Puerto Rico, la deuda y la condena del estatus

Ser estadounidense es una realidad que aplasta y limita a los boricuas[1] en todos los sentidos. Hoy, esa nación enfrenta la peor la situación económica de su historia. Se encuentra en suspensión de pagos y es precisamente su estatus de Estado Libre Asociado lo que le impide encontrar una salida justa para su ciudadanía. En tanto, el mundo ha avanzado en el establecimiento de principios sobre la reestructuración de la deuda externa.

Fue el 3 de agosto cuando Puerto Rico entró en default. De los 58 millones de dólares que debía desembolsar a acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP) boricua, sólo pagó 628 mil dólares. Su gobernador, Alejandro García Padilla, prefiere hablar de incumplimiento de pagos y busca que el gobierno estadounidense le apruebe un paquete (compuesto principalmente por ajustes del gasto público e impuestos) que le permita una reestructuración y el acceso a más créditos. Ya en junio, el funcionario había anticipado que la deuda puertorriqueña era impagable.

Pero las alertas estaban activadas desde hacía muchísimo más tiempo. En un país cuya deuda externa supera los 72 mil millones de dólares, más del 100 por ciento de su PIB, este colapso llegaría. Los poseedores de los bonos boricuas son “individuos o sociedades de inversión de todo Estados Unidos, debido a sus ventajas fiscales”, según explica The Wall Street Journal en un artículo del 9 de septiembre. Resulta interesante hacer una retrospección sobre ciertos aspectos de la nación. El principal es el estatus de Estado Libre Asociado de Estados Unidos, o sea, su condición colonial. Esto ha implicado desde hace 117 años que las y los puertorriqueños, que tienen ciudadanía estadounidense, no decidan sobre su economía ni tengan representantes con voto en el Capitolio (apenas cuentan con un comisionado residente que vota cuando se lo permiten y sólo en el comité conjunto). Tampoco votan a los congresistas a menos que tengan residencia en uno de los 50 estados de la Unión. Todo implica un condicionamiento absoluto que evita que el pueblo tenga incidencia sobre su territorio.

Además, toda la política económica ha estado atada a conveniencias estadounidenses. Primero estaban instaladas las farmacéuticas, luego Washington eximió a las corporaciones del pago de impuestos para atraerlas después del éxodo de las compañías a destinos de mayor productividad como México o Asia, en los setenta. El bajo crecimiento siguió por décadas. En 2006, el gobernador de turno retiró las exenciones impositivas y las empresas se fueron a otros destinos. Puerto Rico estaba ya en recesión cuando llegó la crisis financiera de 2008. En 2012 se aprobaron dos leyes de exención fiscal nuevamente “para atraer inversiones”.

Otro punto que ahoga la economía puertorriqueña es la Ley Jones de Comercio Mercante de 1920, que obliga al país a comerciar solo a través de puertos estadounidenses. Toda esta historia parece una trampa mortal, porque si Puerto Rico fuera uno de los estados de la Unión podría solicitar la protección ante los acreedores de la Ley de Quiebras, de la que está excluido.

El 9 de septiembre de 2015, el gobierno puertorriqueño presentó un plan fiscal de cinco años a Washington para conseguir que la administración de Barack Obama le brinde el respaldo necesario en el Congreso y se le habilite la protección de la Ley de Quiebras y la negociación con los acreedores. El plan consiste en las conocidas recetas neoliberales de recortar el gasto público y aumentar los impuestos, ante una población que tiene un índice de desempleo oficial del doce por ciento en la mayoría de los municipios (61 de 78) y superior en el resto.

Sin embargo, el gobernador asegura que mantendrá los puestos de trabajo (el principal empleador es el Estado) y que la reestructuración del 65 por ciento de la deuda apunta a sostener el bienestar del pueblo. “Las medidas fiscales del plan por sí solas no nos sacarán del hoyo. Sólo con una reestructuración amplia de la deuda en la que participen los acreedores regresaremos a un camino sostenible”, dijo Padilla.

Justamente, la Asamblea de Naciones Unidas aprobó el 10 de septiembre, por mayoría, nueve lineamientos o principios que establecen que las reestructuraciones de deuda deben ser sostenibles. Se trata de una iniciativa que promovió Argentina, en su lucha contra fondos buitre con base en Estados Unidos. Los seis países que votaron en contra de esta resolución no vinculante son Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Israel y Canadá. Pero la diferencia entre lo que propone hacer Puerto Rico y el espíritu de la resolución de ONU está en que un plan sostenible se contrapone a un plan de ajuste.


Rosaura Audi es periodista. Forma parte del consejo de redacción de Pueblos-Revista de Información y Debate.

Artículo publicado en el nº67 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2015.


NOTAS:

  1. Persona nacida en la isla de Puerto Rico. Las y los puertorriqueños cuya familia sólo reside en la isla desde una o dos generaciones atrás no son considerados boricuas.

 

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