Un proyecto de ley popular desafía la concentración mediática en Brasil

Que el espectro mediático mundial es un sector estratégicamente concentrado en unos pocos, pero muy poderosos, conglomerados empresariales es de sobra conocido. Por lo tanto, no es de extrañar que la séptima economía más fuerte del mundo (según su PIB) no esté fuera de este modelo. Y es que menos de 10 familias controlan todos los medios nacionales de radiodifusión en Brasil desde los principales grupos empresariales (encabezados por Abril y Globo).
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Acto por la reglamentación de la comunicación. Fotografía: Circuito Fora do Eixo, Flickr.

Las causas de este panorama tenemos que buscarlas en diferentes aspectos estructurales que vertebran la historia de Brasil: una perpetuación de las familias de poder, fruto de las colonias; un marco regulatorio heredado de un contexto de inestabilidad política en el periodo de la dictadura militar, y una falta de voluntad política a la hora de abrir espacios de participación ciudadana y dar efectividad a la Constitución brasileña de 1988, donde ya se recogía la obligatoriedad de proteger el derecho a la información como un bien público que debe ser extensible a toda la ciudadanía y limitado para impedir los oligopolios y monopolios mediáticos.

En este contexto, la sociedad civil lleva tiempo trabajando en la articulación de un marco regulatorio de los medios de comunicación sociales concretado en la formación del Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación (FNDC).

Ley de acceso a la informa ción en el contexto brasileño

Dice el artículo 220, párrafo 5, de la Constitución brasileña promulgada en 1988, tras 25 años de régimen militar: “los medios de comunicación no pueden, directa o indirectamente, ser objeto de monopolio o oligopolio”. Las palabras nunca llegaron a convertirse en realidad. Pese la claridad del texto, Brasil mantuvo en los años de democracia la estructura comunicativa de concentración de los años de la dictadura, que operaba bajo la determinación de integrar el país y difundir la imagen nacionalista uniforme que por muchos años sostuvo el discurso totalitario militar.

Si bien el Código Brasileño de Telecomunicaciones (CBT), primer marco regulatorio de radio y televisión que llega hasta nuestros días, fue creado en 1962, dos años antes del golpe miliar, el contexto sociopolítico de tensiones marcó la naturaleza del mismo, concibiendo la radiodifusión como un órgano de negocio y no de derecho. El CBT, en verdad, fue creado y es gestionado por las mismas manos que generan los contenidos de la comunicación. De esta forma, los grandes magnates de la comunicación (como Chateaubrind, padre del modelo privado de comunicación en Brasil con gran influencia entre los años 40 y 60) fueron y son, juez y parte en el control de la información que millones de hogares reciben diariamente.

No es raro, por lo tanto, verificar que tan solo cinco redes de televisión controlan el 62 por ciento de los canales de comunicación del país. La más importante es la Rede Globo, que trata de consagrar a su fundador, el fallecido magnate Roberto Marinho, como el Rupert Murdoch de los trópicos. Ella sola controla al menos 340 medios de comunicación en las principales ciudades, sin mencionar los medios impresos y las radios.

Movimientos sociales por la apertura democrática de los medios de comunicación

De este contexto se desprende la importancia de la articulación de la sociedad civil para generar un marco regulatorio que limite el oligopolio del sector de la comunicación y, sobre todo, que abra espacios de participación ciudadana que garanticen el derecho a la información y la democratización del sector mediático. Así surge en 1995 el Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), donde docenas de organizaciones se articulan bajo una visión común: la apremiante necesidad de un debate público para el cambio de modelo comunicativo brasileño.

En 2001 surge un momento histórico determinante en el que comienza un proceso de desregulación de los medios en Brasil. Así, las organizaciones de la sociedad civil se coordinan para presentar ante la Administración Pública Federal el Programa de Políticas de Comunicación Social, un proyecto nacional de carácter popular. En este Programa se diseñan las directrices básicas en materia de políticas públicas de comunicación. Sus ejes de lucha: la democratización y participación ciudadana, estructuración de la comunicación social, promoción de la cultura, así como la pluralidad y la apertura de los medios a nuevos actores sociales (como las emisoras asociativas-comunitarias), excluidos hasta ahora del circuito.

Avances que propone la ILP

El objetivo principal de esta medida es la promoción de la participación ciudadana en los medios de masas para la apertura de espacios a modelos alternativos y posiciones contrapuestas que amplíen el imaginario colectivo social, y por ende, la erradicación del monopolio empresarial sobre el derecho a la información.

Se establece que al menos el 33 por ciento de las concesiones de comunicación deberán ser públicas y que el 50 por ciento de estos deberá estar reservado para las emisoras de carácter asociativo-comunitario. Además, se articula un órgano regulatorio que da efectividad a las medidas y que estará formado en su mayoría por miembros de la sociedad civil, lo que supone un avance en participación ciudadana.

También se regulan la forma y tiempo de las concesiones de licencia, punto fundamental que establece los mecanismos para frenar los oligopolios y estimular la diversidad. Se prohíbe la adquisición de más de cinco emisoras por grupo de comunicación, así como no podrá controlar más del tres por ciento de los canales de una misma región.

La importancia del momento histórico para la ILP

El contexto es el más oportuno: Brasil empieza, aunque tardíamente y limitada por el poder que todavía tienen los militares, a lidiar con los fantasmas de su pasado dictatorial y abrir sus documentos clasificados para atender al interés y a los derechos de la ciudadanía. En 2011, el mismo año en el que se anunció la creación de la Comisión Nacional de la Verdad, se aprobó una ley que obliga a las administraciones públicas, en todos los ámbitos, a practicar la transparencia activa y pasiva, atendiendo de manera adecuada las demandas de datos públicos. Ésta es, por lo tanto, una gran oportunidad para las y los brasileños de reivindicar su derecho fundamental a la información y la libertad de expresión.

El derecho a la información y a la libertad de expresión, según el FNDC, “no puede ser entendido sólo como la no injerencia, sino que debe proveer garantías de que todas las personas tienen igualdad de condiciones de producir, distribuir y acceder a la información y a la cultura” . Se pretende así terminar con unos medios que dibujan una sociedad uniforme, generando un imaginario de estereotipos profundamente machistas, racistas y homófobos, que esconde la diversidad social y cultural del pueblo brasileño.

Obstáculos

Pese a que el momento actual favorece esta iniciativa, no son pocas las formas de censura que deberá enfrentar: una censura jurídica presionada por los grupos de poder que coaccionan para eliminar toda forma de crítica al sistema establecido; las censuras de las estructuras de los medios de comunicación hacia los periodistas; las presiones desde el poder político hacia los dueños de los medios, con la publicidad como moneda de trueque; la invisibilidad de los grupos sociales; y las grandes presiones del establishment que han tirado atrás varios intentos de cambio y regulación anteriores.

En estos meses veremos hacia qué lado se mueve el viento. El primer paso: conseguir 1,3 millones de firmas. Después: un largo camino de lucha social por recorrer.


Alba Onrubia y Laura Daudén son periodistas y colaboradoras de Pueblos – Revista de Información y Debate.

Artículo publicado en el número 57 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2013.


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