En Argentina tenemos ley. ¿Cómo logramos el cambio?

Las leyes son palabra escrita y mucho más. Son el mapa en el cual nos podemos mover como sociedades modernas. Y cuando, además, son leyes construidas socialmente, debatidas y resistidas por las personas poderosas, denotan mucho más que ese marco normativo y develan cambios sociales necesarios. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) fue sancionada en Argentina en octubre de 2009, luego de una construcción social rica y participativa y de la voluntad política del Gobierno[1]. Sin embargo, hicieron falta cuatro años más para que se pronunciara la Justicia sobre el último de los obstáculos jurídicos que pusieron los medios y para que se pudiera avanzar sobre la concentración de medios y los oligopolios.

p61_radio_paula-cabildoMientras tanto, el debate por la nueva ley permitió cuestionar algunos elementos cruciales para las sociedades modernas. En primer lugar, planteó a gran parte de la sociedad que la comunicación es un derecho y que este derecho es mucho más que la actividad comercial que rige a los principales medios de comunicación del mundo. Por otra parte, visibilizó que detrás de los medios de comunicación hay una historia, en muchos casos fundacional, de relaciones sociales e interese sectoriales y políticos definidos. Y que estos intereses son los que marcan la agenda y la ideología del medio aunque el último siglo y medio haya tratado de convencernos de que el periodismo es trans-parente, ahistórico y desinteresado.

Nuevos actores y nueva concepción

Para los medios sin fines de lucro, esta ley nos convierte en actores de la comunicación audiovisual en la Argentina. De ser prohibidos pasamos a poder ocupar un 33 por ciento del espectro radioeléctrico y a tener derechos y responsabilidades ante el Estado. Pero, más allá de lo normativo, hubo un empoderamiento de los medios comunitarios (y las mujeres y hombres que los conforman), al ser protagonistas del cambio social a través de las leyes.

Además, colocó en la escena pública la presencia e importancia de los medios comunitarios y cambió el concepto de hacer comunicación. Ejercer el derecho a la comunicación no es sólo poder decir lo que uno quiere sin que se lo impidan, pararse en una plaza o detrás de un micrófono. Por supuesto tampoco es sinónimo de libertad de empresa. Es más, la comunicación y el derecho a ejercerla no es sinónimo de periodismo (que al fin y al cabo, es una construcción histórica de pocos siglos). El derecho a la comunicación significa que la palabra de todos y todas tenga peso, es el derecho a construir discursos que incidan, que se escuchen y, sobre todo, que se puedan construir colectivamente.

Lo que se busca con el derecho a la comunicación de los pueblos es que deje de existir, en palabras de Graciana Peñafort, una visibilidad tutelada, una mirada de los sectores populares recortada por los medios y por las clases e intereses que representan. No queremos una mirada tutelada por otros, un marco de entendimiento en el cual otros nos inserten. Queremos pensar nuestras realidades a través de nuestras representaciones y con nuestro lenguaje (que expresa, como sabemos, prácticas sociales y no es sólo un código común). Queremos gestionar nuestros medios y comunicar desde allí. Esto es algo que los medios comunitarios vienen planteando desde hace más de 30 años en la Argentina, pero que pudo cruzar las fronteras de nuestras organizaciones a partir de la lucha y de la sanción de la LSCA.

Para un medio comunitario la construcción colectiva de la comunicación está ligada a la búsqueda de la justicia social, de la igualdad y del buen vivir de todas y todos. Y la comunidad acá es mucho más que un territorio y tiene que ver con poder construir una ciudadanía donde los históricamente vulnerados y excluidos podamos ser dueños de nuestra historia, de nuestro presente y de nuestro destino. Pero ¿cómo logramos que esto deje de ser el deseo de unos pequeños grupos y pase a formar parte del “sentido común” de la sociedad (como en los dos últimos siglos lo fue la propiedad privada, el consumo y los derechos individuales por sobre los colectivos)?

El 33 por ciento

La reserva del 33 por ciento apunta a equilibrar los poderes mediáticos y a generar la posibilidad de la disputa de sentidos. Ese tercio del espectro radioeléctrico no es una concesión caritativa para los medios pobres, precarios y pequeños. Ese 33 por ciento representa o deberá representar la voz potente de un pueblo que fue silenciado por los poderosos, porque lo que se está discutiendo es quién queda adentro y quién queda afuera de la sociedad.

Sin embargo, para que esa voz deje de ser un susurro o sea mostrada por otros según sus propios parámetros (y hasta ahora, para las grandes mayorías, esto sigue siendo así), el sector comunitario (o sin fines de lucro, como indica la ley) debe fortalecerse. Esta es una pelea grande, que tiene algunos desafíos muy concretos: necesitamos medios comunitarios que puedan incidir en la agenda pública, en la transformación de la sociedad.

Y acá son varios los actores involucrados. Por un lado, los medios comunitarios, las organizaciones. ¿Cómo crecer sin perder el espíritu de medios comunitario, colectivo, que tiene a la comunicación como derecho y no como fin comercial? Es un terreno nuevo en América Latina. Tener fuerza y ser pueblo al mismo tiempo. Y en esta última década, en algunos países, ser pueblo y ser gobierno. Esta unión requiere de capacidades técnicas y de mirada clara en cuanto a objetivos sociales y políticos, requiere organización profunda. En el caso de los medios comunitarios, ahora que hay un marco normativo, tenemos que poder tener una estructura interna lo suficientemente fuerte como para resolver los requerimientos administrativos y legales que plantea la ley y el Estado; pero también tenemos que poder generar cambios sociales y para esto hay que tener medios técnicamente potentes, audiencias que nos escuchen y generar contenidos originales, de calidad, inclusivos y atractivos.

Por otra parte, este crecimiento va a ser complejo si no tenemos un Estado que acompañe el fortalecimiento. Como ha acompañado el crecimiento y sostén de las industrias, del agro, del cine, la literatura o las bibliotecas populares. La búsqueda del bien común implica desarrollar políticas públicas de comunicación que permitan fomentar y sostener el sector para que cumpla la función social necesaria en la construcción de una sociedad mejor. Y en este sentido, es importante aclarar que “sin fines de lucro” no significa que no se requieran ingresos. Significa que los recursos se necesitan para transformar la realidad de muchos, en lugar de generar más recursos para unos pocos. En Argentina se están dando algunos pasos en ese sentido, la ley prevé ciertos aspectos (Fondo de Fomento para sector sin fines de lucro, por ejemplo) y otros caminos están todavía por recorrerse (discusión de la pauta publicitaria, políticas impositivas, redistribución de ingresos, acompañamiento institucional o trabajo autogestionado).

Una ley no termina cuando se escribe. Y una ley que viene a transformar no sólo estructuras económicas sino concepciones culturales no se aplica mágicamente. Se construye, entre todos. Requiere de Estados que respeten la voz y los intereses del pueblo y también de hombres y mujeres organizados que nos sumemos a estos espacios tan diferentes a los que los últimos años de liberalismo nos han enseñado. Medios donde no es importante nuestra pequeña voz individual ni nuestra “carrera”, sino que se va descubriendo, con maravilla, cómo con la voz colectiva aparece algo nuevo, potente, que permite que el sueño de una Patria Grande con justicia e igualdad esté un poco más cerca.


Mariela Pugliese Lacorte forma parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y de la Radio Comunitaria FM Bajo Flores.

Artículo publicado en el nº61 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo trimestre de 2014, monográfico sobre comunicación, poder y democracia.

NOTAS:

  1. Busso, Néstor; y Diego, Jaimes (comp.) (2011): La Cocina de la Ley, El proceso de incidencia en la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, ed. FARCO, Buenos Aires.

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