La transición española como “proceso de construcción de paz”

¿Qué pasó con la transición española? ¿A dónde fueron a parar los sueños de las generaciones que lucharon contra el franquismo? Treinta y cinco años después de ese suceso, muchas personas en el Estado español, y fuera de él, siguen volviendo la mirada al período comprendido entre 1975 y 1978 y siguen pensando que ahí se cambió el rumbo de los tiempos y se pasó de la dictadura a la democracia ¿Es cierto eso? ¿Responde esta democracia a los sufrimientos, anhelos y luchas de las generaciones que gritaban “Abajo la dictadura, viva la transformación social”? Hoy, las grandes manifestaciones que recorren las calles españolas bajo la bandera del 15M gritan: ¡Lo llaman democracia y no lo es!

p57_transicion_pepaQué pasó entonces? Es sabido que Franco murió en la cama, los franquistas se hicieron “demócratas” y hegemonizaron la transformación del Régimen y los grandes partidos (Partido Comunista de España, PCE, y Partido Socialista Obrero Español, PSOE) y los grandes sindicatos (Comisiones Obreras, CCOO, y la Unión General de Trabajadores, UGT), que lideraron la transición española a través de la Plataforma de Organizaciones Democráticas, así como muchas organizaciones barriales, estudiantiles y sociales, rápidamente cambiaron sus programas y sus formas de lucha. Se inició un proceso de asunción de la legalidad pactada y se abandonaron las estructuras reivindicativas con carácter sociopolítico de los movimientos sociales y sindicales. Los partidos coparon el pacto, pues consideraban que representaban a toda la oposición. El PCE inició el proceso siendo el partido más numeroso, activo e influyente contra la dictadura y lo terminó roto en varios pedazos y con resultados electorales modestos. El PSOE, por el contrario, lo inició siendo una fuerza minoritaria en la oposición y lo concluyó con la abrumadora mayoría absoluta en las elecciones de 1982. Este proceso fue acompañado por las embajadas de EE.UU, Francia, Gran Bretaña y Alemania, que ya habían decidido que la construcción de paz en España significaba homologarse, “a la baja”, con las democracias europeas, sin cuestionar la base económica y social del sistema y, por tanto, sin plantear la ruptura con él. Es claro que el capital español, desde hacía años, tenía una clara vinculación con el capital europeo y norteamericano, y necesitaba homologarse a Europa.

¿A quién interesaba la transición? A las potencias internacionales, que querían una salida del régimen de forma “controlada y sin cuestionar el sistema”; al franquismo, cuya base económica necesitaba profundizar la internacionalización del capital y evitar posibles rupturas de régimen ante la acumulación de luchas sociales y nacionales; a los partidos (PSOE y PCE), que aspiraban a hegemonizar electoralmente el pacto y el segundo, además, a ser reconocido como interlocutor principal por las democracias occidentales. Para ello, ambos sufrieron un proceso de travestismo que les permitiera ganar credibilidad ante los poderes fácticos de dentro y fuera del Estado español y así poder aparecer como alternativa de gobierno. Las “democracias occidentales”, el franquismo y el PSOE tenían miedo a una salida de ruptura revolucionaria como la que estaba planteándose en Portugal con la Revolución de los claveles.

La transición española representó el paso de un régimen dictatorial a un sistema político parlamentario hegemonizado por la camarilla franquista, el ejército, la iglesia y la monarquía. Una de las primeras decisiones que tomaron fue la de declarar la amnesia sobre el período franquista. Este proceso de reforma pactada desde la vieja legalidad se da mediante la aprobación por referéndum de la Ley de Reforma Política en diciembre de 1976, hasta la nueva legalidad establecida con la Constitución de 1978, pasando por las elecciones de junio de 1977.

Es cierto que la sociedad española mejoró con la universalización de la educación, la libertad de movimiento, la disminución de la represión, aumentó su ingreso y, por tanto, mejoró sus condiciones de vida, se facilitó la libertad para constituir partidos políticos y organizaciones sociales… Pero dentro de una democracia limitada, donde no se cuestiona la jefatura del Estado, ni las fuerzas armadas, ni la forma territorial, ni el sistema económico imperante o la política franquista.

Así, en esa amnesia pactada no se quiere que las nuevas generaciones entiendan que el franquismo dio un golpe de Estado contra la República, precisamente porque en la República se decretó la amnistía de los presos políticos, se ahondó en las reformas sociales (universalizando la educación y la salud), se mejoraron las condiciones laborales de las y los trabajadores, se profundizó la Reforma Agraria, se reconoció la diversidad de España y la autonomía de sus partes, se impulsó la igualdad de las mujeres y se apostó por frenar el avance del fascismo, representado por Hitler y Mussolini. No se quiere que las nuevas generaciones conozcan que el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 fue comandado por oficiales golpistas, pagado por terratenientes y grandes empresarios, bendecido por la iglesia católica y consentido por las potencias “democráticas” que posteriormente se declararon “neutrales”, mientras los golpistas tuvieron el apoyo de la división Cóndor con 6.000 alemanes y un cuerpo italiano de 40.000 fascistas.

En este juego de trileros en el que se convirtieron los “viejos y los nuevos demócratas”, acuñaron otra “verdad” incuestionable: el golpe de Estado contra la República y la posterior guerra contra los sectores más desfavorecidos de la sociedad que aquella representaba, se convirtió en una “guerra civil” donde ambos contendientes estaban legitimados y al mismo nivel.

A la par de la amnesia, se instauró la paz social controlada: se neutralizó al movimiento obrero, estudiantil y barrial, y se pasó de la ruptura con el régimen franquista (postura mantenida hasta entonces por la oposición real al régimen) a la reforma. Conseguido esto, se da el gran pacto de la transición donde algunos puntos destacables fueron los Pactos de la Moncloa, que pretendían dar estabilidad política y económica al gobierno. La imposición de estos pactos significó el aplastamiento de lucha surgida en durísimas condiciones entre finales de los 50 y finales de los 70. Las centrales sindicales perdieron su autonomía de clase y su carácter sociopolítico. A partir de aquí se instaura el discurso del consenso que fue utilizado por el PSOE y el PCE como medio de exclusión y silenciamiento de toda expresión de disenso frente al mismo. También conllevó el apoyo a la Monarquía; la coaptación por los sucesivos gobiernos de muchos dirigentes sociales y de partidos de izquierda, que encontraron hueco, estatus y reconocimiento en la nueva situación; la hegemonía de una cultura individualista donde el consumismo se fue convirtiendo en el eje central del desarrollo posterior y en la seducción de las nuevas generaciones; el pacto de un programa de privatizaciones y reconversión industrial que llevó a España a entrar en la UE; la Ley de Amnistía (que posibilitaba la salida de los presos políticos antifranquistas, pero que certificó la impunidad del régimen franquista) y la legalización de los partidos y sindicatos.

Este modelo de transición realizado por los “representantes del pueblo” de forma clandestina, con falta total de transparencia y ausencia de los movimientos sociales organizados, fue el que se vendió para la transición chilena en los 80 y posteriormente influyó en los procesos de paz centroamericanos en los 90. Muchos nos preguntamos antes y ahora ¿Por qué la izquierda pactista del Estado español tiró por la borda el acumulado social de lucha que quería otra forma de hacer política y de reparto de los frutos del trabajo? ¿Por qué el pacto de la transición fue en contra del fortalecimiento de las organizaciones sociales y sindicales?

Durante estos 35 años de “democracia”, la dictadura franquista desapareció de la agenda política y mediática. Los lemas eran: no remover el pasado y mirar al futuro, cerrar el pasado donde todos tenemos cosas que ocultar y valorar el acuerdo entre las partes a costa de falsear la historia de que hubo una dictadura y una represión. Lo importante era el pacto, el consenso realizado sobre la memoria y la vida de los millares de cadáveres que, aún hoy, están enterrados en cementerios clandestinos, en las cunetas del territorio español, o sobre la verdad de las niñas y niños robados a sus padres por ser “rojos”.

Como decía el juez sudafricano, Richard Goldstone, que en 1991 firmó el informe sobre violencia en su país: “Cada país tiene que enfrentar su propia historia y tiene que decidir qué tipo de justicia quiere, pero sería un error terrible para la convivencia futura tratar de enterrar y olvidar la historia”.


Luis Nieto Pereira es coordinador de la asociación Paz con Dignidad.

Artículo publicado en el número 57 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2013.


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