Proceso de paz en Colombia. El difícil camino de la reconciliación

Si consideramos la guerra como una de las tantas manifestaciones del machismo, un proceso de paz debería consistir no sólo en dejar de usar las armas sino en reparar a las víctimas, sacar a luz las violaciones y mostrar a los violadores, para entrar así en un verdadero proceso de paz. No hay paz posible sin que los combatientes se reconozcan y sean reconocidos como verdugos de una sociedad.

En Colombia, luego de un año de conversaciones de paz en La Habana entre representantes del gobierno y de las FARC, se llegó a un primer acuerdo sobre temas agrarios. Unos y otros reconocen que la tierra está en el centro del conflicto. En torno a las tierras de los campesinos se inició la violencia en la década de 1940: los terratenientes para acumularlas los expulsaron a punta de fusil; para asentarse en zonas de colonización y defenderse, los campesinos tomaron las armas y con los años se hicieron guerrilleros.

En Colombia nunca hubo reforma agraria. Es la excepción entre los países andinos. En las dos últimas décadas un sector de la clase dominante, representado por los ganaderos y los narcos, se ha beneficiado con la guerra en la que obtuvo seis millones de hectáreas despojando y desplazando a más de cinco millones de campesinos según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Esa cifra representa más de uno de cada diez habitantes y convierte a Colombia en el país con más desplazados internos del mundo.

El gobierno de Juan Manuel Santos promulgó en junio de 2011 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que reconoce explícitamente la existencia de un conflicto armado en clara ruptura con la política de su antecesor Álvaro Uribe. Entre las medidas de reparación contempladas por la ley destacan indemnizaciones y la restitución de tierras que se propone la devolución de al menos 160.000 propiedades en los cuatro años de gobierno (2010-2014). Pero el primer año de vigencia apenas se hicieron 699 restituciones y en 2012 se pretendió llegar a las 2.100, cifras muy alejadas de los objetivos trazados.

Los acuerdos firmados en La Habana proponen formalizar la tenencia de la tierra, ya que el 48 por ciento de los pequeños campesinos no tienen título de propiedad, situación que facilitó el robo de tierras por ganaderos y narcos, aliados con los paramilitares. Son éstos los que se oponen a la paz, ya que la guerra fue y sigue siendo su negocio.

El gobierno dice estar comprometido en una megainversión en las áreas rurales para modernizarlas y eliminar así las causas de la violencia. Las inversiones se harían en zonas de colonización, donde la guerrilla ha sentado sus reales y cuenta con sólidos apoyos. Más aún, se aceptaría que fueran los propios cuadros de las FARC, o asesores ligados, los encargados de promover las obras locales. Por último, el gobierno se compromete a garantizar la seguridad de los guerrilleros que dejen las armas para no repetir la triste historia de la Unión Patriótica, miles de cuyos miembros fueron asesinados en la década de 1980 en el marco del primer proceso de paz.

Sin embargo, desandar un conflicto de cinco décadas no será sencillo. Hay demasiados muertos y demasiados crímenes impunes. Desde fines de abril la comandancia de las FARC y los dirigentes nasa del Cauca se cruzaron misivas y reproches serios. Los indios nasa denuncian que entre enero de 2002 y abril de 2013 fueron asesinados 70 comuneros de un pueblo que no alcanza los 200.000 habitantes: un tercio fueron muertos por militares y paramilitares, otro tercio por las FARC y el tercio restante no se pudo determinar.

La guerrilla nunca reconoció la existencia de territorios autónomos de los pueblos indios, ni a sus autoridades ni su justicia, ni la voluntad expresa de que no recluten milicianos en las comunidades. Los paramilitares saben que los nasa, así como otros pueblos, habitan encima de enormes riquezas minerales que las multinacionales quieren explotar, y que para hacerlo lo más sencillo es desplazarlos.

Demasiados intereses están en juego. Demasiadas violaciones deben ser reparadas para poder empezar a transitar el camino de la reconciliación.


Raúl Zibechi, docente e investigador sobre movimientos sociales, es analista internacional del semanario Brecha (Uruguay) y columnista de La Jornada (México) y otros medios.

Artículo publicado en el número 57 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2013.


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