¿Por qué tanto descontento? Crisis de hegemonía y protesta social bajo el gobierno Santos

En las últimas semanas hemos asistido, no sin cierta perplejidad, a todo tipo de informaciones y desinformaciones sobre las movilizaciones sociales que se adelantan y se planean en distintos sectores y regiones. Tal perplejidad no se debe tanto a la protesta en sí misma, como al significado que adopta en la actual coyuntura.

Y es que la protesta social se ha convertido en un protagonista principal durante el gobierno Santos, desde su comienzo mismo. El paro de camioneros en febrero de 2011, a seis meses de instalado el gobierno, puso al descubierto una especie de ritual que se repetiría en distintas oportunidades, una suerte de parodia de los policías buenos y malos, al peor estilo de los enlatados gringos: al comienzo una negativa a negociar bajo la presión de las “vías de hecho”, apostando al desgaste de la protesta, luego, cuando la situación se tornaba inmanejable, la intervención del Vicepresidente. Esa táctica, si así se le puede llamar, funcionó prácticamente siempre que se implementó. El que no haya operado con las protestas del Catatumbo y, más aún, el que se anuncien otras movilizaciones de envergadura, nos conmina a cuestionarnos ¿por qué tanta protesta?

El aumento de los niveles de movilización evidencia la existencia de una crisis de la hegemonía que se expresa sobre todo en la creciente erosión de su componente consensual o de legitimación. Ello explicaría, además, el que el gobierno haya intensificado la coerción, particularmente la represión de la protesta.

Hasta hace poco connotados analistas diagnosticaban una crisis de legitimidad prácticamente estructural en el sistema político colombiano. Tal crisis se habría originado durante el Frente Nacional. El reparto milimétrico de la burocracia entre los partidos tradicionales habría desgastado la adscripción ideológica que mantenían estas colectividades. La lealtad de los partidos pasó a depender en forma creciente de incentivos materiales provistos mediante redes clientelistas. La crisis de legitimidad tenía asidero en el hecho de que la “torta” burocrática sólo alcanzaba para una parte muy reducida de la población, lo que motivaba el descontento y la frustración de las demandas de sectores medios y emergentes, en alguna medida producto del proceso de modernización que registró el país en la segunda mitad del siglo XX, y el incremento en los niveles de represión. Era el “sistema político del clientelismo”, de acuerdo al estudio de Leal y Dávilai. A este problema, no resuelto del todo luego de la Constitución de 1991, se adicionó el escalamiento de la confrontación armada durante los años ochenta y noventa, lo que en sí mismo puso en evidencia falencias en los mecanismos consensuales en que se sustenta la hegemonía política.

Los discursos de gobierno, por lo menos desde 1982, con algún éxito estuvieron orientados a superar esa crisis de legitimidad invocando la búsqueda de la paz. Esa intención puede rastrearse incluso con una ojeada a los discursos de posesión presidencial. Desde el “declaro la paz a mis conciudadanos sin distinción alguna” de Betancur, hasta el “cambio para construir la paz” de Pastrana, apelaron de forma consciente o inconsciente al significante paz a fin de legitimar el sistema político, con o sin negociaciones. Pues bien, entre 2002 y 2010 cambió esa dinámica, pues el discurso del gobierno de turno se sustentó en una declaratoria de guerra sin cuartel, luego del fracaso de las negociaciones del Caguán.

La “seguridad democrática” articuló a los descontentos con el proceso de paz iniciado en 1999, entre quienes se encontraban elites regionales emergentes de distinta raigambre y sectores de las elites políticas tradicionales, en un bloque hegemónico que permitió cambiar las reglas de juego y prorrogar el período presidencial por ocho años. Si bien esa política implicó un escalamiento en la confrontación bélica, el gobierno también puso en práctica una serie de mecanismos orientados a su legitimación, es decir, el componente consensual de la hegemonía. Campañas que pretendían “recuperar” la seguridad y la confianza inversionista como “vive Colombia, viaja por ella”, programas de asistencia para conseguir el consentimiento de los desposeídos como “familias en acción”, o de sectores regionales pudientes como “agro ingreso seguro”, además de toda suerte de gabelas clientelares, entre otros.

Dentro de esas estrategias se destacaron también la apelación a un discurso de “patria en peligro” que permeó cada una de las iniciativas, llevando incluso a transformar los símbolos patrios, y una permanente y agresiva campaña mediática que iba desde la exigencia de que los medios de comunicación se refirieran siempre como “presidente” a quien entonces ocupaba el cargo, hasta la destinación de grandes recursos en propaganda institucional incluyendo los “consejos comunitarios”, e incluso la dudosa presentación de cifras económicas y sociales que entonces conllevó no pocos escándalos. Se trataba de una legitimación virtual en la que las dinámicas comunicativas reemplazaban aquellas de la vida real, muy desatinadamente denominada la “democracia de opinión”, sustentada en las encuestas de popularidad que ubicaban al jefe de Estado por encima del 70%. Aunque los problemas sociales y políticos seguían sin resolverse, y por el contrario se adicionaran escándalos de corrupción y espionaje, jamás llevados a la justicia, todo se compensaba con la aparición diaria del entonces presidente en los grandes medios de comunicación en sus distintas secciones, incluyendo por supuesto la de farándula. La legitimación sustentada en esas dinámicas mediáticas se mostraba tan sólida que para las elecciones de 2010 se trataba de elegir la continuidad o el “descarrilamiento” de la seguridad democrática.

Así ocurrió, se eligió la continuidad, pero sólo en apariencia. La recomposición de las relaciones con los países vecinos que puso en práctica el gobierno de Santos empezó a marcar un rumbo distinto al de la “seguridad democrática”. Una expresión de la crisis de hegemonía es el hecho de que hoy existe un antagonismo entre los sectores que se agrupan en torno a la figura del expresidente y aquellos que se declaran partidarios de Santos. En el fondo, las diferencias se sustentan más en los intereses de la fracción de la clase dominante que representan, que en un proyecto de país o una concepción de política diferentes. Las políticas del gobierno actual no son sustancialmente distintas a las del precedente; por el contrario, se ahondan sus orientaciones neoliberales (reforma de la educación superior, reforma de la salud, etc.), el viraje hacia el modelo de acumulación extractivista y el talante autoritario y represivo.

La “prosperidad democrática”, que se pretendía reemplazo de la “seguridad democrática”, no funcionó como significante articulador de los sectores dominantes, y ya ni siquiera se escucha en boca del gobierno. Si bien las campañas comunicativas no se han abandonado, muestra de ello es la reciente propaganda televisiva que llama a los ciudadanos a seguir las vías institucionales para manifestar su descontento, el patrioterismo retórico e icónico parece ceder el lugar a las dinámicas tradicionales de la maquinaria política. No deja de ser paradójico, si se lee en perspectiva histórica, el que las negociaciones de paz ya no parecen ser suficientes para legitimar el sistema político. Ello puede indicar una creciente conciencia de que la paz no depende de un arreglo entre Estado e insurgencia, sino también compromete necesidades sentidas de la ciudadanía.

En cualquier caso, el auge de la protesta indica que el modelo de legitimación virtual ha llegado a su fin. En prácticamente la totalidad de las protestas, Santos le ha apostado al desgaste de los manifestantes. Esa apuesta ha estado acompañada por el uso de los medios de comunicación para deslegitimar las demandas de los manifestantes, la criminalización y la represión.  Ello explica en parte por qué las protestas han persistido por varios días, semanas y meses. Esa estrategia ha redundado en varias derrotas. Ambas cosas, la reticencia del gobierno a escuchar a los actores sociales y la táctica de esperar a que las movilizaciones caigan por su propio peso, quizás obedecen a una lectura errada del contexto político por parte del gobierno y a la característica subestimación de los ciudadanos de a pie por parte de la clase política. Pero lo nuevo en el presente contexto no tiene tanto que ver con la actitud del gobierno, que no ha cambiado mucho, sino con la creciente capacidad de los ciudadanos para hacerse oír. Detrás de esa reticencia del gobierno a escuchar a los ciudadanos hay una suerte de legado muy problemático del anterior gobierno y es creer que la legitimidad de las instituciones depende de la propaganda mediática y la manipulación mediante encuestas. La situación de hoy nos muestra que esa perversa política se agotó: los problemas reales de las personas no dan espera.

Desde luego, la protesta tiene una dinámica propia que sólo parcialmente se explica por la crisis de hegemonía. Las personas no responden de forma “reactiva” frente a situaciones como esta. Existen elementos estructurales u objetivos y subjetivos que pueden dar luces para entender el auge de las movilizaciones:

1. La llegada al poder de Santos implicó un cambio en el contexto político y la forma como el gobierno nacional afronta las protestas en relación con el anterior gobierno. En algunos aspectos ese cambio es más a nivel retórico. Así por ejemplo, no existe una ruptura importante en relación con la forma como tradicionalmente el Estado colombiano ha hecho frente a la protesta social, consistente en el desconocimiento de su legitimidad afirmando que se trata de “minorías” muchas veces privilegiadas, como al principio se enfrentó la protesta estudiantil o la de los caficultores; la criminalización, pues no ha existido ninguna protesta en la que miembros del gobierno no hayan salido a decir que se trata de protestas infiltradas cuando no orquestadas por la insurgencia; y finalmente la represión, que ha estado presente con mucha fuerza en todas las protestas y se ha ido incrementando con el paso del tiempo. Al respecto se pueden mirar las cifras de heridos y, lamentablemente, muertos, en el paro cafetero y ahora con las protestas del Catatumbo. El cambio entonces es más retórico, en la medida en que el gobierno se presenta como más conciliador y menos beligerante que el de su antecesor. Pero incluso ese pequeño cambio puede llevar a las personas a interpretar la realidad como un contexto favorable para ejercer su derecho a la protesta, si tenemos en cuenta la beligerancia y la estigmatización que recaía sobre cualquiera que osase hacer escuchar su voz ciudadana durante el gobierno anterior. En este mismo sentido, este contexto general ha abierto oportunidades por la vía de los diálogos de paz que, pese a los niveles de represión y a que el gobierno continúe implementando políticas contrarias a cualquier esfuerzo por construir paz, hace que la gente sienta la necesidad movilizarse para hacer escuchar su voz porque percibe un contexto favorable.

2. Como antes se dijo, también incide la gran crisis de legitimidad de las instituciones. Hace rato que las colombianas y los colombianos no creen en los partidos políticos, el Congreso, el Ejecutivo y ya ni siquiera en los organismos de la rama judicial o el ministerio público. Esto posiblemente se explique porque no ha habido una clara ruptura con las dinámicas que traía el anterior gobierno. No se ha hecho justicia en la totalidad de escándalos que llevaron al sistema político a esa crisis de legitimidad. No se han sometido los responsables a la justicia ni han asumido su responsabilidad política. Esas dinámicas parecen mantenerse aún y quizás una muestra de ello es la creciente beligerancia de funcionarios que no pueden participar en política. Por otra parte, un sector de la clase política continúa apostándole a la política mediática que llevó al anterior presidente a niveles de popularidad superiores al 70% como una forma de legitimar el sistema político. Muestra de ello es la discusión sobre la elección del “gran colombiano”. Sin embargo, el auge de la protesta muestra que esa estrategia ya se agotó y lo que procede, en un contexto de diálogos de paz, es escuchar las demandas de la gente y hacer lo posible por resolverlas.

3. Otro factor que influye son las contradicciones del gobierno. Mientras por un lado se habla de paz, por el otro se ahondan las políticas que están en la raíz del conflicto armado. Muchas de las protestas durante este gobierno cuestionan radicalmente el modelo de acumulación (que es diferente de un modelo de desarrollo) basado en la extracción de recursos naturales. Como ha sido ampliamente demostrado, ese modelo no genera ningún beneficio para el país [2]: la mayor parte de la riqueza que genera la “locomotora minera” no se queda en el país, y la poca que se queda por la vía de la especulación financiera genera enfermedad holandesa, lo que termina por acabar con el agro y la industria. Pero, además, produce problemas sociales y ambientales muy graves, que están detrás de la protesta: se contamina o se acaba con recursos naturales, se desincentiva la producción agropecuaria ocasionando crisis económicas y desempleo en las regiones. La mayoría de las protestas durante el gobierno Santos se han producido en contra de ese modelo que sólo beneficia a las multinacionales. Los manifestantes en el paro cafetero tenían dentro de sus demandas el impedir que en las zonas cafeteras hubiese explotación minera. Con razón reclamaban del Estado un trato proporcional a la importancia que tuvo el sector cafetero para los ingresos públicos nacionales mediante la “contribución cafetera”. Lo paradójico es que el auge de la megaminería arruina sectores como los caficultores, pero no aporta a esos ingresos sino, por el contrario, goza de crecidas exenciones tributarias. En fin, la mayoría de las protestas han cuestionado el terco empeño del gobierno de ahondar en las políticas neoliberales mediante tratados de libre comercio carentes de mínima planeación que proponen mercantilizar incluso derechos como la educación.

4. Las personas no se movilizan por reacción, toda protesta tiene un proceso consciente de interpretación de la realidad, unos objetivos y unas formas organizativas, por mínimas que sean. Quizás este es un factor de ruptura en relación con el pasado reciente de nuestro país. En un nivel molecular, hoy en día pululan los procesos organizativos populares. Ante la desconfianza y la imposibilidad de hacer oír sus demandas por parte de las autoridades públicas, las personas están buscando opciones para participar en la política, para realizarse como ciudadanos, y ello pasa por su organización. Las protestas que se han presentado han generado dinámicas de politización y enrolamiento de personas que anteriormente no contemplaban la movilización como una vía legítima para hacerse oír. En un nivel más societal o molar, existe una clara recomposición organizativa en el campo popular palpable en las dinámicas de unidad que se han conseguido desde hace tres años en espacios como la Marcha Patriótica o el Congreso de los Pueblos.

Aunado a estos procesos organizativos, hay un cambio importante a nivel de los proyectos políticos y los horizontes discursivos. Mientras el gobierno y los adversarios de las protestas sólo pueden ver en ellas retozos de la insurgencia, al examinar los discursos de las personas que protestan pueden encontrarse claras evidencias de proyectos políticos plurales que cuestionan la inequidad, la injusticia, la ausencia de soberanía popular, de respeto por la diferencia y de democracia real, necesarios para la construcción de la paz en este país.

En un contexto nacional de crisis de la hegemonía y global de indignación, es de esperar que la protesta crezca o por lo menos se mantenga mientras no existan respuestas que ataquen de raíz los problemas que la suscitan. La pregunta que subyace a esta conclusión es si la protesta puede dar paso a una política más orgánica capaz de realizar en el mediano plazo las reformas estructurales que el país requiere para construir la paz. ¿Será la izquierda capaz de superar sus ya bizantinas discusiones y sus no menos antiguas rencillas para articular el campo popular en este sentido?


Fuente: Palabras al Margen.

NOTAS:

    1. Leal Buitrago Francisco y Dávila Ladrón de Guevara Andrés (1991) Clientelismo. El sistema político y su expresión regional. Bogotá: IEPRI-TM. Las ideas precedentes se encuentran muy bien desarrolladas en Múnera Leopoldo (1998) Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988. Bogotá: IEPRI-CEREC-Universidad Nacional de Colombia.
    2. Hernández Diego, “Paz y Minería”, en http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/item/paz-y-mineria?category_id=55

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