Latinoamérica. Ineficaces mecanismos legales para erradicar el feminicidio

El asesinato de mujeres en Latinoamérica es un desafío mayúsculo para el desarrollo de la paz y la democracia. Fundada en reportes oficiales, una instantánea de organizaciones no gubernamentales, fiscalías y observatorios de la violencia indica que al menos 18 mujeres son asesinadas cada día en 18 países de la región.

Sin datos sobre Cuba y Haití, la mexicana Carmen Moreno, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, reconoció que se trata de “la suma de todas las violencias” y la antropóloga Marcela Lagarde afirmó que es el extremo de la violencia contra las mujeres.

Ambas admiten que constituye un agravio difícil de cuantificar y la panorámica descrita revela, en síntesis, que los países donde son más frecuentes estos crímenes son México, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y El Salvador, en ese orden.

Los esfuerzos para detener la violencia y el homicidio contra las mujeres han significado leyes, políticas públicas y acciones que, sin embargo, no han disminuido su frecuencia, reconocen.

Situación en México

En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia (LGAMVLV) creó un dispositivo denominado Alerta de Género para identificar los territorios de mayor peligro para las mujeres. Ahí, de acuerdo con la ley, se podrían realizar acciones de emergencia.

No obstante, este mecanismo no ha sido implantado, pese a ser solicitado una y otra vez, al menos, en nueve entidades del país. Las autoridades encargadas de ponerlo en funcionamiento alegan que tiene errores que impiden su operación.

Ahora se anuncia el comienzo de una revisión integral para el efectivo funcionamiento de los mecanismos de protección a las mujeres, especialmente de la Alerta de Género, mediante demanda de las organizaciones civiles congregadas en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en México, que la han solicitado en entidades con altos índices de asesinatos contra mujeres.

Las más de 40 organizaciones que conforman el OCNF advirtieron que continuarán con las acciones jurídicas y políticas a nivel nacional e internacional, con movilizaciones de manera simultánea en las distintas entidades de la república, así como en algunas sedes diplomáticas de México en países de Centro, Sudamérica y El Caribe, con la intención de evidenciar las acciones y omisiones del Estado mexicano en materia de derechos humanos de ese sector poblacional.

Así lo hicieron saber al participar en el foro “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y obstáculos en la implementación de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género como mecanismo de protección para las mujeres: propuesta para su adecuada aplicación”, efectuado en la capital mexicana.

Durante el foro, que contó con algunas legisladoras y funcionarias públicas, se identificaron cuatro problemas que impiden el real acceso a la justicia de las víctimas, incluido que la ley no garantiza en ningún caso la protección a las víctimas y que las medidas de protección, y en especial el mecanismo de Alerta de Género, están protegidos por intereses políticos que omiten acciones de justicia, lo cual sigue generando violencia.

Igualmente, en la ley hay conceptos que se interpretan de diferentes formas, por lo que es importante aclararlos o eliminarlos para una auténtica interpretación y aplicación. Además, hay omisión del Estado, cohecho e impunidad para la efectiva aplicación de políticas que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia.

En México se aprobó la LGAMVLV en 2007 y entre los mecanismos de acción están las Órdenes de Protección para garantizar el resguardo de las mujeres en situación de violencia grave, así como la Alerta de Género, que puede solicitarse para un territorio específico donde esos actos sean una amenaza para la población.

Sin embargo, ni la ley ni los mecanismos han funcionado. La Alerta de Género ha sido solicitada en nueve entidades federativas (Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa y Veracruz) y todas se han desechado.

El OCNF evalúa la ley como avanzada, pero considera su reglamento ineficaz y que se ha convertido en obstáculo que impide la acción de la Alerta de Género. Además, ha documentado las carencias del reglamento, que ha pervertido un sistema que debería ser sencillo y accesible para frenar este tipo de violencia.

“Hemos constatado que el Estado mexicano violenta con sus omisiones a más de la mitad de la población que se encuentra en riesgo inminente, ante una escalada de violencia que parece irrefrenable por sistemas ineficaces que se escudan en una normatividad existente”, asegura María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio.

Entre otros, menciona el Sistema Nacional para Prevenir Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, encargado de admitir y dar curso a las solicitudes de alerta de violencia de género, presidido por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Partidaria de una reforma integral a la ley y su reglamento, De la Luz Estrada señaló que esta debe tomar en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos, las recomendaciones de los comités internacionales entre otros instrumentos que permitan el acceso a una vida libre de violencia.

“Debe conformarse desde de un grupo especializado y multidisciplinario que, de conjunto con las dependencias gubernamentales responsables en el tema, haga realidad lo que demandamos, siempre y cuando exista voluntad política desde el poder ejecutivo”, dijo al término del foro.

De lo contrario, continuarán las carencias sistemáticas descritas, apuntó. “Como organizaciones de la sociedad civil queremos dejar de contar feminicidios, para lo cual es necesario que los mecanismos de acceso a una vida libre de violencia funcionen”.

En México la autoridad federal reconoció que las agresiones contra las mujeres han aumentado en más de 400 por ciento, mientras que la ONU reportó que en 2012 se incrementó en 103 por ciento el asesinato de mujeres en este país. El Instituto Nacional de las Mujeres informó en el foro que entre 1985 y 2010 fueron asesinadas en el país 36.606 mujeres y niñas.

Pero pese a diagnósticos, cifras y de contar con los mínimos en los marcos legales, los gobernadores estatales y la mayoría de los institutos de las mujeres en las entidades (integrantes del Sistema que decide si acepta o no la investigación para declarar una Alerta de Género) se niegan a reconocer la alerta bajo argumentos de golpeteo político y desprestigio a sus jefes, los gobernadores.

El pasado 18 de abril, el Senado de la República exhortó a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres para que informen sobre los motivos de rechazo a cuatro solicitudes de la sociedad civil para emitir la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en los estados de Oaxaca, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León.

El dictamen señala la importancia de conocer el diagnóstico nacional para estar al tanto de la situación de los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres, así como que se hagan públicas las resoluciones que llevaron al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a resolver negativamente las solicitudes en esas entidades.

Durante el foro, la senadora Angélica de la Peña, una de las impulsoras de la ley en 2007, afirmó que se requieren protocolos para acceder a las alertas y que estas no se utilicen con prejuicios políticos. Dijo que los gobernadores están eludiendo su responsabilidad y no comprenden que la declaratoria quiere decir empezar a ver el problema y analizar qué es lo que procede hacer para que, en determinada región, se elimine la violencia.

“Tenemos que poner en la ley, claramente, cuáles son los supuestos en los que tiene que intervenir la federación y cuándo son asuntos de ámbito local”, agregó y comentó que ya se trabaja en analizar los cambios que deberá tener la ley general.

La diputada federal Martha Lucía Micher dijo que de 2001 a 2010 en México se asesinaron más de 14.000 mujeres, para luego comentar que, en las entidades, la armonización de la ley general ha sido un fracaso y el mecanismo no ha funcionado como instrumento de política pública.

“Los gobernadores no han asesinado a las mujeres, pero sí han sido los responsables de que sigan asesinándolas; lo que han cometido es la omisión. No hay mecanismo que obligue al cumplimiento de la ley”, reiteró.

El abogado Pablo Navarrete, jefe jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, puso énfasis en la necesidad de que la Alerta de Género se desvincule del Sistema que decide su aplicación, pues los estados no pueden ser juez y parte, y los argumentos políticos no deben imperar sobre los jurídicos y técnicos.

Marcela Lagarde, impulsora de la ley general mientras fue diputada federal, dudó si esta debe abrirse a una reforma antes de ser evaluada. Consideró que habría que identificar el momento político y las aliadas o aliados que habría para que la reforma prospere en sentido positivo.

“No es que la ley no sirva, sino que no se ha aplicado; no se han hecho los diagnósticos, ni levantado el banco de datos para conocer la magnitud del problema del feminicidio que, sin duda, sí se trata de una emergencia nacional”, enfatizó la coordinadora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres.


Fuente: Adital.com.


 

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