Encarcelamiento masivo. Cuando la excepción es la regla

Por primera vez en quince años, Brasil recibió en agosto al relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En un viaje de doce días, el abogado argentino Juan Méndez, él mismo víctima de la tortura en su país durante la dictadura militar, pasó por cárceles, centros de detención provisional e instituciones para adolescentes en conflicto con la ley en cuatro estados, además del Distrito Federal. Sus conclusiones y recomendaciones, al final de la visita, eran de la más variada naturaleza, pero una llamó especial atención, sobre todo por parecer no formar parte, en un primer momento, del mandato principal de la relatoría de tortura: la superpoblación de esos espacios de privación de libertad.
Fotografía de Luiz Silveirea (Agência CNJ).
Fotografía de Luiz Silveira (Agência CNJ).

Según Méndez, el número creciente de personas detrás de las rejas amplía el alcance y la gravedad de todas las demás violaciones verificadas por su delegación. Es decir, sólo el hecho de utilizar la prisión como primera y no como última medida ya representaría, por sí mismo, una violación de derechos humanos.

“Muchas de las instalaciones visitadas están seriamente superpobladas, en algunos casos, casi tres veces por encima de su capacidad”, dijo el relator. “Eso lleva a condiciones caóticas dentro de las instalaciones, con gran impacto para las condiciones de vida de las personas detenidas y su acceso a la asistencia jurídica, cuidados de salud, apoyo psicosocial, oportunidades laborales y de estudio, así como al sol, al aire fresco y a la recreación.”

Lo que se puede concluir de esa posición, que no es sólo de la ONU sino de gran parte de la sociedad civil brasileña y latinoamericana que trabaja con el tema, es que mientras la región no revise urgentemente sus políticas de encarcelamiento masivo, será en vano cualquier esfuerzo por mejorar las condiciones de detención y acabar, definitivamente, con la tragedia humana que se vive a diario en esas “mazmorras medievales”, como las calificó el actual ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo.

 Fotografía de Gláucio Dettmar (Agência CNJ).

Fotografía de Gláucio Dettmar (Agência CNJ).

La evaluación de Méndez, combinada con años de denuncias por parte de las organizaciones no gubernamentales, hace sonar la alarma sobre el futuro de la justicia criminal en la región. No es una situación novedosa, pues el escenario de violaciones y abusos es conocido desde hace mucho.

Guerra contra las drogas, pobreza y privatización

La diferencia, y aquí reside la importancia de los artículos reunidos en este dossier de Pueblos, es la combinación de esa estructura y ese sistema, violadores en su origen, con una ampliación de la llamada “guerra contra las drogas”, uno de los más eficientes instrumentos de criminalización de la pobreza en Latinoamérica, especialmente en contra de las mujeres y la juventud negra, y la configuración de un nuevo y potencial mercado de cárceles y población reclusa, basado en la privatización total o parcial de los sistemas penitenciarios nacionales.

Esos dos elementos relativamente nuevos apuntan en esa dirección: al crecimiento geométrico de las poblaciones carcelarias nacionales, frente a una tendencia mundial hacia la reducción, o bien la estabilización de las tasas de encarcelamiento (número de presos y presas por cada cien mil personas).

Aunque sean incapaces de traducir el gravísimo impacto social, económico y, sobre todo humano, de ese nuevo escenario, los números ayudan a su comprensión: según datos del International Centre for Prison Studies del King’s College, en Reino Unido, desde el año 2000 la tasa de encarcelamiento de países como El Salvador, Paraguay y Venezuela creció, respectivamente, 240, 163 y 206 por ciento. La tasa de Cuba, de 510 presos por cada cien mil habitantes, es la sexta más grande del mundo. En países como Perú y Brasil, el número absoluto de presos y presas creció más del 160 por ciento en el mismo período. En Colombia, el aumento fue del 134 por ciento. En El Salvador y Venezuela, por encima del 285 por ciento.

Cárcel de Urso Branco, Brasil. Fotografía de Gláucio Dettmar (Agência CNJ).
Cárcel de Urso Branco, Brasil. Fotografía de Gláucio Dettmar (Agência CNJ).

En estos depósitos de gente, el listado de ausencias es largo. Partiendo de un análisis general, falta asistencia médica, psicológica y jurídica. Tampoco hay comida adecuada. En algunos centros de detención brasileños hay hambre y hay sed. No se cuenta con suministro de agua potable. Ratas y cucarachas pasean por celdas y pasillos. El calor y la humedad, dependiendo de la localización, son insoportables. Tampoco se respetan los derechos de las y los agentes de seguridad, que en muchas ocasiones trabajan en condiciones extremadamente precarias para empresas a su vez subcontratadas.

Cerrar la puerta de entrada

Además de incrementar la violencia y la militarización de extensas regiones en Latinoamérica, la llamada “guerra contra las drogas” criminalizó a las y los consumidores de estas sustancias, sobre todo si estas personas ya formaban parte de grupos históricamente marginalizados. Las políticas represivas aplicadas supuestamente para frenar el consumo de drogas consideradas ilícitas, como muestran numerosos estudios teóricos y empíricos, son hoy una de las principales vías de acceso al sistema carcelario, sobre todo para las mujeres, como sostiene el artículo de Vivian Calderoni y Raquel Lima incluido en este dossier.

Un informe publicado en agosto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina[1] muestra una panorámica del prohibicionismo en la región. Menciona, por ejemplo, la vigencia en Argentina de una ley que penaliza la tenencia de drogas, aunque esa norma haya sido considerada inconstitucional por la Corte Suprema del país.

El mismo debate transcurre en Brasil. El Supremo Tribunal Federal empezó a juzgar en agosto la inconstitucionalidad de un artículo de la actual ley de drogas que criminaliza la tenencia para consumo personal. En los casi diez años de vigencia de la norma, creada en el año 2006, el número de personas detenidas por tráfico pasó de 32,8 mil en 2005 a 146,2 mil en 2013, lo que implica un aumento del 345 por ciento.

En Chile, aunque ya esté permitido el consumo personal exclusivo y para fines médicos, más de 50 mil personas fueron detenidas en 2014 por infracciones relacionadas con las drogas, sobre todo (el 46,6 por ciento) por tenencia, según el informe de CELS. En Perú y México, que ya no criminalizan la posesión de pequeñas cantidades, el número de personas detenidas sólo por consumir drogas ha crecido, en gran parte por la discrecionalidad policial en el momento de la detención.

Gráfico_Tasa de encarcelamiento (2)

Las penas para los crímenes relacionados con las drogas, señala el estudio, también aumentaron. Algunas llegaron a multiplicarse por veinte en los últimos sesenta años. “En Colombia, por ejemplo, en 1950 el tráfico era castigado con una pena de entre seis meses y cinco años de prisión”, y en la actualidad se prevé un castigo de entre diez y treinta años de cárcel, sin la concurrencia de causas agravantes. “Pese a la falta de acceso a información confiable y a la deficiencia de los datos penitenciarios oficiales, se puede señalar que el período de fuerte aumento de la población penitenciaria es coincidente con el incremento de las personas privadas de su libertad por delitos de drogas”.

Pese a las tinieblas en las que sigue sumergido el debate sobre drogas en Latinoamérica, se han creado en los últimos años algunos espacios de construcción de alternativas que ofrecen esperanzas para que esa larga puerta de entrada al sistema carcelario sea definitivamente cerrada, impidiendo por lo menos el agravamiento de sus terribles condiciones. En marzo de 2014, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, impulsada por la firma en el 2013 de la Declaración de Antigua[2], realizó su primera audiencia temática sobre la represión contra las drogas, respondiendo a un pedido de 17 organizaciones sociales de once países de la región. La iniciativa de la OEA va de la mano de la intención de la ONU de convocar, para abril del 2016, una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre estas cuestiones.

Las garras del mercado

El tiempo para el debate urge. Mientras no se registren cambios estructurales e internacionales en la política de drogas, el mercado avanza a pasos rápidos sobre esa novedosa y potencial fuente de lucro que es el sistema carcelario. Como no podría ser de otra manera, trata de ampliarla. Hoy, en toda la región, aunque en diferentes grados y formatos, se asiste a la privatización total o parcial de los sistemas carcelarios nacionales.

Genéricamente, esta privatización consiste en el traspaso de algunos servicios esenciales al funcionamiento de las unidades a una empresa. Esos contratos pueden abarcar desde la limpieza y el suministro de comida a la construcción y administración de la estructura, pasando por la seguridad y por la atención médica.

Penitenciaria de Rondônia, 2011. Fotografía de Luiz Silveira (Agência CNJ).
Penitenciaria de Rondônia, 2011. Fotografía de Luiz Silveira (Agência CNJ).

En Brasil hay casos, incluso, de privatización del servicio de asistencia jurídica. Esto significa que la abogada o abogado que atiende a la persona presa es contratada por la misma empresa que administra la unidad, lo que implica un claro conflicto de intereses. En el país, según recoge la Pastoral Carcelaria de 2014[3], más de 20 mil personas presas en siete estados de Brasil cumplen pena en cárceles privatizadas. Si las autoridades no hacen nada al respecto, ese número tenderá a crecer exponencialmente en los próximos años.

Prueba de ello es el informe final[4] de una Comisión Parlamentaria de Investigación creada en el Congreso brasileño para evaluar la situación del sistema carcelario nacional. Una de sus principales recomendaciones es la ampliación de las concesiones a la iniciativa privada.

Como afirmó recientemente Marcos Fuchs[5], director adjunto de Conectas Derechos Humanos, esto demuestra que los presos y presas son vistos como commodities, y el sistema, a su vez, como un mercado en expansión a ser explorado y explotado. “La experiencia de EEUU prueba que los intereses económicos son absolutamente irreconciliables con los objetivos del sistema carcelario, que deberían ser la recuperación y resocialización. Al final, no tendría sentido apostar en un mercado sin, al tiempo, trabajar por su ampliación. Algo que, en este caso, significa privar a cada vez más personas de libertad”, explicó.

La defensa de ese modelo privatizado es bastante fácil porque se apoya en las reales (e insoportables) condiciones de las prisiones públicas. Pero está claro que la habilitación de nuevas plazas no es la solución. Antes, es necesario cuestionar el origen de ese aumento, como ya hemos señalado, el asimétrico acceso a la justicia o la necesidad de mantener a toda esa población privada de libertad.

Recordemos casos como el de Bolivia, donde más del 80 por ciento de la población carcelaria no fue efectivamente condenada pero la tasa de ocupación del sistema es de 298,7 por ciento. Es decir, que 14,5 mil personas detenidas comparten en ese país un espacio proyectado para albergar a 4,8 mil. Si parte de ellas estuviesen aguardando a sus juicios en libertad, como debería ser la regla, los problemas no desaparecerían completamente, pero serían significativamente menores.

Como se ve, el escenario es complejo. Por eso, y porque sólo es posible pensar (y enfrentar) una de las más poderosas fuentes de violación de derechos a partir de un debate profundo, cualificado y diverso, se ha intentado reunir en este dossier visiones, nacionalidades y perspectivas distintas, amplias y específicas, empíricas y teóricas.


Laura Daudén es periodista, Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos (UAM). Trabaja en la ONG brasileña Conectas Direitos Humanos (www.conectas.org ) y forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.

Vivian Calderoni es abogada del programa de Justicia de la ONG brasileña Conectas Derechos Humanos. Es graduada en Derecho por la Universidad de São Paulo y tiene maestría en Derecho Penal y Criminología por la misma universidad.

Artículo publicado en el nº67 de Pueblos – Revista de Información y Debate, cuarto trimestre de 2015.


NOTAS:

1. Pol, Luciana; y Tordini, Ximena (2015): El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos: la experiencia del continente americano. CELS, Argentina, 2015. Disponible en: www.cels.org.ar/Drogas.pdf.
2. Declaración de Antigua Guatemala “Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas”, de junio de 2013. Esta declaración estableció un compromiso de los Estados miembro de la organización con políticas de drogas basadas en la salud y en los derechos humanos. Disponible en www.oas.org/es.
3. Consultar el informe Prisões privatizadas no Brasil em debate, Pastoral Carcelaria, Brasil, 2014. Disponible en: www.carceraria.org.br.
4. Disponible en: www.camara.gov.br.
5. Artículo “Segundas intenções. CPI erra ao apontar privatização como saída para problemas no sistema prisional”, publicado el 6 de agosto de 2015 en la web de Conectas Direitos Humanos. Disponible en portugués e inglés en www.conectas.org.


Print Friendly

Un pensamiento en “Encarcelamiento masivo. Cuando la excepción es la regla”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *