Libertad de prensa en México: entre la negligencia y la incapacidad del Estado

México es hoy uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Lo señalan diferentes organizaciones y lo corroboran los datos del día a día. Profesionales asesinadas, desaparecidos, agredidas, amenazados, silenciadas, despedidos o atacadas por el mero hecho de ejercer su trabajo. Cerca de la mitad de estos ataques son causados por personal del funcionariado público en una espiral de violencia contra quien ejerce el periodismo que se extiende por todo el país y que continúa creciendo en medio de un vergonzante clima de impunidad y connivencia.
Paula Cabildo.
Paula Cabildo.

La comunicación nos permite conocernos mejor y crear conciencia social, y también es el medio para informar a la ciudadanía y dar voz a nuestra pluralidad. Es un instrumento imprescindible para promover la libertad, el debate y la adecuada toma de decisiones en asuntos de interés público. Por eso, la comunicación que se ejerce en el país se sustenta en la libertad de expresión y el derecho a la información. La libre manifestación de las ideas es una conquista de nuestro país social e irrenunciable, que hoy forma parte de la normalidad democrática de México”. Estas palabras fueron pronunciadas en abril de 2015 por Enrique Peña Nieto, presidente de México, ante el Consejo de la Comunicación, una suerte de lobby “preocupado por promover las grandes causas nacionales” del que forman parte diferentes actores de la industria de la comunicación del país y en cuyo patronato se encuentran empresas de diferentes ámbitos y sectores.

La intervención de Peña Nieto ante este auditorio se sitúa a medio camino entre la tragedia y la comedia. Tragedia porque estamos ante una realidad que deja tras de sí más de 80 profesionales de la comunicación asesinados/as desde el año 2000 y porque, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, México ocupa el lugar 148, entre 180 países. Y comedia porque, como apunta Liniers, referente argentino del humor gráfico: “el humor es el mecanismo de defensa en todas las situaciones. Si te fijas, en los funerales siempre hay alguien que se ríe”.

Escuchar al presidente mexicano hablar de libertad de expresión en el México de hoy remite irremediablemente a Carlos Fuentes y su célebre La Silla del Águila: “hemos vivido con los ojos pelones, sin saber qué hacer con la democracia. De los aztecas al PRI, con esa pelota nunca hemos jugado aquí”.

“No se puede hablar de un estado democrático y de derecho con las cifras de violencia que lleva a cuestas nuestra prensa”, advierte Darío Ramírez, de la organización Artículo 19 en un artículo publicado en el digital mexicano Sin Embargo[1]: “El país más mortífero del continente americano para los periodistas en 2014”, señala Reporteros Sin Fronteras al tiempo que alerta de que México “se hunde cada día más en la espiral infernal de la violencia (…) Las agresiones se multiplican en un clima de impunidad alarmante”[2].

La violencia que sufren periodistas en el ejercicio de su profesión no es sólo un atentado contra la libertad de expresión y contra su derecho a comunicar, sino también contra el derecho a que la ciudadanía mexicana pueda contar con unos medios de comunicación cuyo propósito social sea el ofrecer una información de interés desde la crítica y el control del poder, la honestidad, la responsabilidad y con evidente compromiso de servicio público.

El informe “Estado de Censura” que publica Artículo 19[3] arroja luz sobre la realidad de la violencia que padecen en México las y los periodistas. Diez profesionales muertos entre 2013 y 2014 y cuatro desaparecidos. Los números son estremecedores y la cifra de agresiones no deja de crecer. Los ataques se han convertido en el pan de cada día de quien se dedica al periodismo, ya sea a manos del crimen organizado o bien de autoridades públicas.

Durante el sexenio del panista Felipe Calderón (2006-2012) se producía una agresión a periodistas cada 48 horas. Pese a lo dramático de las cifras, las cosas han empeorado sustancialmente con la llegada de Peña Nieto: cada 26 horas se produce un ataque a una persona que ejerce la profesión. En cifras absolutas, en los seis años de gobierno Calderón se contabilizaron 1.092 agresiones (182 de media al año) mientras que en los dos años que Peña Nieto lleva en el poder se han denunciado 656, con un considerable aumento del número de agresiones a mujeres que trabajan como periodistas y con un nuevo escenario para los ataques: internet. El que para muchas y muchos profesionales del periodismo se había convertido en el espacio en el que seguir escribiendo o difundiendo sus crónicas y reportajes, también ha devenido en escenario de embates. Un 18 por ciento del total de los que se produjeron en los últimos dos años han tenido como escenario la red. Difamaciones, insultos, manipulación de información publicada o incitación a la violencia son algunas de las modalidades que presentan las agresiones on line.

Dos factores acentúan la gravedad de la situación. Del total de agresiones documentadas por Artículo 19 en 2014, un 48 por ciento se han producido a manos de personal del funcionariado público. El otro elemento determinante es la impunidad. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 89 por ciento de los crímenes contra periodistas permanecen impunes. En agosto de 2010, Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó del peligro que trae consigo un escenario de impunidad como el que se vive en el país: “Hay una crisis de protección a periodistas a todas luces grave, ni siquiera hay informes sobre los procesos judiciales que se iniciaron y siguen para perseguir y castigar esas agresiones”. Si durante el sexenio de Felipe Calderón ya se denunciaba este contexto de inseguridad, la situación no ha cambiado con la llegada de Peña Nieto a la presidencia. Artículo 19, Freedom House, Reporteros sin Fronteras (RSF) o Aministía Internacional denuncian la pasividad de las autoridades a la hora de esclarecer los hechos, juzgar a los culpables y reparar a las víctimas.

Los datos nos sitúan ante una realidad en la que la violencia contra las y los profesionales de los medios de comunicación se extiende por todo el país y se ha convertido en sistémica al emanar del propio entramado del Estado. Así pues, quien debería ser garante del libre ejercicio del periodismo, de la libertad de expresión y del derecho a la información, constituye una de las mayores amenazas para quien trata de informar o documentar lo que sucede en México.

“Los periodistas han pagado un precio elevadísimo por cumplir con su labor informativa en México: son asesinados y desaparecidos con regularidad y total impunidad”, señaló Carlos Lauría, del programa de las Américas del CPJ (Committee to Protect Journalists) poco después del asesinato del periodista radiofónico Armando Saldaña en Veracruz a principios de mayo de 2015.

“¿Qué hace el Estado mexicano? ¿Continuará mirando hacia otro lado mientras los medios de comunicación se ven obligados a dejar de cubrir las noticias sobre la violencia, el narcotráfico o la corrupción y los periodistas optan por el exilio?”, se pregunta Claire San Filippo, responsable del despacho Américas de RSF. “Las autoridades mexicanas deben imperativamente acabar con la impunidad casi total, que genera miedo y autocensura. Basta de inacción y de complicidad”, añade.

Consecuencias para el ejercicio del periodismo

Las agresiones a periodistas van desde el acoso, la amenaza, la calumnia, el despido, el bloqueo informativo o las presiones gubernamentales para no cubrir según qué temas, hasta la tortura, el encarcelamiento, la desaparición o el asesinato.

Octavio Rojas era colaborador del diario veracruzano El Buen Tono en el norte de Oaxaca. En la semanas previas a su asesinato investigaba el robo de combustible en la zona de Omealca (frontera entre Oaxaca y Veracruz) y la posible implicación en los hechos del director de la policía local de Cosolapa, municipio en el que Rojas ejercía como director de comunicación. Sus reportajes en El Buen Tono aparecían sin firma. El 11 de agosto de 2014 fue asesinado a tiros. En mayo de 2015 todavía no se ha producido ninguna detención relativa a este caso.

Carmen Aristegui es una de las periodistas más críticas con el ejecutivo de Enrique Peña Nieto, como lo fue también con el presidente Calderón. Hasta marzo de 2015 presentaba en MVS Radio uno de los programas de mayor audiencia en el país y su despido fulminante supuso un duro golpe a la maltrecha situación de la libertad de prensa en México. Aristegui está también vinculada a Mexicoleaks, una plataforma digital que permite realizar denuncias documentadas de manera anónima.

De la mano de Aristegui y su equipo se conoció un presunto caso de corrupción que implica a Peña Nieto, a su esposa, Angélica Rivera, y al Grupo Hiba, un importante conglomerado empresarial que durante la época en la que EPN fue gobernador del Estado de México recibió adjudicaciones de contratos públicos por valor de varios millones de dólares. Según desveló el programa Aristegui Noticias, la residencia que el presidente y su esposa poseen en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, no se encuentra a nombre de ambos sino que pertenece a Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que forma parte del Grupo Higa. El propio defensor de la audiencia de MVS Radio mostró su contrariedad por el despido de Aristegui con un mensaje en las redes sociales: “Es una noche triste para el periodismo y la libertad de expresión. Por más que convocamos al diálogo, imperó la cerrazón”.

Paula Cabildo.
Paula Cabildo.

David Agren es corresponsal en México del Committee to Protect Journalists (CPJ). Suya es la denuncia, a través del blog de la organización, de las dificultades que tienen los periodistas locales para informar con rigor sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En su crónica sobre cómo se abordó el tratamiento de los hechos se evidencia el control de los medios por parte de los gobiernos a través de lo que se conoce como “convenios”: una especie de acuerdo entre las empresas periodísticas y las autoridades políticas para la inserción de publicidad institucional que se convierte en una de las principales fuentes de financiación de los medios y, por tanto, en un arma de control por parte del poder político (control de contenido, capacidad de veto de reportajes y poder de incidencia en la línea editorial del medio, entre otras cuestiones).

Ante la lenta reacción de los medios de Guerrero, estado al que pertenece Ayotzinapa, a la hora de tratar el caso y de investigar lo sucedido, fue la prensa internacional la que tomó la iniciativa, tal y como reconocen periodistas locales al propio David Agren.

Son sólo tres ejemplos de la situación que vive la prensa en México: la impunidad, la censura y el control gubernamental sobre los medios de comunicación y las y los periodistas. Tres ejemplos que evidencian una flagrante vulneración de los derechos humanos y que provocan un deterioro evidente de la libertad de expresión y del derecho a la información, así como en la calidad de las informaciones publicadas.

Todo ello deriva en crónicas simplistas que evitan cualquier tipo de investigación en profundidad y que únicamente relatan los hechos de manera cronológica; investigaciones que sólo tienen en cuenta las fuentes oficiales; supresión de la firma en las noticias y artículos por temor a las represalias; autocensura a la hora de tratar determinados temas; ausencia de cuestionamiento al poder establecido; elaboración de listas negras de periodistas; autoexilio de profesionales al no poder ejercer libremente su trabajo, etc.

En su Informe sobre la situación del ejercicio de la Libertad de Expresión en México[4], elaborado por Artículo 19 en 2009, ya se alertaba de que “los ataques, el miedo y la impunidad han tenido efectos nocivos en la prensa”. Desde entonces, la situación no ha hecho sino empeorar.

La incapacidad de las medidas institucionales

A tenor de los informes emitidos por las diferentes organizaciones tanto nacionales como internacionales que trabajan en materia de defensa de la liberta de prensa en México, todo parece indicar que ni la Fiscalía Especial de Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), ni el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México han conseguido cumplir el cometido para el que fueron creadas: garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de aquellas personas que ejercen el periodismo en el país.

El propio secretario de Gobernación reconoció, con motivo de la visita del secretario general de Reporteros Sin Fronteras a México en abril de 2014, el “fracaso del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas”. En la misma línea, Wola (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) y las Brigadas Internacionales por la Paz, emitieron en febrero de 2015 un informe conjunto en el que cuestionan tanto aspectos procedimentales como logísticos (falta de personal, precarias condiciones laborales de los profesionales que lo integran y escasa dotación presupuestaria que impiden al Mecanismo ofrecer una correcta respuesta a las necesidades de las y los periodistas).

En el informe se señalan demoras importantes, en algunos casos hasta de un año, en la respuesta que ofrece el Mecanismo a la evaluación de riesgo inicial, la que determina si una persona necesita protección y de qué tipo. “Este tipo de demoras debilitan seriamente la funcionalidad y eficacia del Mecanismo”, señala Niamh Ni Bhriain, coordinadora de incidencia para las Brigadas en México. Otro de los aspectos que se critican en el documento es la impunidad como un elemento que impide una mejoría de la situación de peligrosidad que viven en el país las personas que se dedican al ejercicio del periodismo.

A estas críticas se suman las de la organización Freedom House, que en su informe de 2014, señala que la FEADLE “ha cerrado varios casos notorios, sin resolución de por medio, y ha ignorado órdenes de aprehensión pendientes”.

La autoorganización como respuesta

Cuando el Estado se inhibe en el ejercicio de sus funciones de defensa del derecho a la libertad de expresión, son las y los periodistas las que crean espacios de defensa, reivindicación y autoprotección ante la extrema inseguridad que viven. Es así como nacen iniciativas como la página web Periodistas en Riesgo, un ejercicio de mapeo de las agresiones a profesionales de la comunicación que se producen en México y que impulsan Freedom House y el Centro Internacional de Periodistas en el marco del programa Mi México Transparente. Su primer informe destaca la necesidad de establecer protocolos para que tanto los cuerpos policiales como los militares respeten el trabajo de los medios.

Otra iniciativa que surge de la autoorganización de profesionales y entidades que trabajan en defensa de la libertad de expresión es la Casa de los Derechos de Periodistas, una asociación civil que trabaja “para que las y los periodistas mexicanos ejerzan su profesión de manera segura, libre, profesional y socialmente responsable”, al tiempo que lucha para disminuir las vulnerabilidades y el riesgo al que se enfrentan en su día a día.


Suso López (@Susolopez/susolpz@gmail.com) es comunicador audiovisual y especialista en gestión de la comunicación política.

Artículo publicado en el nº66 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2015.


NOTAS:

  1. Ramírez, Darío: “Estado de censura”, artículo publicado en Sin Embargo el 16/04/2015. www.sinembargo.mx.
  2. “Negro inicio del año para los reporteros mexicanos”, crónica de Reporteros sin Fronteras sobre la situación de la libertad de prensa en el país. Publicada el 18/02/2015 en http://es.rsf.org.
  3. El informe completo se puede consultar en la web de Artículo 19: www.article19.org.

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