Asocios para el crecimiento y asocios público privados

Un paso más para la hegemonía de Estados Unidos en El Salvador

El 3 de noviembre de 2011 El Salvador rubricó el Plan de Acción Conjunta del Asocio por el Crecimiento Económico con los Estados Unidos 2011-2015. El representante del gobierno estadounidense destacó en la firma que el acuerdo para la cooperación en comercio, desarrollo e inversión entre ambas naciones era “la prueba fehaciente de que se quieren llevar a cabo cambios transformadores”[1]. La profundización del neoliberalismo y de la posición hegemónica de los Estados Unidos en la región se refuerzan a partir del esquema de interacción de la militarización, la diplomacia y el “desarrollo”; ampliando la pérdida de soberanía nacional de Estados periféricos como El Salvador.
Pueblos 58. El Salvador. María José Comendeiro.

María José Comendeiro.

El Plan de Acción Conjunta citado se basa en la directiva de política para el Desarrollo Mundial de 2010 mediante la que Estados Unidos estableció los Asocios para el Crecimiento o Partnership for Growth (PFG) con un grupo de países “para acelerar y sostener el crecimiento económico de amplia base”[2]. Con estos asocios se pretende comprometer a los gobiernos e involucrar al sector privado y a la sociedad civil en la búsqueda de nuevas fuentes de inversión, particularmente de inversión extranjera directa (IED), que logren el crecimiento económico de los socios.

Un estudio realizado en el marco de este asocio destacó dos cuestiones como principales limitantes del crecimiento de la economía salvadoreña: por un lado, la inseguridad y criminalidad existente en el país, por otro, la baja productividad en cuanto a bienes dedicados a la exportación[3].

Contra la inseguridad y criminalidad

La estrategia propuesta para abordar la restricción de inseguridad y crimen en El Salvador se basa en el fortalecimiento institucional del sector Justicia, la Policía Nacional Civil y la administración pública; la prevención del crimen y la violencia, la reducción de los impactos, la mejora de la seguridad en las prisiones y la promoción de la extradición.

Las Fuerzas Armadas ocupan un lugar prioritario en la lucha del Gobierno de Mauricio Funes contra la inseguridad y la criminalidad, que se evidencia en la ampliación de las funciones del ejército y el nombramiento de militares como ministros y altos cargos. Pero la militarización de la seguridad pública provoca distintas alteraciones: orgánicas (instituciones que ejercen facultades o competencias atribuidas con exclusividad a otros entes), subjetivas (militares ejerciendo cargos que han sido o deben ser ejercidos por civiles) y funcionales (atribuciones compartidas con límites ambiguos).

La estrategia del Gobierno de Funes frente a la inseguridad y el crimen responde fielmente a los lineamientos trazados por la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. La seguridad es uno de los objetivos más importantes para el Gobierno actual, como se desprende de las palabras del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Munguía Payés, “los derechos humanos no pueden convertirse en un obstáculo para combatir el crimen”[4].

Mejorar la productividad

Para incrementar la productividad en el sector de bienes dirigidos a la exportación (es decir, para terminar con la segunda limitante), la estrategia se basa en los siguientes puntos: mejora del ambiente institucional, creación de un Consejo de Crecimiento, aumento de la inversión en infraestructura y capital humano, refuerzo de la recaudación fiscal y de la transparencia, atracción de IED y fortalecimiento de instituciones y empresas para la internacionalización.

Como parte de las reformas definidas en el marco del Asocio para el Crecimiento, el presidente Funes envió a la Asamblea Legislativa en octubre de 2012 un paquete de iniciativas de Ley que definió con estas palabras: “son proyectos que necesitamos y han sido preparados para crear un ambiente jurídico institucional que estimule la atracción de inversiones tanto de capital nacional como internacional”[5]. Entre estos proyectos figuran la Ley de Asocios Público Privados, la Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones, la Ley de Firma Electrónica y la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización.

En febrero de 2013 la Asamblea Legislativa aprobó con 82 de 84 votos la propuesta de reforma de la Ley de Zonas Francas. Los cambios exoneran a las empresas maquiladoras del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y suponen la exención total de impuestos sobre la renta a la distribución de dividendos a accionistas e impuestos municipales por períodos de entre doce y quince años. Las empresas de determinados sectores (como dispositivos médicos y equipos para la generación de energía) pueden tener cinco años de exoneración adicional.

En materia laboral, esta reforma supone la creación de un comité consultivo (no vinculante) de la aplicación de las normativas, con representación del Gobierno, empresariado y trabajadores. En opinión del vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén, estas reformas “benefician al país” e “incluyen también protección de derechos de trabajadores y trabajadoras”, por lo que “son un paso importante para preservar el trabajo de miles de personas y atraer nueva inversión”[6].

Como parte de la estrategia, El Salvador ha profundizado y ampliado su marco de incentivos fiscales. Cabe recordar que El Salvador tiene vigente desde marzo de 2006 un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés) que implica un escalonamiento del ya permisivo marco de desregulación y liberalización para las inversiones extranjeras (marco definido con anterioridad en los Programas de Ajuste Estructural). El CAFTA-DR concede a las inversiones estadounidenses un trato igual o mejor que el otorgado a las inversiones salvadoreñas e imposibilita al Estado salvadoreño regular el desempeño de las inversiones de Estados Unidos, incluyendo transferencia de tecnología y prácticas monopólicas. Resulta difícil identificar qué incentivo adicional puede otorgarse a los inversores estadounidenses en un marco tan permisivo.

Para completar el escenario, en julio de 2013 la Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó por unanimi dad el Acuerdo de Asociación Centroamérica – Unión Europea (AACUE) y actualmente se encuentra en fase conclusiva del proceso de negociación un Tratado de Libre Comercio con Canadá. Estos cambios configuran un entorno de liberalización total para la inversión extranjera.

El Asocio para el Crecimiento (PFG) está impulsado por un consejo del sector privado que asesora al Gobierno sobre clima de inversión y que está integrado por cinco empresarios salvadoreños: Ricardo Poma, Francisco Callejas, Roberto Murray Meza, Juan Carlos Eserski y Francisco de Sola[7]. Este grupo representativo de los intereses del gran capital nacional constituye un importante respaldo al presidente Funes en la búsqueda de inversión privada. Tiene también peso en lo relativo a las gestiones para recibir ayuda exterior de Estados Unidos[8].

Pueblos 58. El Salvador. María José Comendeiro.

María José Comendeiro.

Causas equivocadas, medidas inadecuadas

El bajo crecimiento de la economía salvadoreña no se debe a la falta de incentivos y exenciones fiscales a la inversión extranjera[9]. La tendencia recesiva de la economía salvadoreña contrasta con la generación de altos niveles de excedente y explotación basada en la desvalorización de la fuerza de trabajo, a través de la precarización de sus condiciones laborales y la progresiva reducción de los salarios reales. Estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestran el sostenido descenso de los niveles vida de las y los trabajadores. Los salarios mínimos reales del sector agropecuario en 2009 representaban menos de la cuarta parte del salario real de 1965, mientras el salario real del sector comercio en 2009 significaba escasamente menos de la tercera parte del de 1970[10].

Por otra parte, pese a la recuperación experimentada por la tasa de ganancia en El Salvador a partir del año 2000, no se ha producido un crecimiento similar de la tasa de acumulación productiva; cuestión estrechamente relacionada con el actual patrón de acumulación del sistema neoliberal. El bajo crecimiento de economías neoliberales como la salvadoreña se explica por los procesos de explotación y despilfarro. Se generan altos niveles de excedentes que se despilfarran, se destinan al consumo de lujo o se gastan en el sector financiero (gastos improductivos).

El asocio público privado

Según el partido de derechas salvadoreño Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Estados Unidos habría condicionado a la aprobación de la Ley Especial de Asocios Público-Privados (APP) el desembolso de unos 270 millones de dólares destinados a proyectos en el corredor costero marino salvadoreño (Fomilenio II)[11]. En mayo de 2013 la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad la Ley APP. Tras las discusiones, se excluyeron de la ley servicios públicos esenciales como agua, sectores de salud pública, justicia, sistema penitenciario, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la Universidad de El Salvador (UES).

El planteamiento ideológico hegemónico asume que los órganos estatales son ineficientes y que la gestión privada garantiza una provisión más rentable de los servicios públicos. Esto ocurre en un escenario de aguda crisis fiscal, que limita fuertemente la disponibilidad de fondos para financiar las políticas públicas y proyectos sociales. Los APP son una expresión de la tendencia a la privatización de servicios públicos por la vía de las concesiones, en cuyo esquema el Estado transforma su rol de “productor” en “garante de calidad”. En el caso de El Salvador, caracterizado por una importante debilidad institucional en materia de supervisión y regulación, queda patente la incapacidad de las superintendencias o la defensoría del consumidor de frenar las prácticas de abuso sistemático de corporaciones que se consolidaron como monopolios privados, proveedores de servicios públicos, tras las privatizaciones.

Un aspecto relevante en el marco de los APP es el abandono del esquema de financiación de la inversión basado en impuestos a otro modelo de financiación basado en el pago de los usuarios. Con los APP se pasa de la contratación convencional para la provisión de servicios públicos (a corto plazo, con el Estado es el responsable y la financiación basada en los impuestos) a un esquema donde las empresas privadas invierten en los servicios públicos, mediante contratos de largo plazo financiados básicamente por los usuarios individuales mediante tarifas.

Considerando que las empresas privadas capitalistas tienen como objetivo la maximización del beneficio y la minimización de los costes, el “riesgo” de las inversiones realizadas es recuperado mediante el pago del servicio. Los APP se presentan como un vehículo para atraer a la inversión privada, principalmente extranjera. Esta estrategia requiere crear confianza y certidumbre para el sector privado, lo que, a su vez, implica el establecimiento de contratos a muy largo plazo y la supresión de regulaciones laborales y ambientales.

Según Bernardo Weaver, consultor de proyectos de Asocio Público Privado bajo el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), “tenemos que ser flexibles y abiertos para atraer inversionistas extranjeros”, por lo que “no hay que colocar restricciones o prohibiciones, porque puede redundar en la paralización de los proyectos, eso sería un desastre”[12].

Inversiones atrayentes

Con el CAFTA-DR como escenario marco, el esquema de asocio públicoprivado se orienta hacia áreas que aún están pendientes de privatizar: carreteras, transporte público, energía, alumbrado público, hospitales, agua potable y saneamiento, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, educación (básica, media y superior), centros penitenciarios, edificios públicos, desechos sólidos, estadios e incluso, la captación de remesas familiares.

El presidente Funes considera que el APP es una de las claves para superar la crisis y asume que es necesario crear confianza en el sector privado. En este sentido, “el Estado recoge los recursos y se los traslada al sector privado, para que los administre y ejecute”[13]. Por ello, a menos de tres meses de estar vigente la Ley de APP, se creó una comisión para reformarla y hacerla más atractiva para los inversores extranjeros. La Fundación de Estudios Económicos y Sociales (FUSADES), tanque de pensamiento de la derecha salvadoreña, así como algunos de los partidos de derecha, coinciden en que hay que reformarla para superar “las excesivas atribuciones de la Asamblea Legislativa, el límite al monto de inversión, la exclusión de algunos servicios y la creación de una nueva entidad”[14].

Subordinación y dependencia

Por todo ello, queda en evidencia cómo los nuevos marcos y reformas legales e institucionales implementadas en El Salvador consolidan las relaciones de subordinación y dependencia de la economía salvadoreña con respecto a Estados Unidos. Bajo el pretexto del desarrollo, de la reducción de la pobreza y de la aceleración del crecimiento económico se continúan privilegiando los intereses corporativos estadounidenses, profundizando el esquema de liberalización para las inversiones extranjeras desarrollado por el CAFTA-DR, en coherencia con las líneas estratégicas de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.


Raúl Moreno es economista, catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad de El Salvador.

Artículo publicado en el número 58 de Pueblos – Revista de Información y Debate, cuarto trimestre de 2013.


NOTAS:

  1. Por parte del gobierno estadounidense firmó José Fernández, secretario adjunto de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales. Ver la noticia en www.elsalvador.com, 03/11/2011, “El Salvador firma Asocio para el Crecimiento con Estados Unidos”.
  2. Comunicado de la Oficina de Prensa del Departamento de Estado, Washington DC, 29/11/2011. Ver en www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/11/177887.htm
  3. Equipo Técnico Conjunto USG-GOES (2011): Pacto Para El Crecimiento: El Salvador. Análisis de Restricciones.
  4. “Ministro propone toque de queda para menores”, 01/02/2012, www.laprensagrafica.com.
  5. “Presión por leyes para inversiones”, 19/12/2012, http://elmundo.com.sv.
  6. “Reformas a Ley de Zonas Francas dan estabilidad”, 22/02/2013, www.fmln.org.sv. Sobre el tema se puede consultar también el artículo “El Salvador: Una oportunidad para dignificar las condiciones de las obreras de la maquila” (Mª Cruz Tornay Márquez, Pueblos-Revista de Información y Debate, nº55, primer trimestre de 2013; disponible en www. revistapueblos.org).
  7. “Retornan empresarios al Consejo para el Crecimiento”, 14/11/2012, www.contrapunto.com.sv.
  8. En concreto, para el otorgamiento del segundo bloque de ingresos del Fondo del Milenio (Fomilenio). Esta es una entidad autónoma de derecho público creada en El Salvador para asegurar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Millenium Challenge Corporation (MCC), un organismo de ayuda exterior estadounidense. En 2006, el MCC aprobó la propuesta presentada por el Gobierno de El Salvador de un Programa País para cinco años que integraba tres grandes proyectos de inversión y cuyo propósito era, sobre el papel, “reducir la pobreza y alcanzar el crecimiento económico”.
  9. Valenzuela Feijoó, José (1997): “Cinco dimensiones del modelo neoliberal”, Política y Cultura, nº 8, UAM Unidad Xochimilco, México. Disponible en www.redalyc.org.
  10. Pleitez, William (2011): “Propuestas para construir un nuevo modelo de desarrollo contenidas en el informe sobre Desarrollo Humano 2010”, Entorno, nº 28, Universidad Tecno lógica, San Salvador. Disponible en http://biblioteca.utec.edu.sv.
  11. “EE.UU. condicionó Fomilenio II a asocios público-privado”, El Mundo, 4-5 de mayo 2013, http://elmundo.com.sv/wp-content/uploads/pdf/2013/mundo040513.pdf.
  12. “Expertos internacionales evaluaron el anteproyecto de la ley de Asocio Público Privado”, 23/08/2011, www.presidencia.gob.sv.
  13. Entrevista realizada por La Prensa Gráfica a Mauricio Funes, 12/08/2010. Ver: www.youtube.com/watch?v=4-clDCIasq4
  14. “Analizan reformas a Ley APP”, www.sintoniaempresarial.com.

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