DOSSIER nº35 - ESTADOS DÉBILES: SEGURIDAD Y VIOLENCIA

Armando al TLCAN: el campo de batalla para el futuro de México

En marzo de 2005, los líderes de los tres países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el presidente de EE UU George W. Bush, el presidente mexicano Vicente Fox y el primer ministro canadiense Paul Martin, se reunieron en Waco, Texas, y lanzaron una iniciativa de defensa regional llamada la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). La iniciativa, anunciada como el próximo paso en la integración regional de la agenda "TLCAN Plus", está descrita en su sitio web [1] como "una iniciativa liderada por la Casa Blanca entre los EE UU y las dos naciones con quien comparte fronteras (Canadá y México) para aumentar la seguridad y realzar la prosperidad entre los tres países mediante mayor cooperación". La descripción oficial de la ASPAN añade que está "basada en el principio de que nuestra prosperidad depende de nuestra seguridad" [2].
María José Comendeiro.

En abril de 2007, en la víspera de la Cumbre Trilateral de América del Norte, Thomas Shannon, el secretario de Estado asistente de EE UU para asuntos del hemisferio occidental, describió el propósito de la ASPAN con una franqueza notable: “La ASPAN”, declaró, “considera a América del Norte como un espacio económico compartido”, el cual “tenemos que proteger” no sólo en la frontera sino “de forma más generalizada por toda América del Norte” mediante la “cooperación en la seguridad” mejorada. Añadió que: “Hasta cierto punto, estamos armando al TLCAN” [3].

Los mexicanos y otros latinoamericanos han aprendido que con la adopción del modelo económico neoliberal promovido por EE UU (con su desplazamiento económico y recortes sociales) viene un nivel necesario de fuerza, pero esta fue la primera vez en que un funcionario de EE UU declaró abiertamente que la seguridad regional ya no estaba enfocada en mantener a los ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y México libres del peligro, sino que ahora se trataba de proteger un modelo regional económico. Por supuesto, Shannon no enumeró la oposición política como una de las amenazas a ser contrarrestadas; simplemente postuló que un nuevo “espacio económico” necesita ser protegido en contra de “la amenaza del terrorismo y en contra de la amenaza de los desastres naturales y los desastres ambientales y ecológicos”. Pero el modelo del contraterrorismo/ narcóticos elaborado en la ASPAN e incorporado más tarde en el Plan México (conocido oficialmente como la Iniciativa Mérida) anima la supresión de la oposición a nivel de base para asegurarse de que ninguna fuerza, ya sea doméstica o extranjera, en efecto cuestione el futuro del sistema.

Al extender el TLCAN para incluir la seguridad regional, Washington decidió (y el Gobierno mexicano concedió) que la integración económica exige metas y acciones compartidas en cuanto a la seguridad. Dado el enorme desequilibrio de poder económico y político entre México y Estados Unidos, eso quiso decir que México tuvo que adoptar los objetivos de la política extranjera y la agenda de desestabilización, militarista y contraterrorista del Gobierno de EE UU. El Gobierno mexicano ha recibido este nuevo mandato con ambivalencia, procurando, en las palabras de un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, alejarse del enfoque en la seguridad y hacia el desarrollo, mientras que al mismo tiempo se agradece la ayuda militar y policíaca ofrecida con la Iniciativa Mérida [4].

Esta “seguritización” de la relación trilateral bajo el TLCAN tiene implicaciones profundas para la sociedad civil mexicana. Al avanzar la estrategia de confrontación del presidente mexicano, Felipe Calderón, bloquea las avenidas para el desarrollo de las instituciones de la sociedad civil, criminaliza a la oposición, justifica la represión y restringe las libertades civiles. En esta coyuntura crítica, la transición poco firme a la democracia de México pudiera traer de vuelta el autoritarismo, con el apoyo explícito del Gobierno de EE UU.

Cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se alzó el 1 de enero de 1994, los rebeldes protestaron contra la exclusión social y la marginalización de los pueblos indígenas y los pobres, una exclusión que más tarde sería exacerbada por el TLCAN, que cobró vigencia en la misma fecha. Los movimientos sociales desde entonces han trazado las líneas de la batalla. Han ocurrido movilizaciones en contra de la privatización, llamadas para programas nacionales que reconozcan y apoyen las contribuciones de los sectores “no competitivos”, defensa de los derechos de los indígenas y el poder de tomar decisiones con respecto a territorios ancestrales, y demandas para una democracia inclusiva. A pesar de que estos movimientos mayormente carecen de una estructura de organización permanente y sólida y tienden a unirse con respecto a asuntos específicos en momentos específicos, todos juntos constituyen un reto fundamental al modelo del TLCAN y un curso alternativo para la nación.

No es de sorprender, entonces, que los promotores del TLCAN creyeran necesario salvaguardar al acuerdo de ataques potenciales. Según se demuestra en el comentario del Secretario Asistente Shannon acerca de “armar al TLCAN”, los tres gobiernos de América del Norte han determinado que es necesario inventar un mecanismo para proteger su “espacio económico compartido”: la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad. Apesar de que algunos de los grupos de trabajo de ASPAN han tocado los temas de los desastres naturales y asuntos de salud como la influenza aviaria, el énfasis de la “alianza” consiste en proteger propiedad en vez de a personas. Inexplicablemente, no se considera que ni la “seguridad” ni la “prosperidad” incluye los problemas de la malnutrición, la mortalidad infantil, u otros asuntos de seguridad humana críticos para México.

Prioridades impuestas

Aparte de las dudas substanciales con respecto a su eficacia, estos programas Asistambién dan lugar a interrogantes serios acerca de la soberanía nacional y las prioridades nacionales. Simplemente hay pocas razones para creer que la seguridad de EE UU es sinónimo de un plan de seguridad estratégico para México. En general, nadie negaría que luchar en contra del terrorismo internacional y la delincuencia organizada requiere el uso de mecanismos de cooperación global, compartir inteligencia y acciones coordinadas. Pero estos mecanismos tienen que desarrollarse en el contexto de la agenda de seguridad nacional de cada país y definirse mediante la confluencia de prioridades particulares.

La ASPAN nació después del 11 de septiembre y refleja las prioridades de la agenda en contra del terrorismo de Bush. Para México, estas prioridades son costosas y políticamente amenazantes. México históricamente se ha mostrado reticente a permitirles a agentes de EE UU operar en su territorio debido a una historia en que Estados Unidos en sí ha representado la amenaza más grande a su seguridad nacional. Dada la carencia de amenazas del terrorismo internacional en el país, la guerra en contra del terrorismo no es una prioridad para la seguridad.

Sin embargo, la dependencia económica y la superioridad militar de Estados Unidos han forzado a los socios menores del TLCAN a adoptar las prioridades de Washington. Las medidas diseñadas para “esparcir el perímetro de seguridad de EE UU” bajo la ASPAN han presionado a México a militarizar su frontera sureña y adoptar medidas represivas hacia centro y suramericanos suponemos que en camino a Estados Unidos. Va en contra de una historia de tránsito relativamente libre y aumentando tensiones con sus vecinos al sur. Otro problema es la manera en que la combinación falsa de la inmigración indocumentada con la seguridad nacional en Estados Unidos ha traído medidas que tienen poco o nada que ver con la seguridad nacional regional y ha llevado a las muertes de miles de migrantes mexicanos. Apesar de ello, el Gobierno mexicano ha aceptado implícitamente esta refundición al aceptar “medidas de seguridad fronterizas” dirigidas a los migrantes tanto de la ASPAN como del Plan México.

En muchos sentidos, al adoptar la agenda de seguridad de EE UU México se pone en más riesgo y viola preceptos históricos de las relaciones internacionales. El país tiene una política de neutralidad con respecto a asuntos internacionales que previene que su Gobierno se inmiscuya en conflictos que no afectan directamente a la nación. Cuando el Congreso mexicano diligentemente presentó una ley revisada de contraterrorismo en el Congreso este año, un diputado de la oposición argumentó en contra de que se impusiera una categoría de “terrorismo internacional” imprecisamente definida diciendo: “De tipificarse en forma separada [el terrorismo nacional y el internacional], México estaría dando el primer paso para convertir en sus enemigos a los enemigos de otros Estados.” [5]

El paso más reciente que se ha tomado para “integrar” la seguridad regional es el Plan México. Esta iniciativa estadounidense, aprobada por el Congreso el 26 de junio y firmada como ley por Bush, asigna 400 millones de dólares a México para el año 2008- 09. El plan original tiene previsto como 1,4 miles de millones durante un periodo de tres años para entrenamiento y equipo destinados al ejército mexicano, la policía y los sistemas judiciales.

Un vistazo de cerca a la propuesta detallada presentada por la administración revela que la base para la nueva “Iniciativa para la Cooperación en materia de Seguridad Regional” comprende tres políticas de Bush que han fracasado rotundamente en lograr sus objetivos en otros lugares [6]. Estas son: seguridad fronteriza militarizada que tiene como blanco de ataque indiscriminado a los inmigrantes, narcotraficantes y terroristas; medidas contraterroristas unilaterales y preventivas; y librar una “guerra en contra de las drogas”. En México, los primeros dos objetivos, los cuales generalmente se consideran estar en contra de los intereses mexicanos, han sido degradados y la iniciativa se ha promocionado exclusivamente como un plan contra los narcóticos.

La ironía es la larga historia de fracaso de Estados Unidos en luchar su propia guerra en contra del narcotráfico. Sigue siendo el mercado más grande para las drogas ilícitas del mundo, y su demanda en crecimiento apoya los cárteles de drogas cada vez más poderosos de México. A pesar de que ha sido impulsado como un paso gigante hacia adelante en la cooperación bilateral, el proyecto de ley final no contiene ninguna obligación o parámetros para que EE UU prevenga el uso ilegal de las drogas, aumente la rehabilitación de adictos, detenga el flujo de contrabando de armas a México, o encause el lavado de dinero.

El modelo para los esfuerzos en contra de los narcóticos en que el enfoque está en el lado de la oferta mediante la interdicción y cumplimiento de las leyes fue aplicado en Colombia empezando en el 2000. Casi siete años y 6 miles de millones de dólares después de que el Plan Colombia haya empezado, el resultado es que no hay una disminución apreciable en la producción de las drogas ilegales o en el flujo de éstas al mercado estadounidense [7].

El apoyo para el uso de las fuerzas armadas para la guerra en contra del narcotráfico dentro de las comunidades mexicanas crea una situación en que los programas en contra de los narcóticos se amplían para incluir los esfuerzos en contra de los insurgentes. La extensión del TLCAN al ASPAN y Plan México pone en vigor la estrategia del Gobierno mexicano actual para afrontar la delincuencia organizada como una cruzada violenta, y de afrontar la oposición mediante la fuerza. Las violaciones de Derechos Humanos relacionadas a esta estrategia tienen su origen en una mentalidad de confrontación, en la falta de entrenamiento de las fuerzas de seguridad sobre los Derechos Humanos apropiados, y la impunidad de saber que se pueden salir con la suya con respecto a casi todo siempre y cuando la víctima esté al margen de los círculos internos del poder. Además de reforzar una presidencia floja y suprimir la inconformidad, la estrategia de seguridad regional esbozada procura la meta de asegurar tener acceso a los recursos naturales y de “armar el TLCAN”, de fijar con cemento el modelo económico neoliberal que ha contribuido a la desintegración peligrosa del compacto social en México. Es una estrategia que pretende confrontar directamente las demandas generalizadas para un nuevo orden social en base a la igualdad y la inclusión.


Laura Carlsen es directora del Programa de las Américas con sede en la Ciudad de México (www.ircamericas.org).

Este artículo es un extracto del que fue publicado originalmente en el boletín de NACLA (http://nacla.org/node/4958) y reproducido en la propia web del Programa de las Américas el 2 de octubre de 2008. Versión original: “Armoring NAFTA: The Battleground for Mexico’s Future”. Traducido por Annette Ramos.

Publicado en el número 35 de Pueblos, Revista de Información y Debate, diciembre de 2008.


NOTAS:

  1. www.spp.gov
  2. Véase el sitio web oficial: www.spp.gov/ myths_vs_facts.asp
  3. Thomas Shannon, ponencia ante el Council on the Americas, 3 de abril, 2008.
  4. Alejandro Estivill, conferencia sobre la ASPAN, Universidad de las Américas (Cholula), 12 de junio, 2008.
  5. “Aprueban diputados que se penalice el delito de terrorismo…” La Jornada, 21 de febrero, 2007.
  6. Véase “Un abecedario del Plan México”.
  7. International Crisis Group, “Latin American Drugs: Losing the Fight,” 14 de marzo, 2008, disponible en http://www.crisisgroup.org/.
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