Perdemos todos los días, las mujeres un poco más

El anteproyecto de la reforma de la ley del aborto se traduce en que las mujeres somos malas, tontas o las dos cosas a la vez, y que desde luego necesitamos que alguien nos diga cuando podemos abortar y cuando no, no se nos vaya a ocurrir tomar decisiones por nosotras mismas, para este Gobierno andábamos ya muy sueltas.

Antes de 1985 se calcula que se practicaban unos 1.000 abortos ilegales en clínicas privadas bajo la calificación de “raspado de quistes”. Otras muchas mujeres no tenían más remedio que ponerse en manos de curanderas, cuyos métodos y medios higiénicos le dolerían a cualquier persona con un mínimo de empatía (de esas nos faltan datos como es natural). El resto, las que podían pagárselo, se iban a Londres de fin de semana y solucionaban su problema.

¿De verdad alguien piensa que por prohibirlo vamos a dejar de abortar? El año pasado más de 100.000 mujeres se acogieron a supuestos que de aprobarse el anteproyecto de ley convertirían sus interrupciones del embarazo en un delito. El ministro Gallardón ha creado un problema con un tema que ya estaba solucionando: la mayor parte de la ciudadanía admitía el derecho al aborto y ya no se generaban ni debates de enjundia, lo más que suponía era alguna manifestación de esas familias superultracatólicas reclamando el “derecho a la vida”. Pero, ¿qué vida?

Con todo esto, al hilo de la encuesta publicada en el periódico El País, aún siento que se denigra más la lucha por los derechos de las mujeres, porque al final la cuestión es que la propuesta de reforma resta apoyo al PP, adelanta al PSOE en intención de voto y coloca al ministro de Justicia como el peor valorado. Pues mira qué bien.

En este contexto siento la necesidad de contar la historia de una mujer que abortó en el año 1992 cuando tenía 24 años, yo misma, para unirla a las miles de experiencias de otras personas que por h o por b deciden abortar como una elección de vida, de la de ellas, de la mía. Tuvo el destino además, su poquita de mala saña, porque a principios de febrero de ese año mi hermana parió a su primer hijo y una buena amiga acababa de darnos la noticia de que iba a tener gemelos. En este ambiente, y teniendo clarísimo que quería ser madre en un futuro no muy lejano, me quedo embarazada y por muchas razones que no pienso explicar, no vayan a sonar a justificación, decido abortar. Antes de pasar por quirófano tuve la obligación de hablar con una psicóloga a la que convencer en media hora para que se me aplicara el supuesto terapéutico.

Yo sólo podía pensar en las miles de mujeres que por lo que quiera que sea no hubieran pasado la “prueba”. ¿Cómo no te va a afectar psicológicamente un hijo que no quieres tener? Y aún nos sentíamos con suerte, porque sólo hacía siete años que nos había concedido la gracia de despenalizar el aborto inducido en tres supuestos: riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada (supuesto terapéutico), violación (supuesto criminológico) y malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto (supuesto eugenésico). Muy lejos quedaba la ley aprobada en la II República en el Parlamento catalán el 9 de enero de 1937, la más vanguardista de Europa, que permitía la interrupción inducida del embarazo por razones terapéuticas, eugenésicas, neomalthusianas, éticas y sentimentales.

Ahora, cuando la pobreza grave afecta a tres millones de personas en este país, se sacan de la manga una polémica y generan un conflicto donde no lo había. Gente lista ésta que nos gobierna, especialistas en crear mil frentes de lucha restando derechos básicos para dividir nuestras fuerzas.


Amparo Pernichi es cooportavoz de Izquierda Abierta-Córdoba y forma parte de la asociación Paz con Dignidad.

Fuente: www.luzdelevante.com.


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