Las cárceles de Brasil, reflejo de una sociedad que navega entre el desarrollo y las violaciones de derechos humanos

Durante muchos años, Brasil pensó que su mayor desafío era el crecimiento económico y la inclusión social. Generar renta para las personas más pobres, acabar con el analfabetismo, reducir las tasas de paro, invertir en el crecimiento del mercado interno y estabilizar su joven democracia eran objetivos repetidos como mantras por todos los candidatos en todas las elecciones desde el retorno de la democracia, a comienzos de 1980. Ese “país ballena”, casi diecisiete veces más grande que España, perseguía de manera obsesiva el sueño del desarrollo por la vía del crecimiento económico.
Fotografía: Conectas.

Fotografía: Conectas.

Hoy, pasados más de veinte años desde las primeras elecciones, tras la dictadura militar, las y los brasileños pueden decir que se alcanzaron muchas de las metas marcadas. Pero el país sigue lejos de donde esperaba. La imagen perfecta para el Brasil de hoy es la de un gigante con pies de barro: alto, grande y fuerte, pero con estructuras frágiles, basadas en siglos de discriminación racial, violación extensiva de los derechos humanos, desigualdad y corrupción, en un contexto en el que la relación entre la clase política y los bienes públicos es frecuentemente predatoria.

Para quienes miran desde afuera, es cada vez más difícil entender esa imagen. Las y los brasileños son el estereotipo de la alegría y de la ligereza, reciben el Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos, pero, a la vez, aparecen en los noticieros por sus altas tasas de homicidios y por la violenta represión policial contra las manifestaciones populares o contra quienes viven en las periferias (cuya imagen más visible internacionalmente son las favelas en Río de Janeiro).

Mirando hacia atrás, pocos países en el mundo pueden tener orgullo de haber mantenido su integridad territorial a lo largo de los siglos en relativa paz (el último conflicto en el que Brasil participó, dentro de sus fronteras, fue en 1864, en la Guerra de Paraguay). Desde entonces, mientras muchos de sus vecinos se enredaron en disputas por demarcaciones de territorios (Chile, Peri, Bolivia, Argentina y Venezuela poseen temas pendientes de fronteras y límites marítimos hasta hoy, en mayor o menor grado), Brasil ha mantenido su integridad haciendo frontera con todos los países de Sudamérica, con excepción de Ecuador y Chile.

Esa autopercepción pacifista, entretanto, no es tan verdadera cuando se trata de dirigir la violencia hacia su propia población. El golpe militar de 1964 dio inicio a un largo y penoso periodo en el que las violaciones de derechos humanos no tenían sólo el respaldo político de las elites económicas del país, como también un amparo legal derivado de cambios constitucionales absurdos conducidos por los militares. Por medio de los llamados actos institucionales, los dictadores suprimían garantías individuales del texto constitucional, lanzando el país a las tinieblas por más de veinte años. Casos de tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y muchas otras arbitrariedades fueron, entonces, política de Estado contra un “enemigo interno”.

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Sin evolución en el sistema carcelario

Los años 1980 trajeron la democracia de vuelta, pero sólo en parte. Para la población pobre y negra que habita las grandes periferias, la policía militarizada se ha encargado de dar continuidad a algunos aspectos del régimen autoritario. Si hay un área que no ha pasado plenamente por la democratización, ésa es el sistema carcelario. Brutalidades semejantes a las de los años 1960 e 1970 contra disidentes del régimen siguen siendo cometidas hoy contra la población reclusa, que ya es de casi seiscientas mil personas.

El Brasil de hoy tiene la cuarta mayor población reclusa del mundo, por detrás de EEUU, China y Rusia. En total, 548.000 brasileños y brasileñas están en la cárcel. El número de personas presas ha aumentado un 380 por ciento en los últimos veinte años, mientras el crecimiento de la población ha sido de 30 por ciento. Un estudio publicado por el Consejo Nacional de Justicia a comienzos de junio de 2014 sugiere que ese número puede ser todavía más grande: según el CNJ, si se contabiliza a las personas que cumplen arresto domiciliario, Brasil, con una población carcelaria de 715.655 personas, sobrepasa a Rusia. La obsesión policialesca se dirige hoy a un tipo determinado de brasileño: pobre, negro y morador de la periferia. Para estas personas siguen en vigor algunas de las normas de la dictadura. Los casos de tortura y malos tratos se suceden sin pausa en las cárceles. Recientemente, en el complejo carcelario de Pedrinhas, en el estado de Maranhão, se encontraron varios presos decapitados. Alguien grabó imágenes con un teléfono móvil y estas imágenes se difundieron en los telediarios.

Desde comienzos de 2013 murieron más de sesenta personas en esa misma cárcel. Cuando el gobierno decidió que tenía que hacer frente al problema, militarizó su administración. Pronto se vieron imágenes pavorosas de antidisturbios (tropa de choque) disparando balas de goma contra docenas de presos desnudos y amontonados en un rincón de una celda.

Situaciones como la de Pedrinhas muestran que el país no podría estar más alejado de donde esperaba estar cuando creyó que el crecimiento económico y la democracia representativa serían suficientes para dar inicio a un proceso civilizatorio.

A juzgar por lo que se ve en los presidios, el país sigue todavía en la era de las tinieblas. El sistema penitenciario brasileño ignora patrones éticos y de dignidad humana y rompe con los valores de la democracia. Es altamente discriminatorio, porque escoge a dedo la clase social que debe ser encarcelada.

Alrededor de 42 por ciento de las personas presas no se encuentra en las cárceles con una condena definitiva; mientras el déficit de plazas en las cárceles llega a doscientos siete mil (es decir, que son diez las personas que ocupan las plazas diseñadas para seis). Se violan sistemáticamente leyes y garantías constitucionales. El derecho a la amplia defensa tampoco se cumple: en São Paulo, cada defensor público del Foro de Barra Funda (uno de los más importantes de todo el país) es responsable, de media, de 2.500 procesos criminales. El propio sistema genera violencia, al no facilitar a las personas presas el reintegrarse en la sociedad. La tasa de reincidencia ronda el 60 por ciento.

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Todo lo que queda

La década de 1990 trajo estabilidad monetaria y el fin de la hiperinflación. El país vivió una ola de privatizaciones neoliberales y se abrió para el capital externo. El control inflacionario derivado del Plan Real dio previsibilidad a la economía y lanzó las bases para lo que vendría a ser el profundo ciclo de inclusión económica de los últimos 10 años.

Durante los tres mandatos consecutivos del Partido de los Trabajadores (PT), Brasil vio crecer su “clase media”, se redujo la pobreza y millares de brasileños y brasileñas pasaron a formar parte de la fiesta del consumo. El crecimiento del mercado interno amortizó el impacto de las crises financieras internacionales que afectaron Europa y los Estados Unidos, sugiriendo lo que parecía ser un ciclo virtuoso, iniciado con el Plan Real.

Pero si el poder de compra y el empleo crecieron, creció también la conciencia de la población brasileña sobre sus propias heridas, especialmente aquellas relacionadas con unos servicios públicos de pésima calidad, asociados a una de las tasas más draconianas de impuestos del mundo. En junio de 2013, un aumento de 0,20 reales en el precio de los billetes de bus en la ciudad de São Paulo fue la chispa que desató la más importante ola de protestas sociales desde el fin de la dictadura, destapando una olla de presión. La percepción de que el Estado trabaja en contra del trabajador, entregando servicios de transporte, salud y educación de calidad muy inferior a lo aceptable, ha crecido notablemente, especialmente cuando contrasta con el hecho de que el país ha invertido ríos de dinero en obras consideradas inútiles para dos mega eventos fugaces: el Mundial y las Olimpiadas.

Quiso el destino que la responsabilidad de lidiar con esa ola de protestas fuese justamente del gobierno dirigido por una ex prisionera política, la presidenta Dilma Rousseff, quien había sufrido el peso de la represión cuando fue encarcelada y torturada por la dictadura en su juventud.

Pese a que las fuerzas policiales sean controladas por los gobiernos estatales que componen la federación, cabe al gobierno federal señalar políticamente que es capaz de modular el uso de la fuerza contra un fenómeno de expresión nacional.

Los gobernadores de los Estados dieron una respuesta feroz a las protestas. Dilma no actuó mejor. En la mejor de las hipótesis, la presidenta fue cómplice de una policía que, una vez más, mostraba lo poco que había avanzado en sus valores y técnicas de represión desde el fin de la dictadura. En las calles convulsionadas se sucedieron casos de agresiones físicas, prisiones arbitrarias y muertes, y la clase media sintió en su propia piel lo que las y los brasileños más pobres ya conocían muy bien: la violencia de una policía que es muchas veces criminal contra la propia población.

La vulgaridad en el uso de la violencia es el rasgo común que traspasa todos los gobiernos. El legado de la brutalidad dejado por la dictadura es casi insuperable. Y la discriminación racial, que se remonta a más de quinientos años de historia, con la abolición de la esclavitud más tardía de todo el mundo (1988), es una marca indeleble en la cultura brasileña.

Todo el esfuerzo por levantar el país económicamente es poco si se compara con lo que todavía es necesario para elevar los estándares de respeto a los derechos humanos. Mientras no se salden las cuentas con su pasado, renovando los pilares que sostienen la actual democracia, de nada valdrá que Brasil ocupe el puesto de séptima, octava o, aunque lo fuese, primera economía del mundo.


Lucia Nader es la directora ejecutiva de Conectas Derechos Humanos (Brasil, www.conectas.org).

Traducido para Pueblos – Revista de Información y Debate por Laura Toledo Dauden.

Artículo publicado en el nº62 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2014.


 

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