Las víctimas exigen participar en los diálogos de paz de Colombia

La vida de Marlene García es un momento efímero entre dos eternidades: la muerte de sus dos hijos, “por crímenes de Estado todavía impunes”. El 4 de febrero de 1984 asesinaron a su hijo Jaime Fernando Hurtado y el 16 de mayo de 1997 mataron a Jairo Iván Hurtado. Imposible olvidar las fechas, que Marlene recuerda con orgullo: “Jaime prestaba el servicio militar obligatorio y su pecado fue no querer participar del robo continuado que estaba produciéndose en la oficina de su batallón. A Jairo le dio por estudiar derecho para combatir la corrupción. Los dos acabaron de la misma forma”.

Ya desde la primera eternidad, Marlene comprendió que nunca dejaría de clamar justicia, que estaba casada para bien o para mal con la historia. La suya ha sido paradójicamente la historia de enterrar muertos para vivir por ellos. Hoy sabe que lo que tarda tanto en llegar es igual que si no hubiera llegado, peor incluso, porque el cumplimiento a destiempo de lo que tanto deseó acaba teniendo un reverso de sarcasmo: “No tengo nada pero no necesito dinero. Lo único que pido es que reconozcan los asesinatos. Aunque ya sea demasiado tarde. Denuncié el caso de Jaime pero amenazaron de muerte al único testigo y tuve que parar la investigación. A Jairo le borraron del sistema, no figura ni que trabajó en la Fiscalía, y lucho por dar a conocer su caso”.

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Fotografía: J.Marcos. Colombia, 2013.

El pasado miércoles 6 de marzo, Marlene acudió a la plaza San Francisco de Cali, punto del encuentro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en el Valle del Cauca. Desde 2008 recuerdan y honran a sus seres queridos en el proclamado Día de la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado de Colombia. El acto central se celebró en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, aunque las réplicas se multiplicaron por toda la geografía colombiana, si bien mermadas en número por el paro cafetero que afecta a buena parte del país.

Las negociaciones entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se iniciaron enOslo (Noruega) a principios de octubre y posteriormente se trasladaron la capital cubana en noviembre de 2012,realzaron la importancia de la cita de este año. “El actual proceso de paz que se realiza en La Habana es una oportunidad histórica”, recalca el MOVICE, de la que sin embargo las víctimas se sienten excluidas: “Tenemos derecho a participar y a decidir sobre nuestros derechos a la verdad, a la justicia a la reparación y a las garantías de no repetición. Rechazamos que dos actores del conflicto, a puerta cerrada, tomen decisiones por nosotros y definan el futuro de nuestra lucha sin contar con nosotros y nosotras. Por tal motivo, se debe garantizar la participación deliberante y decisoria de nuestros propios representantes”.

Héctor Castro, el vocero del MOVICE en el Valle del Cauca, departamento al suroccidente del país, explica a Hemisferio Zero que “no es un problema de desconfianza en los diálogos de La Habana, sino que para nosotros la paz va mucho más allá de lo que se está tratando en Cuba. La paz que entendemos se escribe en otros escenarios con presencia de organizaciones sociales. Eso no implica para que ayudemos a que los diálogos de La Habana terminen bien, pues son muy importantes para el fin del conflicto armado”.

El MOVICE presentó sus ‘Propuestas mínimas sobre la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición’, en una misiva con once puntos clave que giran en torno a los derechos de las víctimas y se sostienen en cuatro ejes: verdad, justicia, reparación y no-repetición.

Su primera demanda es que las diferentes partes del conflicto armado, el Estado pero también los grupos armados de oposición, deben asumir su responsabilidad por los crímenes cometidos. Instan en particular al Gobierno colombiano a reconocer “la existencia de una política de Estado que ha propiciado las violaciones a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, genocidio y los crímenes de guerra”. Es por ello que apelen a su máxima autoridad, al presidente Juan Manuel Santos, a que pida “perdón públicamente”.

Para ello proponen una Comisión de la verdad que “investigue los hechos, recoja toda la información posible para su esclarecimiento y recomiende las acciones judiciales y las reformas institucionales necesarias”. El ente no tendría funciones judiciales pero sí contribuiría a aclarar las violaciones a los derechos humanos cometidos en Colombia desde 1945, a la par que serviría para pedir el “regreso de todos los desaparecidos”, la “entrega de los restos de quienes hayan sido asesinados” y “la revelación de todas las sepulturas clandestinas que existan en el país”.

Desclasificación de documentos y reducción de fuerzas armadas

Dos de las medidas más comentadas en los días posteriores a la movilización del 6 de marzo por los grandes medios de comunicación, gran parte de ellos alineados con la postura gubernamental (a la rueda de prensa que el MOVICE convocó en Cali, la tercera ciudad más populosa del país, sólo asistió un medio de comunicación colombiano), han sido la desclasificación de “la totalidad de los documentos reservados del Estado, especialmente los archivos de inteligencia” y la reducción del “tamaño delas Fuerzas Militares y de su presupuesto, desmilitarizando la vida social y eliminando políticas que vinculen a los civiles a actividades castrenses, como el servicio militar obligatorio, los soldados campesinos o las redes de informantes. Además, se debe separar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa convertirla en un cuerpo civil”.

Las víctimas también reclaman justicia, mediante sanciones “a todos los responsables de estos crímenes”, además de la reapertura de las investigaciones penales archivadas y la anulación de las sentencias surgidas de “una administración fraudulenta”. Entienden que tienen derecho a que ellas mismas, a través de las diferentes organizaciones de las que forman parte, realicen una revisión de la Ley de Víctimas y Restitución e Tierras, para “formular una política justa”, por ejemplo, en cuanto a los contratos de uso y de transacción, o el derecho de superficie: “Se deben prohibir las concesiones a agentes externos a las comunidades restituidas para la explotación de recursos mineroenergéticos”.

Piden por último el “desmonte de la estrategia paramilitar” y que el Estado asegure medidas de reparación colectiva “con relación al genocidio político o las persecuciones políticas contra los miembros de la oposición”; y que las tres ramas del poder público sean depuradas: “Los funcionarios involucrados deben ser retirados de las instituciones públicas”.

El representante del MOVICE, Iván Cepeda, congresista del Polo Democrático Alternativo e hijo de un senador asesinado (Manuel Cepeda, de la Unión Patriótica), explicó en Bogotá que el objetivo es que “el Estado reconozca que se han cometido crímenes tanto dentro como fuera del conflicto armado, que no han sido hechos individuales sino que han tenido forma de delitos de lesa humanidad”.

Delitos que, según subraya Héctor Castro, siguen siendo el día a día de las colombianas y los colombianos. “En lo que va de año y sólo en el Valle han asesinado dos profesores y un cortero de caña. Y por ahora no hay ningún pronunciamiento por parte de los organismos de investigación. Se mantiene la impunidad. En las zonas campesinas se mantiene el acoso militar a las organizaciones, la estigmatización y el señalamiento, además de la creación de mecanismos para detenciones masivas y para los falsos positivos”.

La carta redactada por el MOVICE está ya en manos de los representantes de Naciones Unidas, el coordinador del Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación del PNUD, Alessandro Preti, y el coordinador residente de la ONU ante Colombia, Bruno Moro, quienes la harán llegar a los países garantes del proceso de paz, Venezuela y Noruega, para que éstos la pongan encima de la mesa de La Habana. Mientras tanto, Marlene se queda en la plaza San Francisco, repartiendo tarjetas personales con el rostro y el no nombre de su hijo Jairo Iván, con una inscripción en la que se lee: “En Colombia la honestidad es causa de desaparición forzada”.


J. Marcos es un (foto)periodista que trabaja con Paz con Dignidad. www.desplazados.org.


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