25 aniversario del primer levantamiento indígena en Ecuador

Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE): “La firma del tratado de libre comercio con la Unión Europea atenta contra la paz y la seguridad de nuestros pueblos”

Hace 25 años, el mundo se preparaba para celebrar los quinientos años del denominado “encuentro” entre dos mundos. Cinco siglos después del inicio de la dominación colonial, las poblaciones indígenas seguían sufriendo la explotación en las grandes haciendas y registraban las tasas más altas de pobreza, agravadas por la imposición de las políticas neoliberales. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocó la movilización que articuló territorial y orgánicamente a pueblos y nacionalidades bajo un discurso de clase vinculado a lo étnico, crítico con el modelo de estado.

En los primeros días de junio de 1990, miles de hombres y mujeres marcharon desde las comunidades indígenas de la Amazonía y de la sierra andina bajo el lema “Mandato por la defensa de la vida y los derechos de las nacionalidades indígenas”, acompañado de consignas como “Ni una hacienda para 1992”, en alusión a las propiedades en las que eran salvajemente explotados. En esos días tomaron las iglesias mandadas a levantar siglos antes por los colonizadores y demostraron a los mestizos la fuerza de un movimiento heredero de líderes históricas como Dolores Cacuango o Tránsito Amaguaña.

A esta insurrección le siguieron otras revueltas que terminaron por tumbar varios gobiernos y se inició una década en la que se sucedieron levantamientos históricos en todo el continente. No en vano, los festejos del Inti Raymi dedicados a honrar la fertilidad de la pacha mama acompañaron los días de protestas marcando el “florecimiento” de las luchas populares, según recuerdan los protagonistas.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador celebra este aniversario con la mirada puesta en las luchas, en el contexto de un modelo de estado que sólo les reconoce en lo jurídico, y augura nuevos conflictos a causa de las políticas extractivistas que están atacando sus territorios.

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Jorge Herrera. Fotografía: Observatorio del Cambio Rural (Ecuador).

– El movimiento indígena celebra el aniversario del primer levantamiento en Ecuador. ¿Cómo recuerdan esa fecha histórica, 25 años después?

– El levantamiento fue un producto de las luchas internas, del descontento por tanta discriminación, racismo y violaciones de derechos humanos, ya que los indígenas, dentro de las grandes haciendas, eran considerados como animales. En el año 90 los indígenas pasan de ser un objeto a un sujeto político de incidencia dentro de las decisiones y políticas de estado. El levantamiento se produjo para hacer una reivindicación de los pueblos y nacionalidades, pero también para construir un proyecto político. Era necesario constituir un estado plurinacional e intercultural donde fueran reconocidos estos pueblos diversos en la estructura jurídica del estado.

– ¿Qué se logró con estas movilizaciones?

– En la última asamblea constituyente de 2008 se reconocieron las 14 nacionalidades y 18 pueblos del Ecuador. Los pueblos oprimidos y olvidados por los gobernantes pasaron a tener derechos fundamentales. Se exigió el derecho a la educación intercultural bilingüe y a ejercer el idioma materno, el kichwa. Pero en estos 25 años, el movimiento indígena, como un ente social activo en los procesos de lucha, ha tenido que ser crítico ante distintos modelos de desarrollo y de gobierno, y, gracias a las protestas, han caído gobiernos corruptos como el de Abdalá Bucaram o el de Lucio Gutiérrez, y se ha descartado el tratado de libre comercio que se quería firmar con Estados Unidos. Estas luchas han tenido que hacerse en todo el país, pero también en todo el mundo, con la convocatoria de debates para construir alternativas políticas de estado que encaminen este salvar a la humanidad, respetando la naturaleza.

Al cumplir los 25 años del levantamiento, las organizaciones de base de la CONAIE miramos nuevas estrategias. Seguimos en esta lucha reclamando derechos fundamentales, pero también exigiendo un nuevo modelo de desarrollo en el Ecuador.

– La definición del estado ecuatoriano como estado plurinacional fue una de las principales conquistas del movimiento. ¿Qué ha significado esto para los pueblos indígenas y para el país en su conjunto?

– En el Ecuador vivimos con un Gobierno aparentemente de izquierda que ha sido un producto de las luchas sociales que se han dado en el país. No es un Gobierno que vino participando en estas luchas, sino que, muy oportunamente, apareció agarrando el discurso de los movimientos sociales. En ese momento, nosotros exigimos la nueva constituyente y se aceptó. Exigimos el estado plurinacional e intercultural como el camino para un cambio estructural y económico profundo, lo que significó una propuesta revolucionaria, obviamente. Pero después del primer período, el actual régimen fue acomodándose al sector capitalista de derecha. Si evaluamos cuánto se ha avanzado en los derechos ganados en la historia del movimiento indígena, vemos que ha habido retrocesos y por eso se dan hoy confrontaciones en la sociedad ecuatoriana. En vez de sostener la diversidad de culturas en el Ecuador y la biodiversidad, más bien se ha ido en contra de los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza, como es el caso, entre otros, de la explotación del Yasuní.

– ¿Cómo ha sido la relación entre el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana?

– Más bien, no ha habido relación. Al principio planteamos una política de gobernabilidad en la construcción del estado plurinacional, pero esta propuesta no se ha respetado ni demostrado en hechos reales. Por este motivo, hemos dejado de tener acercamientos y nos hemos dedicado a fortalecer las organizaciones de base y las de la sociedad civil.

– ¿Cuáles son los temas que enfrentan al movimiento indígena y al Gobierno de Rafael Correa?

– En el marco de la propuesta de la nueva constitución se reconoce la redistribución de los elementos estratégicos para garantizar la soberanía alimentaria. Pero la ley de tierras y de agua que plantea el Gobierno en el cambio de matriz productiva está pensada como una respuesta a los intereses de las empresas transnacionales. Por otro lado, la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea atenta contra la paz y la seguridad de nuestros pueblos. Esto implica que habrá mayores descontentos y luchas por la imposición de las empresas extractivistas, relacionadas con las minas, el petróleo y las madereras.

– Las leyes de herencias y de plusvalía han generado movilizaciones en diversas ciudades del país en las últimas semanas. ¿Cuál es la posición de la CONAIE?

– Antes de la ley de herencias ya se aprobó una ley sobre los aranceles con la política de salvaguardas que, aparentemente, afectaba a 2.800 productos y no iba a perjudicar ni a los productores campesinos ni a la clase media, pero la realidad es que sí lo hizo. Esta ley de herencias afecta a la mayoría de la población ecuatoriana, no es cierto que vaya dirigida únicamente al dos por ciento. Es una medida tramposa, y esto se ha hecho también con la ley de tierras y de agua. Estas medidas que se han venido haciendo de manera secuencial responden a modelos impuestos tomados de un modelo europeo, que no es coherente para el Ecuador. Por eso vamos a seguir insistiendo en las luchas que permitan replantear ejes temáticos para buscar la paz y la estabilidad política.

– ¿No temen que la oposición a las políticas del Gobierno se interprete como un acercamiento a los sectores contra los que lucharon en los 90?

Eso es evidente. No podemos descartar que estos partidos de derecha tengan intereses y estén mirando a las elecciones de 2017. Ahí va la capacidad de nuestra propuesta, que tiene que ir más allá de ver o elegir un candidato. Se tienen que discutir las propuestas y plantear la alternativa de un gobierno diferente. Nuestra lucha no se dirige a provocar la inestabilidad del Gobierno ni hacer el juego a la derecha. Vamos a seguir la lucha constante para reivindicar los derechos, con un gran interés en el debate sobre el modelo agrario que permita una reforma profunda en el país.


Mª Cruz Tornay forma parte del consejo de redacción de Pueblos Revista de Información y Debate. Actualmente reside en Quito (Ecuador).


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