Compromiso político y enfoque sistémico preventivo como condiciones para hacer frente a la tortura en América Latina

En Honduras, en el año 2012, más de 360 personas murieron víctimas de un incendio en el penal de Comayagua[1]. En Panamá transcurre ahora el juicio de doce funcionarios imputados por la muerte de cinco adolescentes en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen en 2011, muertes al parecer causadas por un incendio provocado por policías que lanzaron bombas lacrimógenas al interior de unas celdas cerradas con llave y ocupadas. En Brasil, la guerra entre bandas rivales en la cárcel de Pedrinhas (Maranhão), provocó el asesinato de 62 reclusos dentro del penal en un año. Este caso se difundió por todo el mundo cuando circuló en los medios un vídeo que enseñaba la decapitación de internos por bandas rivales. Todos estos ejemplos son trágicos y brutales casos de violaciones a la integridad y dignidad de personas que se encuentran bajo la custodia de un Estado, casos que demuestran que la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes son prácticas recurrentes y constantes en América Latina.
Fotografía de André Gomez de Mel.

Fotografía de André Gomez de Mel.

En lo que concierne a la actuación de la policía y a la investigación de delitos, el uso de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes persiste como práctica sistemática y endémica en el continente. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[2] señala cómo “ha observado a través de los años y hasta el presente que la mayoría de los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra las personas en custodia del Estado ocurren durante el arresto y las primeras horas o días de la detención; en la gran mayoría de los casos se trata de actos de tortura con fines de investigación criminal”.

La región ya no puede seguir cerrando los ojos e ignorando estas graves violaciones recurrentes de derechos humanos practicadas cotidianamente por agentes públicos en contra de personas que se encuentran bajo la custodia del Estado[3]. La situación requiere atención inmediata y comprometida por parte no sólo de las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sino también de la opinión pública, quien debe reclamar el respeto a los derechos humanos y la protección integral de la dignidad de todos sus ciudadanos y ciudadanas.

La recurrencia amplia del problema demuestra que no se trata de actos aislados, circunscritos a un país o subregión del continente, o de prácticas aisladas de uno u otro funcionario “que transgrede las normas”. La persistencia de la tortura es resultado de causas estructurales de un sistema que propicia y crea las condiciones para que dicha violencia ocurra, y que incluso muchas veces incentiva o alimenta mediante falsos (y peligrosos) pretextos de “lucha contra el crimen” y “seguridad pública”.

Es imprescindible que se emprenda un abordaje holístico del fenómeno, un análisis de los factores que facilitan o crean las condiciones para la existencia de casos como los ejemplos de los párrafos anteriores. Para inhibir de manera efectiva la práctica de la tortura y de los malos tratos es necesario centrarse en la prevención y contemplar acciones amplias que combinen medidas legislativas, administrativas, judiciales y educacionales.

Algunos pasos hacia la solución

Pese a la situación general, en América Latina se pueden observar también algunas buenas prácticas dirigidas a inhibir la práctica de tortura y a prevenir futuros casos de tratos crueles inhumanos y degradantes.

La impunidad y la falta de sanción de los agentes de Estado que cometen delitos de tortura sigue siendo uno de los mayores desafíos a los que hacer frente. Son varios los países en los que el número de denuncias y quejas es extremadamente alto, donde se encuentran pocos casos efectivamente judicializados y un número ínfimo de condenas. En Argentina, un fallo histórico reciente provee algún aliento para la justicia en casos de violencia institucional. En junio pasado se produjo la primera condena en la historia del país de penitenciarios federales por actos de tortura. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a tres agentes por dar una brutal paliza, de más de cuatro horas, a un interno del Complejo Penitenciario Federal para Jóvenes Adultos[4]. Por supuesto, este soplo de aliento en la lucha contra la impunidad es muy poco si tenemos en cuenta que entre 2013 y 2014 la Procuración Penitenciaria de la Nación investigó y documentó aproximadamente 1.500 quejas y denuncias de tortura y malos tratos sobre agresiones físicas en los establecimientos penales federales[5].

Espírito Santo, Brasil. Fotografía de Luiz Silveira (Agência CNJ).

Espírito Santo, Brasil. Fotografía de Luiz Silveira (Agência CNJ).

Los vehículos de traslado suelen ser espacios de gran riesgo y en los que se dan casos de tortura y malos tratos[6]. En este sentido, en Chile se pusieron en marcha en 2012 algunas medidas encaminadas a superar su opacidad y aumentar el control del trato de la policía. La primera pauta se dio con la instalación de cámaras de vigilancia en los buses, carros y furgones policiales con el objetivo de conocer en tiempo real lo que ocurre dentro de estos vehículos y producir grabaciones que puedan servir más tarde como evidencia[7]. Además, el Instituto Nacional de Derechos Humanos inició ese mismo año una labor de inspección de esos espacios, ingresando a los buses policiales que trasladan a personas detenidas, para inspeccionar el trato que se atribuye a las personas privadas de libertad durante los traslados y verificar que se respeten sus derechos humanos[8].

Una de las maneras más eficientes para desalentar la práctica de torturas como medio de investigación criminal es que las y los jueces adopten una postura rígida en cuanto a la aceptación de confesiones como medio de prueba en juicios criminales, que “rechacen las confesiones cuando existan motivos razonables para creer que se han obtenido mediante tortura o malos tratos”[9]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México emitió un fallo paradigmático en este campo al rechazar una confesión obtenida bajo tortura[10] como prueba. La Corte ordenó la puesta en libertad de Alfonso Martín del Campo Dodd, tras 23 años en prisión, reconociendo que su condena se había basado en su confesión obtenida bajo tortura.

Un importante desarrollo que se observa en la región es el número significativo de los países que han decidido adherirse al Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2002. Hasta la fecha, son catorce los países del continente americano que han ratificado este tratado internacional y que se han comprometido a crear mecanismos independientes nacionales de prevención de la tortura con el mandato de llevar a cabo un sistema de visitas de monitoreo a todos los lugares de privación de libertad[11]. Son diez los países que por el momento han puesto en marcha dichos órganos, ya sea a nivel nacional o local: Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.

Estos mecanismos, conformados por expertos y expertas independientes, desarrollan una labor importante de diagnóstico y documentación de las condiciones de detención. Además, proponen medidas encaminadas a mejorar las condiciones de detención y fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Sus inspecciones a los centros de detención cumplen una serie de funciones y generan un importante impacto preventivo. El simple hecho de que un agente externo entre regularmente al lugar de detención, en sí mismo, contribuye a la protección de las personas que se encuentran detenidas en dicho lugar, porque inhibe la práctica de abusos y posibilita el reaccionar de forma inmediata a los problemas que afectan a los y las internos. Sin embargo, es motivo de preocupación que tres de los países de la región que ratificaron este instrumento internacional todavía sigan sin poner en marcha sus mecanismos de prevención (Chile, Perú y Panamá[12]) y que otros países no hayan suscrito este tratado.

Brasil. Fotografía de Luiz Silveira (Agência CNJ).

Brasil. Fotografía de Luiz Silveira (Agência CNJ).

Encarcelamiento femenino

No se puede dejar de tener en cuenta la problemática específica de las mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo en el contexto actual, caracterizado por un aumento exponencial del número de mujeres bajo custodia del Estado. Las políticas de mano dura y represión en la lucha contra las drogas generan un encarcelamiento masivo de mujeres, generalmente por delitos relacionados con el microtráfico.

Entre 2005 y 2012 se registró en Brasil un aumento del 146 por ciento de población femenina encarcelada, mientras que la población masculina creció un 70 por ciento en este mismo período. En Panamá, de 2010 a 2014, hubo un incremento del 30 por ciento de la población femenina encarcelada. En Uruguay, la cantidad de presas aumentó un 85 por ciento en seis años, frente al 43 por ciento de incremento en el caso de los varones[13]. Las mujeres están cada vez más expuestas a la tortura en las manos de la policía y se encuentran sometidas al hacinamiento y al deterioro de sus condiciones de reclusión.

En el ámbito internacional ya ha habido un reconocimiento del deber de atender a las necesidades y especificidades de las mujeres recluidas como grupo en situación de vulnerabilidad. En el 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó las Reglas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), que, además de estar encaminadas a mejorar la situación de las reclusas, sus hijos y sus colectividades, alienta a los Estados a aplicar medidas sustitutivas al encarcelamiento y dar prioridad a la financiación de esos sistemas[14].

Haciendo uso de la aplicación de dicho estándar, la Corte Suprema de Justicia de Brasil, en reciente fallo, concedió el hábeas corpus[15] a una mujer embarazada que se encontraba recluida en condiciones inadecuadas a su condición física y de salud, convirtiendo la prisión preventiva en arresto domiciliario. El ministro de la Corte fundamenta su decisión en las Reglas de Bangkok señalando[16] que estas normas obligan a “elaborar medidas opcionales y alternativas a la prisión preventiva y la condena, concebidas específicamente para las mujeres delincuentes, teniendo presente el historial de victimización de muchas de ellas y sus responsabilidades de cuidado de otras personas.”

En Costa Rica se ha dado una valiosa experiencia en materia de justicia criminal con enfoque de género. En el 2013 se promulgó la Ley 9161, impulsada por la Defensoría Pública y la Legislatura, con miras a brindar una alternativa a las penas desproporcionadas establecidas en la legislación (penas de ocho a veinte años de prisión a las mujeres arrestadas por introducir drogas a los centros penales, independientemente de la cantidad de droga y de sus circunstancias personales, que representan el 22 por ciento de las mujeres privadas de libertad en el país). Justificada en razones humanitarias y de justicia social de género, la nueva ley establece que si se da uno de cuatro supuestos (que la imputada sea jefa de hogar, adulta mayor, que viva en condición de pobreza o que tenga bajo su cargo niños o niñas, adultas mayores o personas con cualquier tipo de discapacidad), la mujer recluida por este crimen será puesta en libertad de manera inmediata y le será impuesta otra pena alternativa a la reclusión, como el trabajo comunitario en instituciones de interés público[17].

De la iniciativa aislada al compromiso

Los ejemplos indicados son todavía iniciativas aisladas e incipientes, pero pretenden mostrar algunas buenas prácticas que se vienen llevando a cabo en algunos países latinoamericanos para incidir sobre las condiciones que propician la tortura. Se hace urgente identificar los factores de riesgo y posicionarlos como componentes de política públicas para poder incidir sobre los mismos, reconociendo los delitos de tortura y malos tratos como parte de todo un andamiaje estructural y sistémico que propicia que dichas violaciones sigan persistiendo en nuestro continente. Solamente la implementación de una política holística e integral, apoyada por un reclamo social y un fuerte compromiso político acompañado de la inversión de recursos adecuados podrá erradicar esta práctica.


Sylvia Dias es abogada y tiene una Maestría en Derecho Internacional. Durante los últimos diez años  ha estado trabajando con organizaciones de derechos humanos. De 2011 a junio de 2015 desempeñó el cargo de directora de la Oficina de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) para América Latina en Panamá. Actualmente trabaja como delegada de la APT en Brasil.

Artículo publicado en el nº67 de Pueblos – Revista de Información y Debate, cuarto trimestre de 2015.


NOTAS:

1. En la web www.rtve.es se puede ver el vídeo de la noticia “Tragedia en Honduras tras la muerte de al menos 355 personas en un incendio en una cárcel”, 15 de febrero de 2012.
2. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 64, 31 diciembre 2011.
3. Destaca, en Brasil, un caso de desaparición forzada en 2013 que generó repercusión mediática internacional. Un pedrero, residente de la favela de la Rocinha, una de las mayores de Rio de Janeiro, fue visto por última vez siendo llevado por policías y desde entonces se encuentra desaparecido. Las investigaciones preliminares concluyeron que él habría sido sometido a una sesión de tortura con el objetivo de obtener informaciones sobre la localización de armas de traficantes de la favela en la que vivía, siendo víctima de choques eléctricos y asfixiado con una bolsa plástica. En Argentina salieron a la luz en 2012 brutales actos de tortura y violencia policial en las comisarías de Salta que causaron conmoción en el país. Vídeos divulgados en internet muestran a agentes de seguridad que someten a jóvenes privados de libertad a lo que se conoce como “submarino seco” (una bolsa de nylon en la cabeza) y a palizas salvajes para castigarlos y obtener confesiones u otra información relacionada con una supuesta comisión de delitos.
4. Sobre el caso Brian Nuñez se pueden consultar los siguientes artículos: “Se hizo justicia y para mi hijo salió el sol” (18 de junio de 2015, www.notas.org.ar; y “Caso Brian Nuñez: Primera condena a penitenciarios federales por actos de tortura” (16 de junio de 2015, www.ppn.gov.ar).
5. Procuración Penitenciaria de la Nación, www.ppn.gov.ar.
6. Ver nota 2.
7. Ver noticia “Carabineros implementan cámaras de vigilancia al interior de vehículos policiales”, del 4 de agosto de 2012, en www.cooperativa.cl.
8 Más información en la noticia “Contraloría autoriza a Instituto de DDHH a abordar buses policiales para conocer estado de detenidos”, 25 de septiembre de 2012, www.biobiochile.cl.
9. Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, informe sobre la visita al Brasil, CAT/OP/BRA/1, 5 de julio de 2012. Disponible en www.tbinternet.ohchr.org.
10. Ver noticia “#AlfonsoLibre: Caso Martín del Campo Dodd, esperanza para las víctimas de tortura y muestra de la lentitud del sistema de justicia en México”, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), 24 de marzo de 2015, www.cmdpdh.org.
11. Artículo 19.
12. El último país que ratificó este tratafdo fue Panamá, en 2011.
13. Al respecto, en www.elobservador.com.uy se puede consultar la noticia “La población reclusa femenina aumentó 583 por ciento en una década”, 6 de enero de 2013.
14. Reglas de Bangkok, A/RES/65/229, 16 de marzo de 2011.
15. “Derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe alzarse o mantenerse”. (RAE).
16. Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus 126107 / DF – Distrito Federal, 08 de enero de 2015. Disponible en www.stf.jus.br.
17. Vídeo Un sueño llamado libertad, Canal Judicial Costa Rica. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=_TOXRCXLlxI.


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