El derecho a la comunicación y las políticas públicas de diversidad en América Latina

En una época de mercantilización generalizada, economías globalizadas y digitalización, se vuelven esenciales reivindicaciones y presiones sociales permanentes por leyes y políticas públicas que favorezcan la construcción de sistemas de comunicación más equitativos y diversificados. Lo que significa, de un lado, enfrentar la concentración monopólica de los medios, definiéndose límites a la actuación de los grupos privados que operan la radiodifusión bajo el régimen de concesión pública; y de otro lado, priorizando medidas que aseguren la inclusión y el fomento de medios alternativos, comunitarios, públicos y sociales, capaces de ampliar la participación de múltiples voces sociales en los sistemas de difusión.

Está en cuestión hacer prevalecer un conjunto de principios y prácticas que, teniendo en cuenta las complejidades y reconfiguraciones de la era digital, protejan e impulsen la diversidad, la información veraz, la producción audiovisual nacional y las identidades y tradiciones culturales de los pueblos, a partir del reconocimiento de su rol esencial en la vida de los individuos y de las comunidades.

La comunicación desempeña un papel clave para la consolidación o la reversión de consensos y también para la soberanía nacional, el desarrollo cultural, la integración regional y la cooperación internacional. Cuando me refiero a la formación de consenso, tengo en mente el concepto de hegemonía propuesto por el filósofo marxista italiano Antonio Gramsci. De acuerdo con sus ideas, la hegemonía presupone la conquista del consenso y del liderazgo cultural y político-ideológico por una clase o bloque de clases que se impone sobre las otras. Involucra la capacidad de un determinado bloque de articular un conjunto de factores que lo habilite a dirigir moral y culturalmente, y de modo sostenido, la sociedad como un todo. La hegemonía es obtenida y consolidada no sólo por cuestiones vinculadas a la estructura económica y la organización política, sino también, en el plano ético-cultural, a la expresión de saberes, prácticas, modos de representación, juicios de valor y modelos de autoridad que quieren legitimarse y universalizarse.

Por lo tanto, la hegemonía no debe ser meramente entendida en los límites de una coerción pura y simple, puesto que incluye la dirección cultural y la aquiescencia social a todo un conjunto de convicciones, creencias, normas morales y reglas de conducta. Se torna indispensable definir estrategias de argumentación y persuasión, como también acciones concatenadas que resulten en interpretaciones convincentes sobre la realidad social.

La batalla simbólica por la democratización de la comunicación necesita cuestionar las verdades discursivas que los medios, como aparato privado de hegemonía, elaboran, diseminan y ambicionan perpetuar. La pluralización depende de varios factores, entre ellos el convencimiento público sobre la necesidad de espacios más libres de información y opinión, y la implementación de políticas públicas que promuevan una efectiva diversificación de los contenidos.

Kania FM (Venezuela). Fotografía: M. Cruz Tornay.

Kania FM (Venezuela). Fotografía: M. Cruz Tornay.

Las políticas de comunicación

Los marcos modernos de las políticas de comunicación se relacionan con los objetos nacionales perseguidos por los Estados a lo largo de los siglos XIX y XX como respuesta a la renovación continuada de las tecnologías. El papel del Estado fue esencial en el desarrollo del telégrafo, de las telecomunicaciones, del cine, de la radio y de la televisión. A medida que estas industrias se fueron consolidando, la actuación estatal se volvió determinante para la configuración de derechos, reglamentaciones y restricciones.

En función de la correlación de fuerzas vigente en cada coyuntura específica, las políticas oscilaron y oscilan entre la defensa del interés público y las exigencias de rentabilidad de las empresas privadas. No obstante este movimiento pendular entre los valores sociales y las ambiciones mercantiles, históricamente es en nombre del interés nacional que se reconoce y se legitima la intervención del Estado para ordenar y armonizar los mercados constituidos por nuevos medios de comunicación y redes de distribución de contenidos. Esa intervención en general abarca la fijación de normas, estrategias y prácticas de organización, regulación, gestión, financiamiento, formulación de planes y condiciones competitivas. Se trata de reconocer al Estado como instancia capaz de resguardar el interés colectivo en los procesos, prácticas y dinámicas comunicacionales, en comparación con los designios del mercado y sus engranajes de gestión, reproducción y comercialización.

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Uno de los marcos de las discusiones sobre políticas de comunicación fue el célebre Informe Mc Bride, titulado Un mundo y muchas voces, que resultó de iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a fines de la década de 1960 para intentar revertir el desequilibrio de los flujos internacionales de información y construir el Nuevo Orden Mundial de la Información y de la Comunicación (NOMIC). Un paso adelante en esta dirección fue la aprobación, en la Conferencia General de la Unesco, realizada en noviembre de 1978 en París, de la Declaración sobre los principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación masivos para el fortalecimiento de la paz y de la comprensión internacional para la promoción de los derechos humanos y la lucha en contra del racismo, el apartheid y la incitación a la guerra.

En 1980, el Informe McBride reconoció la existencia de un grave desequilibrio en el flujo mundial de información y comunicaciones, y promovió la discusión de alternativas que pudieran revertir la situación. Su publicación estimuló una serie de conferencias regionales, incluso en Latinoamérica, sobre políticas culturales y comunicacionales, patrocinadas por la Unesco. Sin embargo, el Informe McBride y la Unesco enfrentaron fuerte oposición por parte de los grupos globales de los medios y durante la onda neoliberal, bajo el liderazgo de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, cuando se puso en marcha una ofensiva mundial en favor del “libre flujo de la información”.

A partir de ahí, la discusión sobre el desequilibrio en el flujo de informaciones Norte-Sur fue oficialmente moviéndose hacia el ámbito de la actual OMC (Organización Mundial de Comercio), beneficiando los intereses de las potencias capitalistas y las corporaciones. Aun así, debemos resaltar que fue el debate iniciado en la Unesco con el Informe McBride el que llevó a impulsar las primeras formulaciones sobre el derecho a la comunicación, que abarca el derecho de los pueblos a la información y avanza en relación a definiciones sobre los principios de libertad de expresión y de libertad de prensa.

A partir de 1980, en el cuadro de globalización capitalista e internacionalización de los mercados, las políticas neoliberales de desregulación, desestatización y privatización debilitaron la interferencia del Estado en áreas estratégicas y en la promoción de políticas sociales. El discurso dominante pasó a rotular como “intromisión indebida” del Estado la formulación de directrices para la expansión de las tecnologías de conexión y transmisión (satélite, cable, redes infoelectrónicas), bajo la justificación de que correspondía al mercado autorregularse. Con esto, las ambiciones empresariales predominan en las reglas básicas de la convergencia digital, promovida por la hibridación de las infraestructuras (redes, plataformas, sistemas) de generación de datos, imágenes y sonidos.

En América Latina

La adhesión de numerosos gobiernos latinoamericanos al ideario neoliberal ocasionó una serie de distorsiones. En los últimos treinta años, las políticas públicas de comunicación estuvieron orientadas por la eliminación de restricciones a la concentración de medios. La revisión de los marcos legales fue hecha para posibilitar una “liberalización controlada”, con actores privados asumiendo el control sobre las cuestiones clave que involucraban el sistema comunicacional como un todo. A continuación, las políticas se volvieron escasas e insuficientes, y los controles monopólicos se beneficiaron con legislaciones omitidas o complacientes. La privatización desenfrenada acentuó la concentración (de propiedad, de capitales, de medios tecnológicos, de dominios sectoriales) de las industrias de información y entretenimiento en manos de un reducido número de corporaciones nacionales y transnacionales, con alianzas estratégicas y asociaciones en todos los continentes.

Por consiguiente, el reflujo de las políticas públicas de comunicación en las décadas de 1980 y 1990 tuvo que ver con la concentración y la transnacionalización, así como con la omisión, muchas veces deliberada, por parte de los Estados de sus responsabilidades para con la modernización de las infraestructuras productivas y tecnológicas, y la acción regulatoria.

En el contexto de crisis del neoliberalismo, en el ámbito de la sociedad civil, se están retomando las reivindicaciones por una participación más activa del Estado en la reestructuración y en la regulación de actividades esenciales. Entre las cuestiones prioritarias, se destacan la concentración en la propiedad de los medios de comunicación; la convergencia entre los sectores de informática, audiovisual y telecomunicaciones, y las formas de regulación de la radiodifusión y de los flujos globales de comunicación.

Esfuerzos por cambiar la estructura

En ese sentido debemos destacar los esfuerzos de gobiernos progresistas latinoamericanos (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y Uruguay) para aprobar y aplicar legislaciones que cambian los modos de estructuración de la radiodifusión, a partir de la comprensión de que es necesario revertir las condiciones que beneficiaron la expansión de los monopolios mediáticos. Y lo hacen tomando en cuenta las situaciones específicas de cada país y enfrentando violentas campañas opositoras de los grandes medios, que no se conforman en perder espacios de influencia social y privilegios económicos y financieros.

Se trata de promover medidas que aseguren una distribución equitativa entre tres instancias involucradas en la radiodifusión: el Estado (para garantizar un servicio público de calidad), el sector privado (con fines de lucro y responsabilidades sociales) y el sector social (sin fines de lucro, independiente del poder estatal y constituido por entidades y movimientos comunitarios, sociales, étnicos y de género, universidades, sindicatos, asociaciones profesionales, etc.).

La distribución equitativa demarca los campos de actuación de los actores que interfieren en los procesos comunicacionales, de modo que resulta decisiva para separar los presupuestos comerciales de los contenidos de interés social y comunitario. Igualmente, es importante para distinguir las particularidades de las esferas estatal y pública (que representan los diferentes grupos, clases e instituciones sociales).

De ahí la relevancia de una distribución equitativa del espectro de la radiodifusión, respetando las peculiaridades de los sectores estatal, público, privado y social/comunitario, pero impediendo la supremacía de los intereses mercantiles. La radiodifusión es parte de los bienes públicos comunes, y de esta forma no puede ser monopolizada por actores privados, como si fuese de su exclusiva propiedad.

Se amplía en entendimiento de que es el Estado la única institución que puede salvaguardar la diversidad cultural en tanto elemento fundamental para la afirmación de la ciudadanía. En este sentido, y sin ignorar los efectos de la explosión digital en curso y la necesidad del Estado de respetar los derechos individuales y colectivos, crece la importancia de políticas públicas que tengan en cuenta la libertad de expresión como parte constitutiva del derecho humano a la comunicación y exigencia insuperable para la democratización de la vida social.


Dênis de Moraes es doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro y profesor e investigador de la Universidad Federal Fluminense, en Brasil.

Artículo publicado en el nº61 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo trimestre de 2014, monográfico sobre comunicación, poder y democracia.


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2 pensamientos sobre “El derecho a la comunicación y las políticas públicas de diversidad en América Latina”

  1. Encontré la revista Pueblos 61 por derivación d eun colega, allí aparece una rtículo sobre el tema del derecho a la comunicación. Siendo un tema de mi interés personal y trabajo académico a lo mejor podríamos entrar en contacto para intercambiar pareceres sobre esta temática. Yo soy docente de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad católica Bolivian San pablo (La Paz, Bolivia) y dirijo el departamento del SECRAD (Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo) de la misma UCB. Un saludo, atte, José luis Aguirre A.

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