Una ley más dura contra la desobediencia de la PAH y el 15-M

Cuando la protesta ciudadana pasa por uno de sus momentos más bajos, aparece el gobierno con una ley llamada “de seguridad ciudadana”, que castiga con especial dureza toda forma de protesta que no responda al modelo convencional de “manifestación pacífica con comunicación previa a la autoridad” (y a ser posible que no corte el tráfico). ¿A qué viene esta preocupación del gobierno por blindar unas calles que en los últimos meses han perdido varios grados de temperatura?

Podríamos pensar que es una ley preventiva, que anticipa próximos (y mayores) rebrotes del malestar ciudadano. Por un lado, la protesta ha tenido hasta ahora flujos y reflujos, discontinuidad, intermitencia, por lo que sería esperable que el actual bajón fuese solo la calma que precede a una próxima tormenta.

Por otro, el gobierno parece augurar un 2014 más conflictivo que el pasado año. No extrañe: a la perspectiva de estancamiento en todos los indicadores sociales y laborales, se suma el desgaste de un año más de crisis, con cada vez más familias que agotan sus últimas prestaciones y el cada vez más exiguo colchón de ahorros y ayudas familiares, a lo que sumar los recortes y los aumentos de tasas por servicios públicos. Es previsible por ello que el descontento suba de nuevo la temperatura social.

De ahí que la nueva ley insista sobre todo en endurecer las sanciones de todos aquellos comportamientos relacionados con la protesta. Y en particular lo que tiene que ver con la desobediencia civil pacífica.

Algunos ejemplos: las manifestaciones en vísperas electorales (como las del 13-M de 2004; o las acampadas del 15-M antes de las municipales de 2011) se considerarán infracción muy grave con hasta 600.000 euros de multa. La misma sanción que tendrían comportamientos como perturbación de actos públicos (incluidos actos deportivos y religiosos). Con hasta 30.000 euros podrán sancionar las concentraciones ante instituciones (Rodea el Congreso), la obstrucción a la autoridad en la ejecución de decisiones administrativas o judiciales (como paralizar un desahucio), la resistencia a la autoridad (incluida la negativa a identificarse, práctica habitual de la policía en toda manifestación) o la perturbación del orden en campaña electoral (de nuevo el 15-M). Otras acciones sancionables son la acampada sin permiso (es obsesión la que tiene con el 15-M), los escraches, pero también las acciones frecuentes de ecologistas que se cuelan en instalaciones nucleares o escalan edificios.

Es obvio cuáles son los dos destinatarios principales de la ley de seguridad: la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y el 15-M. Es decir, las dos experiencias más exitosas de protesta de los últimos años. Y dos ejemplos que apuntan a la desobediencia pacífica como el camino a seguir frente a la ineficacia de otras formas de protesta clásica.

Desde el comienzo de la crisis las muestras de desobediencia han sido duramente perseguidas, forzando al límite las normas y la actuación de las fuerzas policiales. Nos hemos familiarizado ya con un término de nuevo cuño: la “burorrepresión”, el uso y abuso de las sanciones administrativas y la interpretación restrictiva de las leyes, como una forma de desactivar la protesta no por la vía del porrazo sino de la multa. Conscientes de que en estos tiempos de dificultad económica duele más una multa que un porrazo, el gobierno apuesta porque los policías saquen la libreta y el bolígrafo antes que la porra (aunque en muchos casos usan las dos, y el ciudadano se lleva porrazo y multa).

Lo saben bien los cientos de trabajadores, estudiantes y ciudadanos en general que en los últimos años han sido identificados arbitrariamente durante una acción de protesta y posteriormente han recibido una multa en sus casas; así como quienes se han encontrado con una inesperada citación judicial, acusados de delitos contra la autoridad que en algunos casos implicaban penas de cárcel.

Pero ante este abuso, en cada vez más casos los jueces acaban archivando o absolviendo a los acusados, poniendo por delante el legítimo derecho de manifestación, contra el criterio represor de la policía y la delegación del gobierno. Por eso la nueva ley clarifica los comportamientos sancionables y acentúa su gravedad, para llegar allá donde los jueces no estaban dispuestos.

La experiencia demuestra que, en tiempos de profundo malestar, el endurecimiento policial no acaba con las protestas. Pero de la misma forma que las cuchillas en la valla de Melilla no frenan la inmigración pero la hacen más dolorosa, cabe temer que la nueva ley de seguridad ciudadana no enfríe la calle, no frene la protesta, pero la haga más dolorosa.


Isaac Rosa es periodista y escritor. Su última novela es La habitación oscura (Seix Barral, 2013).

Publicado en el nº 60 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2014.


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