La evolución de las políticas de transferencia monetaria en Ecuador desde la perspectiva de género

Las políticas de transferencia monetaria se han convertido en un elemento importante de las iniciativas sociales en toda América Latina. En Ecuador se empiezan a aplicar desde 1998 como complemento a la eliminación de los subsidios a los combustibles (el gas metano y las gasolinas) y a la electricidad de uso doméstico. El gobierno de Jamil Mahuad las presentó como una respuesta compensatoria, en un contexto socio-económico excluyente generado por la aplicación de políticas económicas neoliberales.

Sin embargo, si nos detenemos a analizar el contexto en el que se aplicaron y las premisas ideológicas y teóricas que subyacen su implementación y posterior evolución, podemos percibir algunos detalles interesantes pocas veces analizados a fondo. Veremos, por ejemplo, como los cambios y la evolución de las políticas sociales y la construcción de los sujetos beneficiarios por parte del Estado, han ido de la mano y en estrecha correspondencia con los presupuestos sobre las relaciones y roles de género que los diferentes gobiernos han asumido en cada período.

En los años 90 Ecuador es uno de los países con mayor índice de pobreza en América Latina (PNUD, 2003) y, las mujeres, eran la gran mayoría y las más vulnerables entre los pobres. El gasto social del Ecuador en la época es uno de los más bajos de la región y  prácticamente no existe inversión en Capital Humano ni en infraestructura para el desarrollo económico.

En este contexto dramático, el Gobierno decide aplicar un sistema de protección social en forma de una política de transferencia monetaria, denominado “Bono Solidario”. En principio, esta medida transfería 100 mil sucres (equivalían a menos de 20 USD) a un millón de personas, concretamente a madres de hogares de bajos ingresos (debían inscribirse personalmente en las iglesias católicas o evangélicas), personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad y adultos mayores.

Sin embargo esta política, claramente asistencialista, fue marginal. Los principales esfuerzos oficiales se centraron casi exclusivamente en el tratamiento económico de la crisis, que fue sin duda el tema principal, y como tal, se gestionó principalmente por hombres quienes plasmaron en su gestión sus propios intereses y percepciones.

Al hacer referencia a “lo económico” me refiero a la construcción, en un contexto de crisis, de una estructura neoliberal pensada desde los intereses de los grupos financieros (representados por hombres), que marginó directamente a gran parte de la población, la gran mayoría mujeres.

Como señala Heidi Hartmann, el capitalismo y el patriarcado salen reforzados de una crisis: del mismo modo que las crisis económicas cumplen una función restauradora para el capitalismo al corregir los desequilibrios, pueden también desempeñarla para el patriarcado.

Así, no sólo se sostiene y refuerza a las instituciones, sino también a las prácticas e ideología patriarcales. Una de las consecuencias, fué que las mujeres fueron excluidas más agresivamente de los mercados laborales y colocadas al margen, para ser asistidas.

La construcción del Estado siempre ha mantenido tensiones entre las esferas pública y privada. El Estado ecuatoriano de los años 90 dió la espalda a los espacios y tiempos privados de las personas ya que los relacionó directamente con el ámbito reproductivo, donde tiene lugar la crianza, los afectos y el cuidado de las personas dependientes; actividades consideradas femeninas. Esto generó una ciudadanía diferencial para las mujeres, como subordinadas al varón, relacionadas a la domesticidad y con una identidad cultural  construida como mujeres madres fuera de los mercados laborales. Según Thomas Marshall, la ciudadanía es el conjunto de derechos que tienen las personas como sujetos, y los deberes que de ellos se derivan. En el contexto ecuatoriano de esos años, los derechos de ciudadanía se adquirían a través del trabajo asalariado al cual, las mujeres pobres beneficiarias de la transferencia no podían acceder.

La manera en que estaba estructurado el sistema de Seguridad Social negaba sin duda los derechos de ciudadanía principalmente a las mujeres que se encontraban fuera del mercado laboral. El Bono Solidario, no estuvo pensado para solucionar los problemas de exclusión de las madres ni de ningún otro colectivo en situación de vulnerabilidad sino más bien para mantenerlos.

En el año 2003, durante el mandato de Lucio Gutiérrez, el Bono Solidario y el programa de Beca Escolar se juntaron en una nueva política denominada Bono de Desarrollo Humano. La novedad es que se introdujo el concepto de Capital Humano como eje central alrededor del cual se reestructuró la transferencia monetaria.

Este concepto generó una condicionalidad: Se buscaba mejorar el Capital Humano de niños y jóvenes para garantizar su movilidad social ascendente respecto a sus padres en la próxima eneración, pero las madres adquirían la obligatoriedad de direccionar los recursos recibidos hacia sus hijos para garantizar su escolarización si tenían entre 5 y 18 años y su atención sanitaria regular si eran menores de cinco años. Aunque se toma en cuenta como beneficiarias a las familias, la transferencia es canalizada hasta hoy, principalmente a través de las madres. La política se hace operativa en el seno de la familia, donde son las mujeres quienes siguen teniendo una particular desventaja, ya que sobre ellas recae el peso de las responsabilidades que acarrea la condicionalidad.

En esta nueva etapa, la iniciativa ya no se dirigía a las mujeres madres, sin embargo se esperaba de ellas una participación entusiasta, natural y voluntaria. La condicionalidad impuesta por esa política se puede entender como signo de una herencia cultural simbólica que continúa recreando los esquemas patriarcales que determinan los roles sociales de los individuos de acuerdo a su sexo biológico. La capacidad de heterodesignación del Estado es clara, determina de alguna manera, a través de sus politicas, los roles sociales de los individuos de acuerdo a su dotación genital y a los significados socialmente asignados en correspondencia.

Actualmente, el Bono de Desarrollo Humano se encuentra enmarcado dentro del “Plan Nacional del Buen Vivir” como una de las políticas sociales consideradas pilares de la protección e inclusión social, incluído en el marco de una política integral más amplia. Como parte del piso de protección social, el BDH no solamente busca garantizar un ingreso mínimo para las familias y promover la movilidad intergeneracional ascendente a través de la corresponsabilidad, sino pretende ser un complemento al sistema de aseguramiento universal al garantizar un ingreso mínimo también para adultos mayores y personas con discapacidad.

Las políticas públicas dirigidas hacia mejorar el Capital Humano de los niños y niñas han evoucionado, en la actualidad buscan también garantizar una mayor autonomía para las mujeres madres a través de dos programas recientes que ofrecen asistencia en el cuidado y actividades educativas organizadas y planificadas en espacios familiares y comunitarios: los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y el programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH).

Los CIBV´s son espacios que buscan brindar atención inicial, nutrición, salud preventiva y cuidado diario a niños de entre 6 meses y 3 años, hijos de madres beneficiarias del BDH. Estos centros están actualmente dirigidos por personal técnico, contratado por el Gobierno, (según la ex-ministra Ximena Ponce el 99.9% de profesionales contratadas son mujeres) que en colaboración con grupos de madres voluntarias realizan las diferentes actividades. En el Programa CNH una educadora profesional asiste a los padres, para realizar actividades de estimulación adecuadas a la edad de los infantes además de diversos talleres en los cuales participan más miembros de la comunidad.

Sin embargo, es necesario resaltar que la gestión de estas iniciativas las han convertido en espacios feminizados, la especialización de las mujeres en las actividades directas de atención y contacto con los infantes, de alguna manera recrea una vez más el mismo imaginario que refuerza el discurso patriarcal hegemónico, la dicotomía mujer/cuidado se institucionaliza y la idea de que la mujer es naturalmente más adecuada para estas labores por su condición biológico-subjetiva, se convierte en la normalidad.

Aunque se han llevado adelante estas iniciativas con la intención de apoyar a las mujeres en las labores de cuidado para promover su empoderamiento y autonomía, la forma concreta en que toman forma nos dan una pista sobre como las premisas de las políticas públicas insinúan continuidades en el ordenamiento jerárquico de las relaciones de género. La atención sobre las mujeres madres se ha vuelto secundaria. Según Maxine Mollyneaux, la mayoría de los informes pone mayor énfasis en su carácter utilitario determinado en función de los objetivos de este tipo de políticas.

Finalmente, es menester poner atención al discurso centrado en la infancia y la juventud, el cual se ha estructurado de tal forma que, como señala Martine Segalen, presenta a infantes y adolescentes, como objetos altamente valiosos. La publicidad oficial, para legitimar su gestión, busca sobredimensionar las potencialidades que representan los infantes y jóvenes para la sociedad en general y exalta los futuros aportes que podrían poner a disposición de la Patria. La consecuencia de ello es que se ha creado un discurso centrado en el mañana, que invisibiliza de alguna manera, el acceso diferenciado a derechos y el sacrificio actual de las mujeres madres que están cuidando hoy de esos niños y adolescentes.

Recientemente, el gobierno ecuatoriano anunció que las amas de casa, receptoras del BDH, podrán acceder a la protección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) aportando 2 USD mensuales del total del monto de la transferencia (el Estado aportará otros 9 USD), lo que les permitirá acceder a una pensión jubilar de 76 USD y otros beneficios. Es evidente que el gobierno ecuatoriano busca proteger a las mujeres a quienes históricamente la institucionalidad del Estado les ha negado sus derechos. El reconocimiento de las labores domésticas como labores productivas que aportan al PIB ecuatoriano es un paso importante para avanzar hacia la construcción de una sociedad en donde el trabajo no remunerado que se realiza en los espacios privados del hogar, deje de ser percibido como trabajo natural de las mujeres. Sin embargo, es necesario romper con la asociación entre las labores domésticas y la condición femenina, ya que así, se reproduce el mismo sesgo patriarcal que refuerza el rol heterodesignado de las mujeres madres en la sociedad ecuatoriana.


César Sánchez Arcos es antropólogo. Lleva el blog Palabras sueltas.


Print Friendly

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *