Industrialización del litio en Bolivia: propiedad pública, desarrollo autónomo y soberanía energética

¿Puede un proceso de industrialización contribuir a terminar con la dependencia económica logrando a la vez un modelo de desarrollo que supere el extractivismo? La generación de tejido industrial en torno al litio mediante proyectos estatales en Bolivia intenta alcanzar esos objetivos.
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Fotografía: Iván Aranda.

Hacia finales de los años noventa la crisis asiática reveló la extrema vulnerabilidad de las economías latinoamericanas tras las reformas neoliberales, al retraer el flujo de capitales financieros y reducir los precios de las materias primas exportadas. En ese contexto recesivo, las secuelas sociales de dichas reformas (fuerte aumento de la desocupación, la pobreza y la desigualdad social) se expresaron en nuevos ciclos de protestas y manifestaciones populares. La llamada inestabilidad política así generada fue leída por la ideología dominante como causa y no resultado de la crisis económica. La presión por una salida interesada (represión y ajuste fiscal para recuperar la confianza de los inversores internacionales) no hizo más que agudizar las contradicciones del modelo.

No obstante, la forma en que los países atravesaron las crisis económicas y políticas de principios de siglo XXI e ingresaron al nuevo ciclo de elevados precios internacionales[1] no fue producto de una reacción meramente económica. Obedeció al tipo de alianzas de clases que (sobre las nuevas condiciones económicas) lograron conformar un nuevo bloque social hegemónico. Bloque social que, en cada país, asumió como proyecto político propio la profundización o la superación de la histórica dependencia económica (y tecnológica) en cuanto a la división internacional del trabajo[2].

La salida de la crisis respondió, en cada caso, a los intereses de la fracción social que fue capaz de imponer una lectura histórica sobre el drama colectivo. La emergencia de proyectos políticos alternativos en la actualidad no sólo se manifiesta en la ampliación de derechos democráticos y en la distribución de la riqueza, sino también en la apropiación de la renta pública, la dirección del excedente económico, la soberanía sobre los bienes comunes y la tendencia hacia un desarrollo tecnológico autónomo.

El litio: nuevo commodity o recurso estratégico

A partir de los setenta, el desarrollo de las nuevas tecnologías en telecomunicaciones y energías renovables (estimuladas por la acelerada expansión global del capital financiero y por el agotamiento futuro de los combustibles tradicionales) encontró en el litio un nuevo valor de uso. Por su alto potencial electroquímico y su baja densidad, comenzó a ser utilizado en la producción de materiales de electrodo, emergiendo como condición de posibilidad de una nueva generación de baterías eléctricas, desechables y recargables. Luego de dos décadas de investigaciones, la empresa japonesa Asahi Kasei logró fabricar la primera batería de ión-litio, finalmente comercializada por Sony en 1991.

A partir de allí, la producción de baterías para la creciente industria de la electrónica portátil (telefonía celular, reproductores de audio y computadoras) abrió la posibilidad a principios del siglo XXI a una nueva generación de vehículos eléctricos. En ese contexto, las trasnacionales de la química básica y los Estados de sus países de origen, despliegan una estrategia global de provisión de insumos estratégicos, en su búsqueda sistemática por reducir los costos de producción.

En las salmueras de los grandes salares del Cono Sur se encuentran los mayores yacimientos mundiales de recursos evaporíticos (ricos en litio, potasio, boro y magnesio), que se extraen mediante bombeo y evaporación. Mientras desde Chile la empresa privatizada SQM domina el mercado mundial de litio, en Argentina la norteamericana FMC ocupa el segundo lugar y las grandes automotrices transnacionales acceden al resto de los salares; el Estado Plurinacional de Bolivia, en cambio, es el único país en rechazar el modelo de concesión para la exportación de commodities. Desde 2008 el gobierno de Evo Morales avanza con un plan de industrialización soberana, a partir del control de sus reservas y la creación de una empresa pública.

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Mario Virreira, ministro de Minería y Metalurgia, y Evo Morales, presidente de Bolivia. Fotografía: Iván Aranda.

El bloque campesino-indígena y la industrialización del litio

Desde los tiempos de la colonia y durante toda la vida republicana de Bolivia, las organizaciones campesino-indígenas jugaron un papel decisivo en los conflictos históricos. Tras la Revolución de 1952 (que nacionalizó la gran minería, decretó una profunda reforma agraria y universalizó el voto) establecieron un pacto conservador con las fuerzas armadas. Sin embargo, durante la dictadura del general Banzer (1971-1978) rompieron el pacto militar-campesino y, tras diversas experiencias acumuladas de organización sindical y política, irrumpieron con la crisis de principios de siglo XXI en la escena política nacional. De esta manera, una nueva fuerza política de origen rural logró forjarse como nueva izquierda antiimperialista. Sobre la base de organizaciones sindicales campesinas y movimientos sociales indígenas, recuperaron las históricas demandas nacionales y en 2006 lograron acceder a las superestructuras complejas del Estado.

Dueños de la principal reserva mundial de litio, rechazaron todos los intentos por concesionar las salmueras del salar de Uyuni durante las reformas neoliberales de los ochenta y noventa. En el contexto de intensas protestas sociales, la norteamericana FMC Lithco, que había logrado un contrato con el gobierno boliviano, decidió en 1993 migrar su proyecto al Salar del Hombre Muerto en Catamarca, Argentina[3].

En enero de 2006, el dirigente campesino y líder del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales Ayma asumió el gobierno por mayoría absoluta y comenzó una política de nacionalizaciones como respuesta a los conflictos sociales generados por las privatizaciones. Si bien la inauguración de importantes mega proyectos mineros (San Cristóbal, San Bartolomé) mantiene a las empresas transnacionales como las principales productoras y exportadoras del sector, el esfuerzo del nuevo Estado Plurinacional en recuperar una parte de la renta minera y avanzar con proyectos de industrialización no puede comprenderse sin considerar las características del nuevo bloque social hegemónico.

Fue la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudoeste Potosino (FRUTCAS) la que presentó al nuevo gobierno una propuesta de industrialización del Salar de Uyuni a cargo de una empresa 100 por cien estatal, consistente en la producción piloto (Fase 1) y luego industrial (Fase 2) de carbonato de litio y cloruro de potasio. Sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo aprobado en 2006 y la declaración de la reserva fiscal sobre todo el territorio nacional en 2007, la propuesta de la FRUTCAS fue asumida como política de Estado. En mayo de 2008 se comenzó la construcción del proyecto piloto en Llipi Llipi (orilla sur del Salar de Uyuni) y en octubre de 2010 se lanzó la “Estrategia de Industrialización de los Recursos Evaporíticos de Bolivia”. Allí se definieron los detalles del plan estatal, incluyendo por primera vez una Fase 3 de producción de baterías de ion-litio[4].

Al ser esta última la única fase del proyecto que contempla la asociación con empresas extranjeras (en tanto se desarrollan fuera del salar y de sus recursos naturales), expresa la emergencia de dos modelos alternativos de transferencia tecnológica:

Modelo “joint-venture”: En marzo de 2012 el gobierno boliviano firmó un principio de acuerdo con la empresa surcoreana Kores-Posco para establecer una planta piloto conjunta de materiales catódicos. El principal motivo de la empresa, sin embargo, es la posibilidad de acceder a la mayor reserva de litio del mundo en caso de un eventual fracaso del proyecto estatal.

Modelo “compra llave en mano”: Bajo esta modalidad, el Estado compró en abril de 2012 a la empresa china Linyi Gelon una planta piloto de baterías recargables por tres millones de dólares. El gerente estatal Alberto Echazú explicó la diferencia: “Estamos comprando la planta, aquí no hay convenios, nos tienen que enseñar a hacer análisis de caracterización de compuestos, de materiales, luego la síntesis de los materiales y su calidad para que tengamos personal capacitado”[5].

En agosto de 2012 el gobierno de Evo Morales inauguró la producción piloto de cloruro de potasio y en enero de 2013 la producción piloto de carbonato de litio (Fase 1). En estas inauguraciones, el presidente anunció la instalación de las plantas piloto de cátodos y baterías de ion-litio a las afueras de la ciudad de Potosí.

Alternativa productiva

Tanto el control público sobre las mayores reservas mundiales de litio como la dirección estatal del proyecto de industrialización emergen como alternativa real a la reclamada superación del extractivismo. No sólo por la recaudación pública que podrá generar la comercialización de los productos derivados del litio (carbonato de litio, materiales catódicos, baterías), sino sobre todo por el encadenamiento industrial hacia adelante que ese desarrollo productivo posibilita.

Orientado en función de las propias necesidades nacionales, la generación de dicho tejido industrial puede tener, a largo plazo, dos consecuencias fundamentales: a) el desarrollo de ciencia y tecnología autónoma; b) la soberanía energética, basada en la acumulación de energía renovable.

Superar la dependencia económica significa poder orientar el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales en función de las propias necesidades de reproducción y acumulación, así como bajo relaciones de producción más justas y armónicas. Desde esta perspectiva, la demanda mundial de litio deja de constituir el fin último y pasa a ser considerada como mera condición de rentabilidad para una empresa cuyo objetivo a largo plazo es la generación de tecnologías propias en energía sustentable. Más allá del futuro del mercado mundial del litio, impulsado por la industria de los nuevos vehículos eléctricos (de lujo), el desarrollo de tecnologías de almacenamiento energético en Bolivia podría satisfacer la demanda nacional (sobre todo rural) en cuanto a la generación de energía renovable.

En la lucha por la hegemonía política, el nuevo bloque social popular debe ir más allá del simple rechazo a la ocupación territorial de las empresas transnacionales (y sus efectos contaminantes) y ser capaz de impulsar alternativas de desarrollo productivo soberano con control social.


Federico Nacif es sociólogo (Universidad de Buenos Aires, UBA) e investigador del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, Buenos Aires, Argentina.

Este artículo ha sido publicado en el número 56 de Pueblos – Revista de Información y Debate, abril de 2013.


NOTAS:

  1. Ciclo iniciado en 2003 por la mejora en los términos de intercambio a favor de los insumos y alimentos que demanda la industrialización de Asia.
  2. Para un análisis sobre la actual división internacional del trabajo y la crisis mundial ver Arceo, Enrique (2011): El largo camino a la crisis. Centro, periferia y transformaciones de la economía mundial, Cara o Ceca, Buenos Aires.
  3. En Argentina el lobby minero había conseguido uno de los regímenes de inversiones más favorables de la región, aún vigente: amplia desgravación impositiva, estabilidad fiscal por 30 años y regalías limitadas al tres por ciento.
  4. Además de los 17 millones de dólares desembolsados por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) para la Fase 1 de planta piloto, dos créditos del Banco Central de Bolivia fueron aprobados en 2010 y 2011: el primero, 120 millones de dólares; el segundo, 765 millones.
  5. Cambio, 10/04/2012.

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