Andrea Bautista, abogada colombiana: “Seguimos en un conflicto armado, no es un postconflicto como dice el presidente Juan Manuel Santos”

Andrea Torres Bautista, abogada y coordinadora del área jurídica de la Fundación Nydia Érika Bautista de Colombia asegura que las víctimas de desapariciones forzadas en su país han sido olvidadas en las negociaciones de paz en La Habana y que la situación de violencia, amenazas y persecuciones sigue siendo alarmante.
Andrea Torres Bautista, activista y abogada colombiana, en la Gran Vía de Madrid. Fotografía: Silvia Arjona.
Andrea Torres Bautista, activista y abogada colombiana, en la Gran Vía de Madrid. Fotografía: Silvia Arjona.

Las palabras le salen contundentes, sin silencios ni balbuceos. Habla rápido, respondiendo a cada pregunta sin pensarla mucho, sabe perfectamente lo que quiere decir. A pesar de que acarrea una dura historia desde que era niña, muestra fortaleza en su mirada, postura y discurso. Las amenazas y persecuciones con las que convive desde hace años no le han hecho caer en su apuesta por la justicia y la verdad a través del activismo en su país, Colombia.

Andrea Torres Bautista, abogada y defensora de las víctimas de desapariciones forzadas, ha vivido en el exilio como la mayoría de sus familiares después de la desaparición de su tía, Nydia Érika Bautista, a manos de miembros del ejército pertenecientes a la Brigada XX. Nydia era miembro del Grupo 19, “que más que hacer una guerra con las armas lo que hacía era apoyar a vecinos y vecinas pobres y de bajos recursos de los barrios más marginados de Bogotá”. Lo cuenta Andrea en Madrid, entre viaje y viaje por Europa, en una gira organizada por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) para visibilizar la situación de las personas que se juegan la vida por defender los derechos humanos.

Los hechos ocurrieron justo el día que Andrea celebraba su primera comunión, el 30 de agosto de 1987, y desde hace 15 años el caso sigue abierto sin responsables vinculados. Por eso, en 2014 la familia Bautista presentó una acción de revisión, un recurso extraordinario, conocido por la Corte Suprema de Justicia, con el que pretenden que se vuelva a abrir la investigación contra los militares acusados de la desaparición de su tía, así como que se averigüen conductas nunca investigadas como la violencia sexual y la tortura a la que fue sometida Nydia Érika en su cautiverio.

Debido a esta lucha y a la de muchas otras familias que velan por esclarecer lo ocurrido con sus seres queridos nació a principios de los años 90, y en el exilio alemán, la Fundación Nydia Érika Bautista, una entidad sin ánimo de lucro que protege los derechos de las mujeres y familiares víctimas de la desaparición forzada en el país colombiano. Actualmente son unos 180 casos de 200 familias con los que la Fundación trabaja en distintos tribunales de justicia, con el fin de que el respeto a los derechos humanos no quede en vano, especialmente para las víctimas de desapariciones forzosas, “quienes parecen invisibilizadas en el conflicto y en las negociaciones de paz”, lamenta.

Asegura que “Colombia continua en un conflicto armado, no en el postconflicto como vino hablando el presidente Santos” en su visita a España a principios de marzo. “Siguen ocurriendo desapariciones forzadas y graves violaciones a los DDHH”. En lo que va de año, ya son 33 las personas desaparecidas, “sobre todo en la zona de Buenaventura, donde se está presentado una situación muy difícil, agudizada en 2015 debido a las casas de pique que es donde pican a las víctimas, las descuartizan y las tiran al río para que nunca se encuentren sus cuerpos”, cuenta Andrea con las últimas noticias que le han llegado mientras está en España y usando el verbo descuartizar mientras a una se le congela la sangre al notar su habitualidad.

Asegura que las cifras oficiales bailan mucho, desde las 69.000 que maneja la Fiscalía General de la Nación, a las 44.000 de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, o las 21.000 del Registro Nacional de Desaparecidos, que es la herramienta que se crea a través de la tipificación del delito como desaparición forzada. Una disparidad entre instituciones que muestra “la falta de coordinación y de voluntad del Estado para decirle a la sociedad cuántos son las personas desaparecidas actualmente en Colombia”.

Negociaciones en La Habana

Pero los números parecen maquillados por los acuerdos de paz en La Habana, según Bautista, puesto que las amenazas y los señalamientos a las personas que defienden los derechos humanos en Colombia “sigue siendo preocupante”. Las víctimas del conflicto armado se mantienen expectantes debido a la falta de información en los últimos movimientos de la mesa de negociaciones y a que estos están siendo ejecutados por generales pertenecientes a las fuerzas militares, “sin contar con la voz de las víctimas de forma real”.

La madre de Andrea y directora de la Fundación, Yanette Bautista,  y Nanci Galarraga -que sufrió la desaparición de sus cuatro hermanas, violadas por más de 60 hombres del bloque paramilitar del Putumayo y después descuartizadas vivas-, estuvieron presentes en los diálogos de paz. A las partes sentadas en la negociación de La Habana se les compartió una propuesta redactada por las 17 organizaciones que trabajan desapariciones forzadas en Colombia que contienen “peticiones específicas muy importantes”, asegura la abogada.

“Una en el marco de la Comisión de la Verdad, que exige que las partes en conflicto digan qué hicieron con las personas desaparecidas y den información sobre su paradero. Y la segunda tiene que ver con un mecanismo para la búsqueda  e identificación de personas desaparecidas puesto que en Colombia no hay una entidad que se dedique a buscarlas de manera seria y es necesario dar un nombre y una identidad a este gran universo de desaparecidos no identificados y poder dar información a sus seres queridos que les siguen buscando”.

Pero después de esto no ha habido noticias al respecto, lo que está generando escepticismo y desesperanza en los movimientos de víctimas que han podido participar en La Habana. Además, para Andrea no se han abierto espacios donde las víctimas tuvieran un rol político, por lo que afirma sentirse un poco utilizadas “para tener protagonismo en el momento de su viaje y luego olvidarnos y no tenernos en cuenta; para decir que estábamos participando, pero en realidad esa participación no se materializa en la garantía de la verdad ni la justicia, que es lo que buscamos”.

Otra de las cuestiones que Andrea señala de este proceso son los “beneficios” de la justicia transicional a las personas que financiaron la guerra y a los militares que participaron en graves violaciones a los derechos humanos, algo que baraja y pretende el expresidente César Gaviria, actual asesor del Gobierno de Juan Manuel Santos. Por su parte, Andrea considera que debe haber penas ejemplarizantes, “aunque sean mínimas”.

Del mismo modo, les preocupa la negativa del Estado colombiano a reconocer la responsabilidad de sus agentes y fuerzas militares en desapariciones forzadas. “Mi madre me contaba que ella le preguntó a un general que estaba en la mesa, por qué Nydia Érika apareció sin rompa interior y nunca había sido investigada la violencia sexual a la que había sido sometida, dónde estaban las personas desaparecidas de la Toma del Palacio de Justicia de Bogotá (asaltado el 6 de noviembre de 1985 y donde murieron 98 personas y otras 10 fueron desaparecidas); y éste, lo único que le respondió es que no sabía nada porque en el ejército nunca habían desaparecido personas”.

Unas declaraciones que aseguran el “silencio absoluto” por parte de los poderes colombianos que impiden que se haga “una paz con verdad, una paz con justicia, una paz sin impunidad”, aun en momentos de negociación.

Acuerdos donde los grupos paramilitares están quedando fuera, a pesar de seguir cometiendo graves violaciones de derechos humanos, lo que para Andrea es gravísimo y muy preocupante. “Porque para hacer verdaderamente un proceso de paz tienen que estar presentes todos los grupos que han ocasionado graves violaciones a los DDHH”, remata Bautista en su afán por aclarar que las cosas no se están haciendo del todo bien.

Impunidad imperante

Vivir ante tanta impunidad a lo largo de los más de 50 años que dura el conflicto en Colombia “es muy difícil” y genera “una impotencia inmensa”. A esto se une que algunos delitos, como la violencia sexual, la desnudez forzada o las ejecuciones extrajudiciales, no están tipificados por ningún código, dejando la puerta abierta a dicha impunidad.

Ahora, después de dos años de la firma de la Convención de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Fundación Nydia Érica Bautista ha elaborado un contra informe donde explican por qué el estado colombiano no está cumpliendo con la Convención y piden que reconozca las competencias del Comité de Vigilancia, cuyas facultades especiales son la búsqueda urgente de personas desaparecidas, la toma de decisiones en casos específicos, la presentación de cuadros sistemáticos con la Asamblea General y las visitas in situ, entre otras cosas.

“Pero el que el Estado colombiano haya sido también autor de desapariciones forzadas a finales de los años 70 e inicios de los 80, hace que no reconozca su responsabilidad”, asegura Andrea con lástima.

Actualmente, el marco que presenta el país en materia de derechos humanos también sorprende cuando el expresidente Álvaro Uribe señala a Yanette Torres como “guerrillera no desmovilizada” en un debate político o cuando, tras regresar de La Habana, fue amenazada  de muerte junto a otras 95 personas que trabajan en la defensoría de los derechos humanos por el grupo paramilitar Águilas Negras.

Sea como fuere, hay que destacar el papel esencial que presentan las mujeres colombianas en todo este proceso. Ya sea como víctimas o como defensoras empoderadas para saber la verdad de sus familiares desaparecidos, ellas son protagonistas de lucha. Y así, en un acto que se celebra este miércoles 25 en Madrid y organizado por Brigadas Internacionales de Paz, lo harán saber a través del informe Rostros de Mujer. Defensoras de derechos humanos alzando la voz que la ONG va a presentar en compañía de Andrea con el fin de visibilizar la situación de tantas mujeres que sufren en la búsqueda de la justicia, de la verdad y de la paz en Colombia; pero también para mostrar que la situación de violencia, amenazas y persecuciones en el país “sigue siendo alarmante”.


Silvia Arjona Martín es periodista y socia fundadora de la Asociación Extremeña de Comunicación Social (AECOS).


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