Por qué y cómo articular un proceso de paz en el País Vasco

El País Vasco ha vivido en los últimos años dos conflicto políticos: por un lado, el de no encontrar encaje administrativo satisfactorio dentro del Estado español; por otro, el de la violencia y violación de derechos humanos. Puesto que no parece que por ahora haya condiciones para avanzar en la 'verdad, justicia y reparación' en el marco de los partidos (ni el Gobierno ni el principal partido de la oposición trabajan por ello), lo que hay es que exigir tanto a ETA como al Estado pasos para desbloquear la situación de manera unilateral.

p63_inaki-landa_petxo-idoiagaComo decíamos, el País Vasco ha vivido, en los últimos años, dos conflictos políticos.

Uno, el de no encontrar un encaje administrativo satisfactorio dentro del Estado español. La última encuesta semestral (mayo de 2014) realizada en la Comunidad Autónoma Vasca por el Euskobarómetro es clara muestra de ello: sólo un 26 por ciento votarían hoy Sí a la Constitución; el propio Estatuto de Autonomía no obtendría más que un 30 por ciento de voto favorable (tuvo un 53 en su día); y un 59 por ciento es partidario de un referéndum sobre la independencia (que lo rechaza tan sólo el 25 por ciento).

El otro, el de la violencia y la consiguiente violación de derechos humanos. Llamarlo conflicto político no significa que esté políticamente justificado, claro que no, pero sí constituido en un y por un contexto político, sin el cual no podría analizarse racionalmente. Lo ha protagonizado, de un lado, ETA (con un innegable apoyo histórico de la izquierda abertzale), en nombre del derecho a la autodeterminación y la independencia nacional. Y ha estado confrontado a la violencia represiva ejercida, del otro lado, desde el Estado (con su innegable apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas institucionalmente representativas).

Hay relación entre ambos conflictos y entre los dos actores de cada uno de ellos. Pero creo que pese a esa relación, la solución de uno de los dos conflictos no debe depender de la solución del otro. Por decirlo de forma más rotunda en lo que se refiere al tema de este artículo: el reconocimiento del derecho a decidir no es condición previa para cerrar y sellar el proceso de paz.

Una crítica que, muchas veces, recibimos quienes hablamos de este proceso es que esa expresión revela equidistancia entre causantes de la violencia y víctimas de la misma. De ninguna manera. Al menos a partir de la existencia del actual sistema democrático (pese a que sea una deficiente democracia), ninguna justificación política debe darse a la violencia armada para su reivindicación de los legítimos derechos nacionales vascos, aunque haya sido esa reivindicación y no un “ansia mafiosa de poder personal” la que ha sustentado la militancia de ETA. Pero, en ningún caso, la acción de ETA puede justificar las reiteradas actuaciones contra los derechos humanos por parte del Estado, que por ser, precisamente, el Estado, resultan vulneraciones antidemocráticas de calado infinito.

Todo esto es básico para analizar y entender el conflicto vasco, pero no es equidistancia ante las violaciones de derechos humanos producidas en el mismo, sino denuncia de ellas. De todas ellas, aunque cada cual necesite su contextualización.

Por qué

En junio de 2013, la Secretaría del Gobierno Vasco para la Paz y la Convivencia publicó el documento Informe-base de vulneración de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013). Los datos más relevantes son:

  • 837 personas muertas y entre 2.635 y 2.600 heridas por las distintas ramas de ETA, comandos autónomos y otros.
  • 94 personas muertas y 746 heridas por las fuerzas de seguridad del Estado.
  • 73 personas muertas y 426 heridas por fuerzas parapoliciales.

Debe añadirse que miles de personas sufrieron extorsión económica, que entre 1.500 y 2.000 tuvieron guardaespaldas, que se produjeron unos 4.500 actos de kale borroka… y que hay 5.500 denuncias públicas por torturas en las comisarías.

Nadie ha refutado los datos de este informe. A todas estas vulneraciones de los derechos humanos deben aplicarse los tres criterios básicos recogidos en multitud de acuerdos internacionales y en el más elemental ejercicio de racionalidad democrática: verdad, justicia y reparación.

Y eso es, simplemente, el por qué del proceso de paz.

Existen, sin duda, lecturas e interpretaciones diversas sobre el conflicto violento y todo lo que le ha contextualizado y transversalizado en el País Vasco. Aunque debamos hacer el esfuerzo por verbalizar y escuchar todas ellas, ninguna debería negar la aplicación de esos tres criterios a todas las vulneraciones de derechos humanos. En las actuales condiciones, con la lucha armada de ETA definitivamente finalizada, las diferencias políticas sobre la naturaleza y las soluciones al conflicto vasco (se presenten del lado que se presenten) sólo se esgrimen como argumento contra al proceso de paz desde un irracional comportamiento sectario.

El por qué del proceso de paz está absolutamente justificado de modo propio, específico.

Cómo

El mes de mayo de 2013, el conocido como Foro Social para impulsar el proceso de paz (www.forosocialpaz.org) presentó doce recomendaciones tras discutir más de 500 propuestas con una participación implicada de más de 700 personas, una docena de las cuales eran expertas y expertos internacionales en procesos de paz.

Las recomendaciones incluían, específicamente, “el diseño de un proceso controlado, ordenado y consensuado que culmine con el desmantelamiento de armas y estructuras militares de ETA” con la colaboración de organismos facilitadores independientes.

Defendían una solución integral en el tema de presas y presos consistente en “adecuar la legalidad a la realidad y aplicar una justicia de carácter transicional”, pero aceptando que su reintegración social “se debe desarrollar de forma individualizada, escalonada y en tiempo prudencial” y que, además, “debe haber por su parte un reconocimiento del daño causado como consecuencia de su actuación”. En cuanto a las víctimas, al criterio general de “abordar lo acontecido y sus causas y reconocer y reparar al conjunto de víctimas” se decía expresamente “que se fije el principio de que no puede haber lugar para la impunidad”. Y se razonaba este punto diciendo que lo contrario, “además de no tener encaje en el ordenamiento jurídico internacional, iría en contra de los principios de verdad, justicia y reparación y de los derechos de las víctimas”, añadiéndose que “los estándares internacionales sí permiten que la aplicación de la justicia tenga en cuenta el contexto de un proceso de paz”.

Coincido con esos criterios. Pero, ¿se está caminando en ese sentido? Un poco sí, pero muy lentamente.

La Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno vasco presentó el 11 de junio de 2013 el documento Propuesta de Plan de Paz y Convivencia 2013-2016. Un objetivo de encuentro social. El Plan definía sus ejes en la “clarificación del pasado”, la “normalización del presente” y la “conciliación del futuro” y presentaba 18 iniciativas concretas para desarrollarlo. Inicialmente parecía que iba a existir un serio compromiso de las fuerzas parlamentarias con la Comisión de Seguimiento de este Plan. Pero poco o nada se ha avanzado después, y el pasado 3 de julio, tras la reunión de la Secretaría con los partidos, la citada Comisión sigue sin ponerse en marcha.

Un poco antes de que el Foro Social emitiese sus recomendaciones, la izquierda abertzale hizo público un manifiesto titulado Construyamos la paz en el proceso  democrático. Partía de reconocer “el dolor y el sufrimiento  que las diversas manifestaciones de violencia han producido en Euskal  Herria”, pero añadía, expresamente, su “profundo pesar” por “las consecuencias dolorosas derivadas de la acción armada de ETA”. Aceptaba  que “mediante sus declaraciones o actos” la izquierda abertzale hubiera podido proyectar “una imagen de  insensibilidad frente al dolor causado por las acciones de ETA” y que esto hubiera podido “suponer, aunque no de manera intencionada, un dolor añadido o un sentimiento de humillación para las víctimas”.

En diciembre de 2013, el Colectivo de Presas y Presos de ETA (EPPK), hizo público un comunicado en el que decía: “Asumimos toda nuestra responsabilidad sobre las consecuencias derivadas de nuestra actividad política en el conflicto político. Asimismo, mostramos nuestra voluntad para analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros, dentro de un proceso acordado que reúna las condiciones y garantías suficientes (…) Estamos dispuestos, dentro de un plan de actuación global, a estudiar y tratar la posibilidad de que el proceso que culmine con nuestra vuelta a casa se efectúe de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en tiempo prudencial (…) Podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa (nuestra excarcelación y de manera prioritaria nuestro traslado a Euskal Herria) se efectuase utilizando cauces legales, aun cuando ello para nosotros implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena”. Y añadían: “compartimos que tanto la ley como su aplicación cumplen una función esencial de cara al futuro, ya que han de ser utilizadas para fortalecer los pasos que hayan de darse”.

Son reflexiones importantes, pero no han tenido continuidad en valoraciones críticas sobre la legitimidad política de la lucha armada, ni sobre qué practicas concretas deben canalizarse para el reconocimiento social de las víctimas de ETA. Y aunque no deba achacárseles la principal responsabilidad de que los “compromisos individuales” para el acercamiento al País Vasco estén paralizados (la responsabilidad está en la política penitenciaria), tampoco han dado nuevos pasos en ese sentido.

En cuanto a lo que es una condición clara para el proceso de paz, el desarme de ETA, la situación es confusa. El 21 de febrero ETA dio por iniciado ese desarme. Pero lo que entregó a la Comisión Internacional de Verificación fue un fusil, una pistola, dos revólveres, 38 balas, dos granadas y diez kilogramos de explosivos; aunque sea cierto que iniciar el desarme tiene significado propio, la prueba de hacerlo no podía tener menos credibilidad. Después, en documento fechado el pasado 15 de julio, anunciaba el “desmantelamiento de las estructuras logísticas y operativas derivadas de la práctica de la lucha armada”, pero todo ello parecía quedar por verificar. Es muy cierto que la acción de los servicios secretos y policiales del Estado hace difícil un desarme que pueda ser verificado. Pero lo andado hasta ahora parece, al menos, confuso. Y superar esta confusión es, unilateralmente, responsabilidad de ETA.

Ciertamente, el Gobierno del PP y el PSOE trabajan más por su estancamiento que por su avance. Les interesa más (por razones electorales, seguramente) que se mantenga la situación de bloqueo del proceso y están jugando esta baza muy a fondo.

No parece, pues, que haya, por ahora, condiciones para avanzar en la “verdad, justicia y reparación” a través de acuerdos interpartidarios. En estas condiciones, lo que hay que pedir al sistema político (y a ETA y al Estado, incluso más radicalmente) son actuaciones unilaterales de desbloqueo, lejos del repetido sonsonete de “mientras los otros no se muevan, no hay nada que hacer”


Petxo Idoiaga es doctor en Periodismo y catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad, y autor o coautor de, entre otras publicaciones sobre el conflicto vasco: Comportament de la premsa en el procés de pau al Paìs Basc (Tripodos, Universidad Ramon Llul, Barcelona, 2001); “Com s’informen i què sens els catalans sobre el conflict d’Euskadi” (Quaderns del CAC. Consejo Audiovisual de Cataluña 2001); Al filo de la (in)comunicación (Con Txema Ramírez de la Piscina, Ed. Fundamentos, Madrid, 2002); “Discursos políticos y discursos informativos sobre el conflicto vasco” (Ágora. Revista de Ciencias  Sociales, Valencia 2004); “Actualidad del derecho de decisión y de su aplicación” y “Territorialidad y sujeto de decisión” (en El País Vasco en sus encrucijadas, Ttartalo, Donostia-San Sebastián, 2008); “ETA 1959-2009. Anotaciones históricas” (Viento SUR, Madrid, 2009); “Víctimas” (Viento SUR, Madrid, 2013); “El desarme de ETA” (Viento SUR, Madrid, 2014).

Artículo publicado en el nº63 de Pueblos – Revista de Información y Debate, cuarto trimestre de 2014.

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