Migrantes y Derechos Humanos en América

Las migraciones son una de las cuestiones de mayor relevancia en las agendas internacionales desde mediados del siglo XX. La crisis económica global que se extiende desde hace varios años ha llevado a reforzar tendencias ya existentes en algunos países: cerrar las puertas a la migración y endurecer la legislación relativa a los derechos de las personas extranjeras. En este contexto, aumentan los recelos de los nacionales de un Estado frente a quienes vienen de fuera, identificándolos como un riesgo para las fuentes de trabajo y la cohesión social.
Paula Cabildo.
Paula Cabildo.

Las personas extranjeras se encuentran entre los grupos sociales más vulnerables, no sólo por su estatuto jurídico de segundo nivel en relación con las nacionales, sino también por la existencia de posibles barreras de hecho, como el desconocimiento del idioma del Estado en el que viven o la xenofobia. Esta vulnerabilidad se acrecienta en el caso de los extranjeros en situación irregular. Muchas veces son víctimas de violaciones que no denuncian por miedo a sufrir represalias o a ser deportados. Además, la pasión por la seguridad (que últimamente recorre las venas de muchos líderes políticos) extiende un manto de sospecha sobre las personas de determinadas nacionalidades o rasgos étnicos.

EEUU y Canadá, destinos principales

En América, los flujos migratorios numéricamente más importantes son los que se producen de sur a norte, es decir, los que tienen como destino los Estados Unidos y Canadá. De hecho, Estados Unidos es el principal país de destino a nivel mundial en términos absolutos, y los demás países americanos sus principales proveedores de migrantes: más de la mitad de las personas que viven en los Estados Unidos pero que han nacido en el extranjero son originarias de América Latina y el Caribe. El corredor México-Estados Unidos es el mayor canal migratorio americano.

Después de Estados Unidos, Canadá es el segundo receptor de inmigrantes en América. Aunque en términos absolutos las diferencias entre uno y otro son importantes (mientras el primero recibe en torno al millón de migrantes al año, al segundo llega un cuarto de esa cifra), el menor número de habitantes de Canadá hace que en términos relativos su población de origen extranjero sea una de las más altas de los países de la OCDE. Otro rasgo diferenciador es que la mayoría de las personas que llegan a Canadá proceden de países no americanos. Sin embargo, visto desde la perspectiva inversa, Canadá representa el tercer país de destino de latinoamericanos y caribeños a países desarrollados, después de Estados Unidos y España.

México y los países de América Central y el Caribe tienen altos niveles de emigración. Estos países también son receptores, pero en menor medida, lo que hace que sus saldos migratorios sean negativos.

Los migrantes que llegan a los países latinoamericanos y del Caribe son originarios mayoritariamente de otros países de la misma región, con la sola excepción quizá del caso de Brasil. Es interesante señalar que, para algunos países de destino, entre el 40 por ciento y el 50 por ciento de la inmigración proviene de un país vecino único. Este es el caso de Argentina (migración originaria de Paraguay), Barbados (de Guyana), Bolivia y Chile (de Perú) y Costa Rica (de Nicaragua). En cualquier caso, los flujos intra-regionales en América Latina y el Caribe son mucho menores que los flujos de esta región hacia Estados Unidos y Canadá.

Una cuestión de derechos

El principal instrumento de protección de Derechos Humanos en América es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que vio la luz en 1969. Sin embargo, no todos los países americanos son parte de este tratado. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, en cambio, es aplicable a todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Dos instancias internacionales se ocupan de velar por la efectividad de los Derechos Humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA[1], y la Corte Interamericana de Derechos Humanos[2]. Los informes y recomendaciones de la Comisión no son estrictamente obligatorios para los Estados. Algo semejante sucede con las opiniones consultivas de la Corte (dejando a salvo su peso moral en los Estados parte en la Convención), en contraposición con las sentencias que son obligatorias para el Estado demandado.

En múltiples ocasiones la Comisión y la Corte se han pronunciado sobre temas migratorios. Resulta paradójico que tres de los más importantes pronunciamientos de ésta última hayan sido motivados por situaciones producidas en Estados Unidos, que no es parte en la Convención y por ello no puede ser demandado ante la Corte. Sucede que ante determinados hechos que involucran al país del norte otros Estados americanos han solicitado a la Corte opiniones consultivas que son, formalmente, opiniones jurídicas sobre una situación planteada en abstracto.

Así, como reacción a la condena a pena de muerte en Estados Unidos de varios nacionales mexicanos sin que se hubiesen respetado las garantías de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, México se dirigió a la Corte. Ésta emitió su opinión consultiva sobre El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal (1999), en la que declaró que los derechos reconocidos en la Convención de Viena[3] son verdaderos derechos y no meras prerrogativas estatales, y que, por tanto, las condenas pronunciadas mediando violación de esos derechos son nulas.

Una segunda opinión consultiva tiene que ver con los derechos laborales de las personas migrantes. En el año 2002 la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó sentencia en el caso de un trabajador mexicano que residía ilegalmente en los Estados Unidos y que había sido despedido por intentar formar un sindicato. La pregunta que se planteaba era si debía prevalecer el derecho laboral, que amparaba al trabajador, o si por el contrario habría de prevalecer la legislación migratoria (según la cual el ciudadano mexicano no tenía derecho a formalizar un contrato de trabajo y por ende quedaba desprotegido laboralmente). La Corte Suprema estadounidense hizo prevalecer el derecho migratorio. México se volvió hacia la Corte Interamericana, que dictó la opinión denominada Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados (2003), dando una respuesta inversa a la del máximo tribunal estadounidense. Para la Corte Interamericana, los derechos laborales se adquieren y son exigibles con independencia de la situación migratoria del trabajador.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, si bien es lícito que los Estados sancionen a quienes violan sus respectivas disposiciones de extranjería, la actividad sancionadora del Estado está limitada por el principio de legalidad: nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones que no estuvieran definidas como infracciones, faltas o delitos en el momento en que se cometieron. En el caso Vélez Loor contra Panamá (2010), la Corte halló una violación de este principio por la imposición a un extranjero en situación migratoria irregular de la pena de prisión. En el mismo caso dijo que la privación de libertad de migrantes no puede tener carácter punitivo, sino que debe limitarse a lo estrictamente necesario para asegurar los fines del proceso migratorio. La Comisión Interamericana ya había declarado, en el caso conocido como Caso de los cubanos del Mariel y relativo a los Estados Unidos (2001), que la privación de libertad no puede ser por tiempo indefinido.

La Corte volvió a referirse a la privación de libertad de migrantes en el caso Nadege Dorzema contra República Dominicana (2012). En su sentencia, halló también una violación de la disposición de la Convención Americana que prohíbe las expulsiones colectivas. El caso contencioso más reciente resuelto por la Corte ha sido Familia Pacheco Tineo contra Bolivia (2013). En él halló una violación del principio de no devolución (que prohíbe que una persona sea expulsada hacia el territorio de un Estado donde su vida o libertad corran peligro) y prestó especial atención a la situación de los hijos de la familia implicada, que eran menores de edad.

Este último punto fue el objeto de la más reciente opinión consultiva: Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional (2014). La idea general del pronunciamiento es que los niños y niñas gozan de derechos especiales a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado. Igualmente, la Corte enfatiza la importancia de que los Estados adopten medidas alternativas a la privación de libertad cuando se trata de menores.

Del dicho al hecho…

Lo expresado tanto por la Comisión como por la Corte muestra el interés de los órganos americanos por la cuestión migratoria en un continente en el que las fronteras entre países (piénsese en México-Estados Unidos o Haití-República Dominicana) son también fronteras entre condiciones de desarrollo radicalmente distintas.

Sin embargo, del dicho al hecho hay largo trecho. El sistema interamericano tiene falencias no menores. La primera es que los dos principales países receptores de inmigración, Canadá y Estados Unidos, no son parte en la Convención Americana, y esto los deja fuera del control de la Corte. Es verdad que están sometidos a la vigilancia de la Comisión, pero este órgano sólo emite recomendaciones no vinculantes.

Por otra parte, aun en el caso de los países que deben rendir cuentas a la Corte, la situación está lejos de ser idílica. Aunque las decisiones de la Corte son obligatorias, su alcance está limitado, en principio, al caso concreto. Y por supuesto la capacidad de este órgano internacional para lidiar con las afectaciones de derechos que día a día se producen es muy limitada. La Corte ha intentado hacer frente a esta situación ordenando medidas de carácter más general (por ejemplo, estableciendo que el Estado condenado debe poner en marcha programas de capacitación para que las violaciones de derechos no se repitan). Sin embargo, incluso existiendo buena disposición de los Estados para cumplir los mandatos de la Corte, es dudoso que décadas (o siglos) de malas prácticas enquistadas puedan cambiar de un día para otro.

Finalmente, hay un aspecto técnico que no es menor. Los pronunciamientos de la Corte suelen ser bastante endebles en este sentido: están plagados de imprecisiones conceptuales, redundancias y contradicciones. Esto va contra el desarrollo de una jurisprudencia segura y fiable, y posiblemente constituye un desincentivo más para que los Estados que todavía no son parte se incorporen a la Convención.  Además, la Corte suele extenderse más de la cuenta en enumeraciones de derechos que constituyen expresiones de buena voluntad, pero que muchas veces exceden de la cuestión concreta planteada en el caso. Esto no sólo contribuye a acrecentar la inseguridad, sino que puede incluso dar la falsa impresión de que América vive en el paraíso de los Derechos Humanos. Pronunciamientos más concretos y menos rimbombantes contribuirían mucho más a la protección efectiva de las personas migrantes.


Fernando Arlettaz es doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas e investigador del Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza.

Artículo publicado en el nº66 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2015.


NOTAS:

  1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de Estados Americanos, actúa en el ámbito de la Declaración (para los Estados que no son parte en la Convención) o de la Declaración y la Convención (para los Estados que sí son parte en esta última), dictando informes y recomendaciones.
  2. La Corte Interamericana de Derechos humanos fue creada por la propia Convención, que actúa en el ámbito de ésta, dictando sentencias y opiniones consultivas.
  3. Algunos de los derechos reconocidos en la Convención de Viena son el derecho de las personas a comunicarse con la autoridad consular de su país, de solicitar que ella sea informada en caso de privación de libertad y de recibir la visita de los funcionarios consulares.

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