La ruta de los menores migrantes hacia EEUU al encuentro de sus familias: peligros y esperanzas

Las crisis económicas que golpearon América Latina en las últimas décadas obligaron a millones de personas a abandonar sus países y a emprender el peligroso camino hacia el norte. Las guerras civiles que azotaron Centroamérica en los años ochenta y los tratados de libre comercio hicieron cada vez más difícil la vida a parte de una población que protagonizó un éxodo en busca de oportunidades. En este momento, las leyes de extranjería y la crisis económica se encuentran detrás del nuevo drama de la migración: la salida de miles de niños y niñas que viajan solos a Estados Unidos buscando el encuentro con sus familias.

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Año 2003. Hace más de una década que la guerra civil en El Salvador ha terminado, pero la dolarización de la moneda y la apertura económica, en clara desventaja con el vecino del norte, empujan a cientos de miles de personas a una de las rutas más peligrosas del continente en busca de un sueño que puede terminar en las fosas comunes que cada poco tiempo son descubiertas en la frontera entre México y Estados Unidos.

Inmigrantes procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los países más castigados de la región, se endeudan para reunir el dinero necesario que exige el “coyote” que los conducirá por las rutas que esquivan a la “migra” hasta lograr tocar las aguas de Río Bravo, el peligroso río que marca la frontera con Estados Unidos y en el que cada año mueren ahogados decenas de inmigrantes en el intento por cruzarlo.

Ecuador, 1999. El país sufre una de las peores crisis financieras en medio del desastre ecológico provocado por el fenómeno de El Niño y la caída del precio del petróleo. La tasa de desempleo se dispara y el sucre, que al año siguiente será sustituido por el dólar, pierde el 67% de su valor en el mercado de divisas. La desastrosa situación en la que queda el país provoca la mayor oleada de inmigración en la historia ecuatoriana: entre 1999 y 2007, el saldo migratorio fue de cerca de un millón de personas, lo que supuso la salida de un 14% de la Población Económicamente Activa (PEA)[1], principalmente hacia Estados Unidos, España e Italia.

La marcha de miles de jóvenes y adultos dejó prácticamente deshabitados a multitud de pueblos de las provincias de la Sierra Sur ecuatoriana, como Cañar, Azuay y Loja, donde la inmigración había comenzado varias décadas atrás hacia Estados Unidos. La ausencia de los exiliados económicos marca desde entonces a las familias donde, al menos uno de los miembros, marchó con el afán de enviar dinero para aliviar la situación familiar. Muchos de ellos dejaron a sus hijos e hijas, aun siendo bebés, a cargo de abuelos, tías, o hermanas mayores. En municipios como estos, es habitual que en una misma familia convivan adolescentes de diferentes padres y madres que aún no han regresado del norte.

Chunchi es un pueblo enclavado en las montañas del sur de la provincia de Chimborazo que supera los 12.000 habitantes. Además de ser conocido por sus hermosas vistas de la sierra andina, Chunchi debe cargar con el peso de ser el municipio con el índice más alto del mundo de suicidios de niños, niñas y adolescentes, un terrible dato que los expertos vinculan a los trastornos emocionales provocados por la situación de abandono. Efectivamente, los datos de la municipalidad revelan que más de la mitad de los jóvenes escolarizados vive sin sus padres o madres, que se vieron obligados a salir a otros países. De forma paralela, en estos municipios se detectan cuadros de depresión, acompañados de violencia y de abuso de drogas y de alcohol en chicos acostumbrados a recibir ingresos de forma regular desde extranjero.

El drama de los suicidios entre estos menores de edad parece estar en clara relación con el movimiento migratorio. Según datos de Unicef, en las últimas dos décadas el suicidio en adolescentes de entre 12 y 17 años se convirtió en la segunda causa de muerte, mientras que en las zonas de la provincia serrana pasó a ser la primera causa en los últimos cuatro años.

“Mandados a traer” por sus familias

La mayor parte de los once millones de inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos son latinoamericanos que evitan salir del país. En caso de hacerlo y querer regresar, deberían intentar de nuevo la entrada de manera ilegal, con los costos y los peligros que ello implica. Por esta razón, es habitual que personas que marcharon hace una década no hayan visitado a sus familias en todo ese tiempo y que el único contacto que hayan tenido con los hijos e hijas que dejaron siendo bebés haya sido por vía telefónica e internet. Después de años de trabajo, es muy probable que estas personas se encuentren asentadas y quieran llevar a sus hijos con ellos, pero, ¿cómo hacer si no poseen documentación para solicitar la reagrupación, ni tampoco pueden salir del país?

El pasado año se vivió una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera entre México y Estados Unidos. Más de 90.000 menores de edad que viajaron solos hacia Estados Unidos fueron detenidos por las autoridades migratorias y conducidos a albergues saturados donde pueden esperar hasta tres años mientras su situación es resuelta. La mayor parte de ellos viajan solos desde Centroamérica huyendo de la violencia y de la pobreza y engañados en la esperanza de recibir los beneficios de una supuesta reforma de la Ley de 2008, a través de la cual los niños y niñas procedentes de países no fronterizos tendrían derecho a la celebración de un juicio en el que se les podría conceder la visa humanitaria que permita la ansiada reagrupación familiar.

Entre los miles de menores de edad detenidos, en los últimos dos años han sido identificados más de seiscientos ecuatorianos en albergues de Estados Unidos esperando a que su situación fuera resuelta. Según fuentes de la embajada de Ecuador en aquel país, en la mayor parte de los casos no se trata de chicos y chicas que salieran huyendo, como en el caso de los centroamericanos, sino que fueron sus propios padres los que pagaron al coyote para llevarlos desde Ecuador hasta la frontera con Estados Unidos.

La peligrosa ruta que siguen los inmigrantes que suben de forma clandestina a “La Bestia”, como se conoce al tren de carga que atraviesa México, está controlada por bandas criminales relacionadas con el tráfico de personas y el narcotráfico. Una vez que se adentran en el desértico camino que lleva al norte, la vida de los indocumentados está en manos de los tratantes. Las violaciones, los robos, los asaltos, la extorsión, la obligación de transportar droga y las desapariciones, son prácticas denunciadas por organizaciones de derechos humanos que encuentran escasa respuesta en unas autoridades que habitualmente forman parte del problema.

Si las familias que ahora reclaman a los menores tuvieron que pasar por esta misma situación, ¿es posible que expongan a tales riesgos a sus propios hijos e hijas, más vulnerables y que fácilmente pueden terminar en redes de tratantes? Según las averiguaciones para esclarecer los casos de los menores que fueron deportados a Ecuador, los coyotes encargados de sacar a los chicos y chicas del país son familiares o personas cercanas a los padres que están en Estados Unidos. Cobran entre 10.000 y 15.000 dólares por trasladar a los jóvenes.

La ruta identificada conduce a los menores por vía terrestre hasta Bogotá, donde es habitual que se separen del familiar al que los padres encargaron el traslado. De ahí, un avión los lleva hasta Honduras, país que no solicita visa a la ciudadanía ecuatoriana, y donde son recibidos por otro tratante que supuestamente logrará introducirlos en Estados Unidos. Pero al igual que ocurre en el tráfico de adultos, el coyote no siempre llega con sus “clientes” hasta la frontera y puede desaparecer en caso de que se produzcan redadas o asaltos. Si esto ocurre, el chico o chica deberá ingeniárselas para llegar en solitario a su destino.

La crisis humanitaria sufrida en su frontera llevó al gobierno estadounidense a lanzar una campaña informativa que perseguía disuadir a las familias que encargan el traslado de sus hijos alertando de los peligros que estos encontrarían en la ruta hacia el sueño americano. En un intento por evitar la llegada de miles de jóvenes, el presidente Barack Obama advirtió que estos serían deportados y no tendrían beneficios por el hecho de ser menores. Si se observan las condiciones de exclusión y miseria que sufren millones de jóvenes en Centroamérica, es probable que la aclaración de Obama sobre las leyes migratorias no logre evitar la salida de miles de personas.

En efecto, la organización Kids in Need of Defense, KIND, de asistencia a menores inmigrantes, manifestó que ninguno de los jóvenes atendidos había mencionado las reformas migratorias como justificación para su salida del país. En todos los casos, la violencia y la pobreza fueron las únicas motivaciones expuestas para emprender el camino al norte.


Mª Cruz Tornay forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate. Actualmente reside en Quito (Ecuador).


NOTAS:

  1. Ecuador, la migración internacional en cifras. FLACSO-Ecuador, 2008.

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