puestos altos en el tráfico de drogas, pero son una excepción. Ese universo es extremadamente machista y acostumbra a tratar a las mujeres como objetos y relegarlas a posiciones de poca relevancia. Un ejemplo de esto es la actuación de las “mulas”, personas que transportan a nivel nacional o internacional cantidades pequeñas de drogas dentro de objetos personales como mochilas o maletas, e incluso el propio cuerpo.

Pero estas personas son fácilmente sustituibles, algo que se comprueba por el hecho de que muchas de ellas son reclutadas exactamente para ser apresadas durante el transporte, desviando de este modo la atención de la policía de mayores alijos de drogas. La dinámica es simple: determinados miembros de la propia organización ponen sobre aviso a la policía de manera anónima para que la “mula” que lleva una pequeña cantidad de droga sea detenida antes incluso del checkin. Al mismo tiempo, otras personas completan sus viajes con cantidades mayores de droga y consiguen salir del país en el que ya ha quedado detenida la otra “mula”.

El tema de las “mulas” y del tráfico internacional pone de manifiesto otro de los motivos por los cuales el encarcelamiento de mujeres en Brasil por cuestiones vinculadas con las drogas es un tema global. Retrata un escenario diseminado a nivel internacional, pero también apunta a una de las causas de permanencia de extranjeras en el territorio brasileño: la prisión de las “mulas”. En São Paulo, una de las principales ciudades del país, hay mujeres de más de 50 países encarceladas por este motivo. Bolivia, Sudáfrica y Perú son los países de origen más frecuente. España es el Estado europeo con más mujeres encarceladas en São Paulo por ello, por delante de Nigeria y Mozambique, y entre los diez países más representados en las cárceles de mujeres.

Pasos necesarios para otra política antidrogas

No será posible hacer frente al encarcelamiento femenino y a todas sus inhumanas consecuencias sin modificar profundamente la política antidrogas, política que está viviendo momentos muy tensos a nivel global. Son innumerables las personas que son ya conscientes del fracaso de la actual guerra contra las drogas, que ha producido incontables víctimas y ninguna conquista. Se ha asumido ya de manera bastante generalizada que la criminalización de las personas empleadas en pequeñas actividades de tráfico es una opción marcada por una clara discriminación de género, pues son esos los trabajos que permiten que muchas mujeres cumplan con sus expectativas sociales de cuidado de los menores y mantenimiento de los hogares.

La constatación de estos hechos es el primer paso para cambiar los principios centrales de esta política. Algunos países tienen dado ya pasos concretos para modificar estas normas, aplicando mecanismos como indultos o perdones judiciales a personas condenadas por tráfico de drogas, y promoviendo reformas en las leyes penales. Es el caso de EEUU, principal responsable de esta política bélica, donde, hasta el momento, catorce estados han despenalizado la marihuana y cuatro la han legalizado (Washington, Colorado, Oregón y California).

Se abre, en estos momentos, una gran oportunidad a nivel mundial. En 2016, la Asamblea General de la ONU iniciará un ciclo de reuniones para debatir y, llegado el caso, revertir la política internacional hegemónica sobre drogas. Antes, el Consejo de Derechos Humanos debatirá el asunto en un panel de expertos y expertas. Por todo esto, creemos que ha llegado el momento de que se reconozca abiertamente que la política belicista contra las drogas ha tenido mucho éxito, sí, pero en generar más violencia y en arruinar la vida de miles de personas, en especial, de mujeres que han sufrido la dureza de las garras penales de este sistema. Es tiempo de cambiar la realidad para salvar vidas.


Raquel da Cruz Lima tiene una maestría en Derecho Internacional por la Universidade de São Paulo y es coordinadora del Programa Justicia Sin Muros del Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC, http://ittc.org.br). Vivian Calderoni tiene una maestría en Derecho Penal y Criminología por la Universidade de São Paulo y es abogada del programa de justicia de la ONG Conectas Direitos Humanos. www.conectas.org.

Traducido por Andrea Gago Menor.

Artículo publicado en el nº67 de Pueblos – Revista de Información y Debate, cuarto trimestre de 2015.


NOTAS:

1. Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. InfoPen, junio de 2014. Ver en: www.justica.gov.br.
2. Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. InfoPen, junio de 2013. Ver estadísticas sobre educación y empleo en: www.justica.gov.br.
3. Los datos sobre salud han sido tomados del InfoPen de junio de 2014. Disponible en la web del Ministério da Justiça,  www.justica.gov.br.
4. Datos tomados del InfoPen de 2014.
5. Ver campaña por el fin de los registros corporales y las inspecciones vejatorias en www.fimdarevistavexatoria.org.br.
6. Más información en el artículo: “Revista vexatória é proibida em São Paulo. Governador sanciona lei que impede humilhação de familiares em presídios”, 13/08/2014, www.conectas.org.
7. InfoPen de 2014.
8. Giacomello, Corina (2014): “Mujeres, drogas y cárceles en Latinoamérica”, en Revista Análisis de la Realidad Nacional, año 3, edicion 42.


 

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