Políticas sociales en El Salvador: actualidad, cobertura, presupuesto, problemas y retos

El Salvador, con sus 21.000 kilómetros cuadrados y 5,7 millones de habitantes, es uno de los países más pequeños de América Latina. Su historia se ha caracterizado por profundas inequidades entre personas ricas y pobres que han generado siempre conflictos sociales. Inequidades que, en la historia reciente desembocaron en una guerra civil que duró 12 años y que finalizó con los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados en enero de 1992. Hoy se trabaja, desde instituciones y organizaciones, para superar esta situación y lograr una sociedad más justa e igualitaria.
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Fotografía: Conchi Abascal.

Los Acuerdos de Paz generaron elementos muy importantes, como la constitución en partido político de la fuerza insurgente aglutinada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); la eliminación de los cuerpos represivos como la Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Policía Nacional; la reducción casi a un 30 por ciento de la Fuerza Armada, la creación de la Policía Nacional Civil y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para tutelar en este ámbito el accionar de las instituciones del Estado. El gran déficit de los Acuerdos de Paz se dio en materia económica: los dueños del país se mantuvieron hasta la fecha sin cambiar estructuralmente las causas que dieron origen a la guerra, como la tenencia de la tierra.

De 1989 a 2009 El Salvador estuvo gobernado por el partido neoliberal de derecha radical, la Alianza Republicana Nacionalista ARENA, cuya gestión se vio caracterizada por procesos de privatización que trasladaron a miembros activos de su dirigencia los activos del Estado, haciendo que servicios básicos como telefonía, pensiones, distribución de energía eléctrica, bancos, hoteles, trámites de permisos y registros de vehículos pasaran a sus manos en muchas ocasiones de manera fraudulenta. A la vez, en este mismo periodo cerraron una serie de instituciones como el Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) y el Instituto de Vivienda Urbana (IVU). Son por hoy los dueños del partido ARENA quienes se benefician de la importación de granos básicos y de la construcción de vivienda mínima.

En materia de salud, durante el año 2002 el presidente Francisco Flores trató de privatizar los servicios del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Esto fue frenado por la lucha de la población, aunque se impuso el cobro de las mal llamadas cuotas voluntarias en los tres niveles de atención del Ministerio de Salud, lo cual constituye una barrera de acceso a los servicios.

El cambio de 2009

En marzo de 2009 se da un cambio sustancial que afecta de manera muy importante a los programas sociales: triunfa en las elecciones presidenciales el Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Se inicia una serie de cambios en las políticas sociales, cambios que han tenido un impacto muy importante sobre todo a nivel rural, en comunidades por años olvidadas y sumergidas en condiciones de extrema pobreza.

De la totalidad de la inversión pública programada por el Gobierno para 2013, el 61,3 por ciento de la ejecución se destinó a proyectos de desarrollo social. Las políticas sociales más importantes implementadas en este período se centraron en salud, educación, agricultura, vivienda y mejoras en la atención especializada hacia las mujeres.

Importantes pasos en salud

En materia de salud, se ha diseñado de manera participativa y lanzado en 2010 un proceso de Reforma Integral de Salud que consta de ocho ejes:

  1. Desarrollo de redes integrales e integradas de servicios de salud.
  2. Sistema Nacional de Emergencias Médicas.
  3. Respuesta a las necesidades de medicamentos y vacunas.
  4. Trabajo intersectorial e intrasectorial.
  5. Instituto Nacional de Salud.
  6. Participación social. Foro Nacional de Salud.
  7. Desarrollo de Recursos Humanos en Salud.
  8. Sistema Único de Información y Planificación Estratégica.

La reforma tiene como objeto acercar los servicios a las comunidades más pobres a través de 481 Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOS) y 36 ECOS especializados. Abarca un total de 164 municipios, teniendo como criterio de instalación el mapa de pobreza extrema del país.

Un indicador de este esfuerzo es el incremento en la cobertura de la atención prenatal de un 54,8 por ciento en 2008 a un 90,7 por ciento en 2012. En esta gestión se aprobó la Ley Nacional de Medicamentos, con elementos muy importantes como la regulación de precios, que en su primer semestre de aplicación ha generado un ahorro de unos 31 millones de dólares a las familias salvadoreñas. Estas familias, ahora, pueden comprar los tratamientos completos, lo que se traduce también en una mejora para la salud de la población. Otro logro de la Ley ha sido la creación de la Dirección Nacional de Medicamentos como ente rector, que prohíbe la participación de la industria farmacéutica en la regulación del sector, como había sido históricamente. Se ha mejorado el nivel de abastecimiento de medicamentos del 50 (antes de la llegada del FMLN al Gobierno) a un 85 por ciento hoy.

Por primera vez se abre un espacio a la participación ciudadana como parte integral de la Reforma de Salud, mediante la instalación del Foro Nacional de Salud como un eje de la Reforma. Se cuenta por ahora con 450 comités comunitarios en un total de 64 municipios. Los líderes y lideresas participan activamente en las micro redes del Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) haciendo propuestas y contraloría de la efectiva implementación de la Reforma.

Se ha elaborado e impulsado una política de salud sexual y reproductiva con la que se ha logrado reducir la mortalidad materna de 56 mujeres por cada 100.000 niños nacidos vivos a 50,8 en el año 2011, superando desde este año el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 5, “mejorar la salud materna”, que planteaba llegar a 52,8 muertes maternas por cada 100.000 niños nacidos vivos. Este logro ha sido causa de reconocimiento internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud.

La inversión en salud en esta gestión ha sido la más alta de la historia, creciendo de 391.3 millones de dólares en 2008 a 628 millones en 2013, con lo que se ha alcanzado una inversión 2,45 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). La promesa de campaña era llegar al 5 por ciento del PIB, algo que no ha sido posible por la crisis financiera internacional y por los altos niveles evasión fiscal que tienen las grandes empresas, especialmente.

Los avances en educación

Se está impulsado el Plan Social Educativo con programas como Educando para la vida. En el marco de este programa se han desarrollado campañas de alfabetización a nivel nacional. Hasta la fecha se han declarado 18 municipios libres de analfabetismo, pasando el nivel de analfabetismo del 18,09 por ciento que en el 2007 reportaba el censo de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), al 12,03 por ciento en la actualidad. Esto representa unas 142.785 personas alfabetizadas, con la participación de 50.000 alfabetizadores y alfabetizadoras voluntarias.

Otro programa que ha contribuido a superar la deserción escolar es el de los paquetes escolares, mediante los que se brindan zapatos y uniformes de manera gratuita a más de 1,3 millones de estudiantes y se beneficia también a 4.500 proveedores. Se calcula que con ello se generan aproximadamente 47.000 empleos directos e indirectos por año, contribuyendo de esta manera al desarrollo local de micro, pequeñas y medianas empresas.

Además de esto se impulsa el programa Vaso de Leche, que llega actualmente a más de 800.000 niños, niñas y adolescentes, que reciben dos vasos a la semana como complemento a la alimentación escolar. Es importante resaltar también que la leche se compra a productores locales.

Pese a los esfuerzos impulsados por fortalecer la educación en esta gestión, actualmente la inversión en educación representa el 3,3 por ciento del PIB, que es una de las más bajas en América Latina.

Abordando cuestiones pendientes

A través del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) se han destinado a cuestiones sociales en los últimos cuatro años 388 millones de dólares. 200 millones se han invertido en programas sociales y otros 188 en obras de infraestructura en las comunidades (esta inversión ha sido la más importante de las gestiones recientes).

Para prevención de desastres se han invertido 20 millones de dólares en obras de reducción de la vulnerabilidad en la zona del Bajo Lempa, a lo que se suman otros 9,2 millones de inversión en proyectos de agua potable.

Una deuda histórica en El Salvador ha sido el otorgamiento de títulos de propiedad. Ha sido en esta legislatura en la que se han otorgado un total de 47.000 títulos de propiedad y la meta es terminar el mandato (junio de 2014) con 50.000 escrituras entregadas. Esto es muy importante para la población rural, ya que por años esperó ser propietaria de su tierra y con ello poder acceder a vivienda digna, a recibir apoyo para la producción o a tener acceso al sistema financiero, entre otras cuestiones. Un desafío en este tema es que en la propiedad de la tierra se participe de manera equitativa entre hombres y mujeres, pues según investigaciones en nuestro país las mujeres sólo acceden al 15 por ciento de la propiedad de las mismas a nivel nacional.

El déficit habitacional también ha formado parte de la agenda nacional, de los programas sociales impulsados en los últimos cuatro años. El Gobierno ha ejecutado diversos programas habitacionales para dotar de un lugar digno para vivir a las familias de escasos recursos.

Las estadísticas del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) detallan que se han invertido 440 millones de dólares desde 2009 a la fecha, beneficiando a 100.000 familias cuyos ingresos oscilan entre uno y tres salarios mínimos. Esto es un elemento fundamental en la dignificación de las familias salvadoreñas, aunque falta promover el acceso a la propiedad de las viviendas por parte de las mujeres, que únicamente participan en un 40 por ciento como dueñas de las mismas, situación que las ubica en una condición de vulnerabilidad con respecto a los hombres.

Otro aspecto importante es el desarrollo de programas especiales para beneficiar a las mujeres más pobres y vulnerables del país y mejorar su acceso a la justicia, la salud y la economía, entre otros. El mas relevante de ellos ha sido el Ciudad Mujer, un sistema integral e integrado de servicios especializados para las mujeres en los ámbitos de salud sexual y reproductiva, de autonomía económica, tanto por la vía del empleo formal como del apoyo al emprendedurismo. Se han desarrollado, además, programas y campañas que favorecen la erradicación de la violencia hacia las mujeres, mediante la operativización del marco normativo para la igualdad de género en el país, así como la implementación del Plan Nacional de Igualdad y Equidad para las Mujeres Salvadoreñas. Se ha aprobado la primera Política Nacional contra la Trata de Personas y se ha logrado una disminución considerable de feminicidios.

Durante el mes de octubre 2013, el presidente Mauricio Funes presentó a la Asamblea Legislativa la Ley de Desarrollo y Protección Social, a fin que el país cuente con un cuerpo jurídico que garantice la continuidad y sostenibilidad jurídica y financiera de los programas sociales, para que estos programas sigan avanzando y cosechando logros después de que finalice su gestión, en mayo de 2014.

Somos numerosas las personas que, desde las organizaciones sociales, respaldaremos férreamente y demandaremos ante la Asamblea Legislativa que se apruebe esta propuesta de Ley. Como siempre jugaremos un papel en su defensa y en las acciones de contraloría para que los programas sociales se desarrollen en beneficio de nuestras mujeres y de nuestra niñez.


Margarita Posada coordina el Foro Nacional de Salud de El Salvador.

Publicado en el nº 60 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2014.


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