Bajo la negociación política acerca de la paz se esconde la tenaza del Gobierno de Santos

A nadie escapa la importancia y necesidad histórica de lograr acuerdos de paz en Colombia que permitan la terminación de las hostilidades entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno. Sobre esto hay suficiente voluntad política acumulada, voluntad que permite señalar que se trata de un propósito que se abre espacio en la sociedad colombiana, con expectativas y esperanzas. Pero, en medio de las conversaciones de la Habana, se desarrolla una de las agendas más retrógradas de América, por parte de un Gobierno que aspira a reelegirse para, dice, “consolidar la Paz”.

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La condición de interlocutor de Juan Manuel Santos en la mesa de negociación le está sirviendo para avalar su aspiración de volver a ser presidente. ¿Cuál es la agenda que pretende reelegirse en Colombia y cuál ha sido su desarrollo a lo largo de este periodo? Durante estos últimos meses se han discutido los términos para la negociación política con las FARC, pero a la vez se ha impuesto en el país un modelo de administración que ha exacerbado la inequidad, el abuso de la posición dominante de los bloques corporativos y la entrega de los recursos a transnacionales y grandes inversionistas.

El arranque del Gobierno de Santos evidenció la imposición de una vigorosa agenda legislativa de la llamada Unidad Nacional a partir de proyectos como la ley de víctimas y tierras, el de sostenibilidad fiscal, el de regalías, la ley de primer empleo, la reforma del sistema sanitario, el plan nacional de desarrollo, la ley de seguridad ciudadana o la ley de ordenamiento territorial. Desde los primeros días de mandato quedó claro el duro proyecto de gobernabilidad neoliberal (el mismo que ha colapsado Europa) y un régimen de mercantilización extrema de lo público y el territorio. La esencia de este proceso se confirmó a partir del nuevo periodo del Congreso, cuando en marzo del 2011 se presentó de forma definitiva el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, subtitulado Prosperidad para todos.

Plan de Desarrollo 2010-2014

El Polo Democrático se opuso en el Senado a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, explicando lo siguiente[1]: “Dicho plan, bajo el lema ‘El mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario’, atentó contra la soberanía, la idiosincrasia y la identidad nacional, a través de la compra y venta de todo. Así lo constatan los tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea; y el compendio de normas que se expresaron en el Plan de Gobierno y que se plantearon de forma agresiva la entrega de territorios, áreas estratégicas y zonas de reserva natural a grandes megaproyectos e inversionistas en materia minera, energética y de monocultivos con la cesión unilateral del petróleo, el coltán, el carbón, el oro, el níquel, el gas, la flora y la fauna, y en general los recursos naturales, incluida la tierra, con un gravísimo costo ambiental, social y cultural, que amenaza con daños irreversibles al territorio en Colombia.”

Del 20 de julio de 2011 al 16 de junio del 2012, el balance político estuvo marcado por el escándalo político más sonado de la administración Santos y su bancada de Unidad Nacional en el Congreso, a partir de la frustrada aprobación del proyecto de acto legislativo Reforma a la Justicia. Gracias al masivo rechazo que generó en la opinión pública, el Ejecutivo y la bancada oficialista se vieron en la obligación de retirar este proyecto.

La bancada de la Unidad Nacional aprobó igualmente en este periodo el proyecto de ley que ampliara las facultades de la Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005, preservando y profundizando las garantías a “los victimarios” sobre la base de la investigación e imputación de cargos en bloque.

El senador Alexander López[2], en su constancia de voto negativo, explica: “Ahora para superar las contradicciones de haber legislado para los victimarios antes que para los intereses generales de la sociedad y de las víctimas, se nos propone una reforma a la ley 975 que introduce una nueva lógica que supone investigación y juzgamiento de graves hechos criminosos en bloque y que, sobre la base de priorizar la determinación de las conductas y procesos de macro criminalidad, implica una mayor desinstitucionalización del procedimiento penal, de la responsabilidad individual en materia criminal y un reforzamiento de la concepción que termina subrogando el derecho penal sustantivo y la capacidad del Estado de administrar justicia¸ en favor de los procesados, sindicados, investigados, acusados y condenados de concertar, organizar, planificar y encubrir graves violaciones a los derechos humanos.”

En consonancia con lo anterior, se aprobó en último debate en la plenaria del Senado la reforma constitucional que aprueba la ampliación del Fuero penal militar; una iniciativa que implicó el desmonte del modelo de justicia penal militar existente hasta la fecha y que implicó la creación de un nuevo Tribunal de Garantías Penales, bajo la hegemonía de la Asociación de Militares en Retiro, para dirimir las competencias de la Justicia Penal militar en casos en que se presenten imputaciones a militares activos por violaciones a los derechos humanos.

Bogotá. Fotografía: Oscar Paciencia.

Bogotá. Fotografía: Oscar Paciencia.

La compra-venta de todo

A esta agenda se sumó la aprobación en sesiones extraordinarias del Senado a finales de diciembre del 2012 de la reforma tributaria (Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012). Esta aprobación concentró todos los esfuerzos del Gobierno, que utilizó todos los recursos propios del clientelismo para movilizar a la bancada oficialista y aprobar en tiempo extra la iniciativa. Estos movimientos expresaron de forma inequívoca la impronta antipopular, corporativa y profundamente inequitativa de la política económica y fiscal de la administración Santos.

Esta reforma, a todas luces anclada en el credo neoliberal, fue concebida ocultando la idea de proteger a los grandes capitales en tiempos de recesión económica y de continuar castigando los menguados ingresos de los sectores que han cargado históricamente con la carga de las crisis. A su vez, esta reforma desmontó la parafiscalidad que sostiene al Servicio Nacional de Empleo (SENA) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Existe un grave riesgo de desfinanciación estatal de estas entidades, inminente con la reforma fiscal.

En el primer semestre del 2013 se acometió la reforma del sistema de salud. Su trámite en el Congreso se dividió en dos proyectos de ley: uno de carácter estatutario, que regula el derecho fundamental a la salud, declarado por la sentencia T -760 del 2008 por la Corte Constitucional; y otro mediante una propuesta de ley ordinaria que reforma el sistema general de salud. Ambas son iniciativas del Gobierno, unidas por una línea programática transversal que pone de manifiesto sus profundas convicciones en la intermediación neoliberal del derecho a la salud y la protección de los grandes intereses particulares y corporativos en la especulación con los recursos públicos destinados a salud.

En junio de 2013 fue aprobado en la plenaria del Senado de la República el proyecto de Ley Estatutaria 209 de 2013, que “regula el derecho fundamental a la Salud” y dicta “otras disposiciones”. Esta ley tendría graves consecuencias para el interés general, pues con ella el sistema de salud no garantizaría en lo más mínimo el derecho fundamental a la Salud ordenado por la Corte Constitucional. Contiene, por el contrario, serias limitaciones al mismo y mantiene los ejes centrales del actual esquema de salud contemplado en la Ley 100, con énfasis en la preservación de los márgenes de intermediacion privada en la atención y prestación de la atención en salud.

El trámite de esta nueva ley ha encontrado fuerte y masiva resistencia entre las y los médicos, residentes y otros trabajadores de la salud, así como entre estudiantes y organizaciones de pacientes. El polémico proyecto continuará debatiéndose en 2014.

Apaciguar a los socios

El primer semestre de 2013 registró también un fuerte debate liderado por el senador Alexander López en contra de la política de desmantelamiento de las empresas estatales de telecomunicaciones mediante la consolidación de la entrega al duopolio Claro – Movistar del espectro radioeléctrico para la llamada operación 4G[3].

En noviembre de 2013 fue conocido públicamente un informe oficial de James McGovern y George Miller al Congreso de Estados Unidos. En este informe se aseguran hechos tan graves como que existen serios elementos de juicio en los Estados Unidos que permiten señalar que el Gobierno de Colombia no está cumpliendo con los acuerdos en materia laboral, pactados e incorporados en el Plan de Acción Laboral, firmado por el presidente Santos para lograr la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2011.

Al mismo tiempo, según las cifras presentadas en el Senado por parte del movimiento sindical, en 2011 fueron asesinados 52 sindicalistas en Colombia. Un total de 557 sindicalistas ya habían sido asesinados durante el mandato anterior, del presidente Álvaro Uribe, mientras que durante el gobierno actual fueron asesinados 62 sindicalistas. El número total de asesinatos de dirigentes sindicales colombianos después de la firma del Plan de Acción Laboral (PAL)[4] entre los presidentes Santos y Obama supera el centenar de casos, según registra la comisión de seguimiento del dicho Plan.

Los esfuerzos del actual presidente, Santos, y su joven Ministerio del Trabajo no sólo son incipientes y precarios ante las urgentes demandas del sector laboral en Colombia, sino que, además, parecen estar más orientados a apaciguar los reclamos y preocupaciones de socios comerciales externos, como Estados Unidos, que diseñados para resolver las crecientes y angustiosas reclamaciones de justicia laboral y respeto por la autonomía sindical de las y los trabajadores colombianos.

Exponemos, a continuación, un solo ejemplo. La situación de los trabajadores petroleros en la región de la altillanura del Meta y Casanare ameritan especial atención con ocasión del boom del petróleo pesado, liderado por la política del presidente Santos y por la operación de transnacionales como Pacific Rubiales en el municipio de Puerto Gaitán. Acaban con el tejido social, las fuentes de agua, los recursos sobre el territorio y la convivencia en las áreas de exploración petrolera en medio de la superexplotacion de miles de trabajadores.

Así las cosas, el camino para la negociación política del conflicto será larga y exigente. La duda es si será necesario exculpar y avalar semejante proyecto de reelección presidencial, que podría, quizás, conducir a la mesa de negociación en La Habana, pero que en Colombia nos aleja cada vez más de una transición democrática que supere las condiciones que generaron el conflicto y asolaron la sociedad.


Alberto Bejarano S. forma parte de la Unidad Técnica Legislativa H.S. Alexander López Maya.

Publicado en el nº 60 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2014.


NOTAS: 

  1. Ver en www.polodemocratico.net.
  2. Plenaria del Senado el martes 17 de octubre del 2012. Constancia de voto negativo al proyecto de Ley 193 de 2011.
  3. En abril, Alexander López enviaba una carta el presidente de la República en la que se podía leer lo siguiente: “Señor presidente, como senador de la República y como ciudadano colombiano, le manifiesto que tiene usted la gran oportunidad de brindarle a los colombianos un nuevo esquema de telefonía móvil en Colombia que garantice cobertura, calidad y bajos costos tarifarios a los usuarios de este servicio, tomando la decisión de no continuar con los contratos de concesión, de los operadores Claro y Movistar que vencen el próximo 31 de marzo del año 2014, ya que la Constitución y la ley así lo establecen, toda vez que para esta fecha no hay ninguna posibilidad de mantener dichas concesiones. Esta es, señor presidente, una histórica oportunidad que tiene en sus manos de proteger a los colombianos del abusos de estos dos operadores, creando un nuevo mercado plural con nuevos y más operadores y con mayor regulación de la oferta que surja de repensar la actual subasta del espectro y el final de la concesión de la TMC, permitiendo alcanzar soluciones de fondo a los problemas actuales del servicio ofrecido por el duopolio Claro-Movistar que domina la oferta de servicios que forzosamente tienen que utilizar los colombianos, incluyendo la propia casa presidencial.”
  4. Ver en www.mintrabajo.gov.co/tlc-plan-de-accion-laboral.html.

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