Colombia: La paz más allá de los fusiles

El conflicto interno colombiano es un conflicto integral causado por la inequidad en la distribución de la riqueza, el poder político y la concentración de los medios de producción en pocas manos. Nos encontramos en un momento clave para el futuro de este país, pero las negociaciones actuales no parece que puedan llevar más que a un escenario de post-conflicto armado, es decir, de resolución de una de las expresiones de un conflicto mucho más amplio y complejo. La construcción de paz requiere ir más allá, requiere transformaciones reales del modelo hegemónico que no podrán darse sin la participación de toda la sociedad colombiana.
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Óscar Paciencia. Colombia, 2013.

La existencia en Colombia de un sistema político restringido configura un modelo en el que sólo la élite política y económica del país es considerada sujeto de pleno derecho, como demuestra que toda oposición a la estructura instituida haya sido sistemáticamente perseguida, estigmatizada o incluso exterminada[1]. La inequidad en la distribución de la riqueza y la concentración en pocas manos de los medios de producción ha sido una constante histórica en Colombia: en 2010, un 46 por ciento de las y los colombianos vivía en niveles de pobreza, mientras que el 17 por ciento lo hacía en la extrema pobreza. En 2012, el coeficiente Gini, que mide la desigualdad, alcanzó un valor de 0,585, lo que sitúa al país entre los siete más desiguales del planeta, como reconoce el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[2]. La distribución de la tierra también es un componente estructural del conflicto colombiano: “Gran parte de los departamentos con mayor concentración de la tierra coinciden con los más afectados por el desplazamiento y abandono de tierras, siendo objeto de grandes proyectos de desarrollo minero y explotación de hidrocarburos; agroindustriales para biocombustibles y agroforestales”[3].

Hablar de paz y hacer la guerra

En un país con 10.000.000 de hectáreas de tierras usurpadas a sus legítimos propietarios y propietarias a causa del desplazamiento forzado y una política de promoción de la inversión extranjera en minería, hablar de paz y hacer la guerra implica la configuración de un nuevo ordenamiento territorial que aclare los derechos de propiedad: legalizar el despojo se convierte en uno de los objetivos de la guerra jurídica. Esta guerra judicial se desarrolla en otros dos planos más: el de la impunidad para las fuerzas armadas (elemento clave para lograr el apoyo del Ejército al proceso de negociación) y el de la judicialización de movimientos sociales (imprescindible para debilitar al “enemigo” en la mesa de conversaciones).

Hablar de paz y hacer la guerra implica también que la estrategia militar colombiana de lucha contrainsurgente militar y paramilitar haya sumado una estrategia de carácter cívico-militar que abarca desde acciones de asistencialismo social (como la construcción de infraestructura civil por parte del ejército) hasta el uso de informantes para inteligencia militar, el reclutamiento de jóvenes y el posicionamiento militar en zonas habitadas. La estrategia paramilitar está ahora más vigente que nunca, a tenor de la multiplicación de grupos paramilitares (llamados “bandas criminales” por el gobierno) y los panfletos y pintadas amenzadoras, los hostigamientos a la población y líderes de movimientos sociales, las amenazas físicas y los asesinatos selectivos.

Como denuncia el movimiento social, la doctrina de guerra total del Estado “tiene como objetivo final derrotar política y socialmente al enemigo, entendiendo por enemigo cualquier atisbo de oposición política. Se configuran también estrategias psicosociales que persiguen ‘quitarle el agua al pez’ sin dar solución a la inequidad”[4].

Además, hablar de paz y hacer la guerra implica la profundización del conflicto por el accionar de las transnacionales, que no sólo violan los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales con sus prácticas depredadoras, sino que contribuyen a la militarización del territorio dada la necesidad del gobierno de proteger sus inversiones. También ejercen sobre el ejecutivo y el legislativo para la aprobación de normas favorables (las llamadas “leyes del despojo”).

Si a esta situación añadimos lo que de guerra tiene la introducción sistemática de cultivos de uso ilícito en las comunidades rurales aprovechando la pobreza y la falta de alternativas, la connivencia entre los medios de comunicación y los intereses del gran capital y unas gotas de ofensiva diplomática internacional, resulta evidente que nos encontramos ante un conflicto enorme alimentado por políticas de Estado y un proceso de construcción de paz profundamente limitado.

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Óscar Paciencia. Colombia, 2013.

Mantener la guerra, negociar y vencer

El proceso actual de construcción de paz únicamente establece un espacio de negociación entre el gobierno y la insurgencia armada, dejando de lado a los movimientos sociales y a todas las reivindicaciones y construcciones históricas realizadas por los pueblos. El objetivo es claro: vencer. El sistema neoliberal-capitalista como modelo de país no está en discusión, aunque temas como el narcotráfico y lo referente a tierras formen parte de la agenda pactada, ni se ocupa el gobierno de propiciar un proceso de construcción de paz más amplio e incluyente.

El objetivo no declarado del gobierno es establecer un pacto social que legitime el modelo de desarrollo por el que apuesta fervorosamente, negociando con las FARC-EP, uno de los grupos insurgentes colombianos, algunas de las cuestiones estratégicas para la vida del pueblo colombiano[5]: la limitación de zonas de exploración y explotación minera, las zonas de reserva campesina y forestal, el narcotráfico, los términos de participación política de los propios insurgentes y la justicia aplicable a estos.

Pero, ¿cómo se materializaría esto? En efecto, dependerá de la correlación de fuerzas (desfavorable para la insurgencia) y de cómo interactúen durante el proceso las dos perversas visiones de paz que coexisten en el seno de la oligarquía colombiana.

En cuanto a lo primero, cabe señalar el debilitamiento militar, notable en algunas zonas, que ha sufrido la guerrilla durante los últimos diez años, aunque esto no implica que ésta pueda ser derrotada o desterrada a corto o medio plazo.

En cuanto a lo segundo, es evidente que la apuesta por la paz de ciertos sectores de la oligarquía colombiana implica la victoria militar en la contienda, como han demostrado las reiteradas manifestaciones públicas del ex presidente Álvaro Uribe y el posicionamiento de diferentes grupos paramilitares. Esta apuesta de paz militar[6] no es ajena al gobierno de Juan Manuel Santos, que mantiene tanto las acciones militares y paramilitares como las políticas que profundizan el conflicto. Aunque, ciertamente, Santos parece haberse comprometido en negociar la guerra en clave de paz negativa de acuerdo con la siguiente máxima: silenciar los fusiles para garantizar los intereses del gran capital haciendo de Colombia un “país OCDE”: inversión extranjera directa asegurada vía megaproyectos agroindustriales y de extracción minera.

Así pues, tanto por el mecanismo elegido para el proceso de construcción de paz (la negociación bilateral secreta) como por la correlación de fuerzas y la confluencia de dos perversas concepciones de paz (la militarista uribista y la negativa santista), es harto posible que el proceso no desemboque en la anhelada transformación social, política y económica que requiere el país y exige el movimiento popular; sino en la consolidación del mismo sistema político, social y económico que defienden los poderes instituidos.

El papel del movimiento popular

El movimiento popular tiene la llave para una paz integral, participativa, incluyente, diversa y transformadora. El Congreso de los Pueblos[7], amplio espacio de articulación del movimiento popular colombiano que recoge los acumulados de múltiples procesos organizativos en defensa del territorio y la vida digna (como la Minga de Resistencia Social y Comunitaria), se constituye como uno de los principales referentes para jugar un rol importante en un proceso de construcción de paz más amplio e incluyente.

El pasado mes de abril, el Congreso de los Pueblos convocó una sesión temática en torno a la Paz. Durante cuatro intensos días, 20.000 personas, llegadas de todo el territorio colombiano, se reunieron a debatir y legislar sobre la paz que el pueblo exige, la paz que el pueblo construye y el proceso de construcción de paz que el pueblo quiere. Los resultados de dicha deliberación colectiva conforman una Agenda de País en Paz que recoge los aportes de los diferentes procesos locales, regionales y nacionales, en siete ejes temáticos (que abarcan desde propuestas concretas en torno al modelo económico de Colombia, el modelo político y la participación ciudadana, hasta el modelo de justicia y la integración solidaria de los pueblos del mundo) y tres ejes de acción a corto plazo (carácter del movimiento social para la paz, movimiento político y acuerdos humanitarios).

En este Congreso para la Paz se mandataron cuestiones tan relevantes para construir paz en Colombia como las siguientes[8]:

  • La construcción de la paz es un proceso de largo aliento que va mas allá de los iniciales espacios de negociación y solución al conflicto armando, que requiere de acciones permantes por parte del movimiento popular para la consolidación de propuestas transformadoras del modelo hegemónico, que precisa de la generación de espacios de articulación local, regional, nacional e internacional, y que debe tener en cuenta de manera prioritaria a las víctimas. En particular debe contemplar las luchas y reclamaciones de las mujeres, presos políticos, personas desplazadas, refugiadas y exiliadas. Verdad, justicia, garantías de no repetición y reparación integral se constituyen como exigencias estratégicas no negociables. La amnistía y la impunidad deben ser elementos consensuados con el movimiento popular. Se deben reconocer como crímenes de guerra los delitos de violencia sexual hacia las mujeres.
  • Se asume el reto de crear un movimiento popular que recoja los acumulados, que convoque las inicitivas por la paz de lo local a lo nacional y sea capaz de liderar y jugar un papel determinante en el proceso de construcción de paz.
  • El proceso de paz no debe fortalecer al capital y a las oligarquías colombianas, que plantean un nuevo consenso social para profundizar en el modelo social, político y económico de explotación y acumulación. Debe contribuir a los cambios estructurales que requiere el pueblo para alcanzar la vida digna y la soberania nacional.

El reto es mayúsculo en Colombia: pasar de unas negociaciones cerradas entre el gobierno y las FARC-EP a un amplio proceso de construcción de paz para la vida digna, que incluya la participación de toda la insurgencia (ELN y EPL) y de la ciudadanía por medio de sus organizaciones sociales y políticas. La llave la tiene el movimiento social.


Marylén Serna es vocera del Congreso de los Pueblos.

Artículo publicado en el número 57 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2013.


NOTAS:

  1. El caso más conocido es el exterminio de la oposición política de la Unión Patriótica (UP), con más de 3.000 militantes asesinados (incluidos alcaldes y candidatos presidenciales), pero no es el único. Movimientos como A Luchar también sufrieron de una fuerte represión. En la actualidad son múltiples los casos de persecución, hostigamiento y amenazas a líderes o simpatizantes de la oposición.
  2. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, febrero de 2011. Disponible en la web de ACNUR, www.acnur.org.
  3. Ibáñez, Ana María: Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia 2000-2009. Por otro lado, según la Resolución 0045 de junio de 2012, el número total de hectáreas destinadas a Áreas Estratégicas Mineras alcanzaría los 22.287.812.
  4. Ramos, Esteban A. (2012): El conflicto sociopolítico colombiano y la construcción de paz transformadora y participativa. Una mirada desde el movimiento social, Cali (Colombia), Paz con Dignidad – Unverteilen.
  5. No se ha tenido acceso a los acuerdos alcanzados recientemente en la ronda de negociaciones de La Habana.
  6. Sobre la paz militar y otros conceptos relacionados, ver el cuaderno indicado en la nota 3 o el artículo de Esteban Ramos en este mismo dossier.
  7. Congreso de los Pueblos: www. congresodelospueblos.org/sitio/.
  8. Recogido de la plenaria del Congreso de los Pueblos. Citas no literales.

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