Iberpotash S.A., la marca sionista en Cataluña

Iberpotash S.A. fue creada en el año 98. Es filial de la empresa israelí ICL Fertilizantes, uno de los mayores productores mundiales de potasa y fertilizantes de fósforo, ácido fosfórico, fertilizantes especiales y aditivos para piensos. A su vez, ICL (Israel Chemicals Limited), es también uno de los líderes mundiales en la producción de compuestos de bromo y productos ignífugos, así como diversos productos químicos utilizados en construcción, farmacia, automoción, industrias de perforación electrónica, petrolíferas y gas.

Iberpotash es la única empresa de extracción de potasa en España, la empresa de minería más grande de Cataluña y poseedora de las mayores reservas de potasa de Europa. Exporta más del 70% de su producción principalmente a la Unión Europea, Sudamérica, norte de África y Asia. Dispone de dos minas en Cataluña, una en Súria y otra en Sallent, comarca del Bages.

En noviembre del 2099 Iberpotash presentó ante la Conselleria de Trabajo un ERE temporal de 180 días que afectaba a 790 trabajadores de los 838 que poseía en plantilla, debido a la apenas existencia de ventas. Diez meses después, tras constatar la recuperación de sus ventas en el extranjero, dejó de aplicarlo.

En el 2011 y tras comprobar que en Súria existe potasa, al menos, para otros 90 años, el grupo decide hacer una fuerte inversión en España de 160 millones de euros, el conocido como Proyecto Phoenix. Este se llevará a cabo en dos fases hasta el 2020. Según palabras del consejero delegado de ICL Iberia, José Antonio Martínez Álamo, esto supondría el mantenimiento de los 1.200 puestos de trabajo.

En una primera fase, hasta el 2014, las inversiones irán destinadas a mejorar los procesos de extracción de la potasa, la construcción de una planta de sal vacuum y el cierre de la mina de Sallent, dejando sin restaurar una escombrera de sal de más de 40 millones de toneladas.

En esta fase, la compañía ha anunciado una ejecución de 150 millones cuyo real objetivo es incrementar la productividad de sus procesos de extracción de potasa a costa de seguir contaminando.

La segunda fase prevista hasta el 2020 consistirá en incrementar la extracción de potasa y la construcción de una planta de sal que permita tratar el cloruro sódico, residuo resultante al producir potasa, para fabricar nuevos productos como potasa industrial y una rampa de extracción de 4,7 kilómetros en la mina de Cabanasses. Esta segunda parte deberá venir acompañada de ayudas públicas de la Generalitat (construcción de un tren que conecte con el corredor Mediterráneo, creación de un polígono industrial a cargo del Consorcio de la Zona Franca, una subestación eléctrica de 110 kilovoltios y una línea eléctrica de 400 kilovoltios, además de una nueva terminal en el Puerto de Barcelona).

La cantidad de residuos generada por ambas minas de Iberpotash iguala el total de los residuos industriales que produce Cataluña. Según Montsala, plataforma medioambiental de la comarca de El Bages que lleva desde 1997 denunciando los incumplimientos de la empresa extractiva, Iberpotash duplica la contaminación industrial permitida.

La fianza de la que dispone la Generalitat catalana para costear la restauración del impacto medioambiental generado es de tan sólo dos millones de euros. El reglamento de las fianzas mineras que fija la administración (la Generalitat en este caso) viene reflejado en una directiva europea (la 2006/21) de obligado cumplimiento en todos los estados miembros.

El objeto de esta fianza, es que la administración cuente con recursos económicos fácilmente disponibles en caso de no restauración o de abandono de la actividad por parte de la empresa extractiva.

Un informe independiente elaborado por el Estudio Ramón Folch señala que como mínimo sería necesaria una fianza de cien millones de euros. Esto es 50 veces más que la actual cantidad que la Generalitat debía haberle exigido a Iberpotash. Además en caso de que la empresa interrumpiera su actividad, difícilmente se le podría obligar a cumplir sus obligaciones una vez abandonada la explotación, al tratarse de una empresa no europea.

El informe de Folch revela que la mayoría de las actuaciones para mitigar los efectos de las minas las ha hecho la administración, «que parece haber actuado subsidiariamente ante la falta de diligencia del contaminador». En los últimos 30 años, la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha destinado al menos 200 millones a paliar la salinización del Llobregat, abastecedor de la región metropolitana de Barcelona.

Fuentes de Iberpotash aseguran que la empresa ha cumplido escrupulosamente la ley, atribuyendo el informe Folch a la competencia. Por cada tonelada de potasa se generan tres de sal. Esta se solía acumular en lugar de vender debido a su escaso valor en el mercado. Pero al haber encontrado compradores en el mercado europeo no será vertida al mar sino comercializada.

Según sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2011, la empresa no cumple con sus obligaciones de restaurador marcadas por la ley, que anula parcialmente la autorización ambiental de la explotación de Sallent. Esta sentencia está recurrida por Iberpotash ante el Supremo y esta segunda instancia no ha sido utilizada por la Generalitat, pareciendo acatar la decisión. En vista de que la fianza no cubre ni el 2,5% de los costes de reparación, la administración se vería forzada a hacer uso de dinero público para reparar la situación provocada por Iberpotash.

El informe Folch señala a su vez que en otras plantas de ICL, en otros países, las medidas paliativas de contaminación son mayores. Cleveland Potash, explota una mina de potasa en un parque natural en Inglaterra y antes de hacer vertidos al mar disuelve los residuos salinos. Su accionista Potash Corp devuelve a la mina de New Brunswick, en Canadá, los residuos tras extraer la potasa. Las distintas técnicas paliativas para los residuos suponen un coste del 0,5% y el 3% del precio de venta, según el estudio.

Contrariamente a lo que hace Iberpotash que, con la acumulación de residuos salinos al aire libre, una montaña de más de 40 millones de toneladas, provoca la salinización de la cuenca del Llobregat, aumentando con ello los costes de abastecimiento de agua potable.

Además de esta contaminación, tras el anuncio del Proyecto Phoenix, Iberpotash en octubre del 2012, comenzó a perforar un túnel de 4,7 kilómetros de longitud para transportar el mineral de la mina de potasa a la planta de tratamiento, en la mina de Súria. El túnel alcanza una profundidad de 900 metros bajo el nivel del suelo y será el túnel más largo del Estado Español. Todo ello a pesar de no haber sido aprobado su Plan Especial Urbanístico (PEU), y de solicitar sólo permiso de obras de su nueva planta de sal vacuum, sin haber presentado siquiera el proyecto de actividad de la nueva instalación.

A Iberpotash se le están acumulando problemas ya que en la actualidad hay varios procedimientos penales en contra de ella presentados por asociaciones y plataformas medioambientales en Bruselas y en los tribunales catalanes.

En octubre del 2012 el abogado Sebastià Estradé, doctor en Derecho y científico, pidió al juez la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que consideraba inexistente el plan de restauración del complejo minero e insuficiente la fianza de la actividad. Estradé interpuso esta demanda como ciudadano de Sallent, cuyo domicilio está situado delante de una montaña de sal de cuarenta millones de toneladas.

Dos meses después y basándose en el mismo informe Folch, la patronal de los fabricantes de sal llevan a Iberpotash ante el Tribunal de la Competencia por los “posibles incumplimientos en materia de minería, medio ambiente y urbanismo” en los que habría incurrido en sus explotaciones mineras en los municipios de Súria y Sallent (Barcelona), especialmente por los depósitos salinos que están al aire libre y la severa salinización del agua de los cauces fluviales.

El vicepresidente de Afasal (Asociación Ibérica de Fabricantes de Sal) califica de “desastre ecológico” la situación provocada por Iberpotash a lo largo de los últimos años y reclama que “la ley sea igual para todo el mundo”.

El pasado 14 de enero la Generalitat ordena paralizar las obras del túnel que Iberpotash está construyendo en Súria. El Departamento de Territorio ha incoado un expediente sancionador contra la compañía y un propietario de los terrenos donde se llevan las obras al no estar listo el plan especial urbanístico que regula la actuación, con su correspondiente informe de sostenibilidad ambiental. Fuentes de Iberpotash aseguraron que se trata de una decisión de carácter técnico que estará resuelta en breve.

El informe técnico realizado por los inspectores de la consejería admite que el pasado mes de noviembre se habían perforado 300 metros del túnel, a pesar de que el plan urbanístico no estaba aprobado, por lo que se tendrían que suspender temporalmente las obras. Además los técnicos consideran que si no se aprobara el plan de forma definitiva, las obras podrían suponer “una infracción urbanística muy grave”. Con su resolución, el director de Ordenación del Territorio, Agustí Serra, exige también al Ayuntamiento de Súria que revise la licencia de obras con la que Iberpotash creó un nuevo camino, usado por los camiones para sacar el material del túnel en construcción, abierto en terreno no urbanizable.

La primera semana de febrero se reunió en pleno extraordinario el ayuntamiento de Suria y regularizó la situación de las obras y cuatro días después fue aprobado el plan urbanístico por la Conselleria de Territori i Sostenibilitat. Esta situación ha llevado a la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a personarse como acusación popular denunciando al alcalde de Súria, de CIU, por un presunto delito de prevaricación. Denunciando también a los tenientes de alcalde pertenecientes a ERC y Alternativa Independent per a Súria (AIS), extendiéndose al arquitecto y secretario municipales. Otro dato a tener en cuenta es que el primer teniente de alcalde de dicho ayuntamiento es propietario del 40% de los terrenos en los que se está realizando la ampliación de Iberpotash.

Por otra parte el 15 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), impuso una fianza millonaria a Iberpotash por dañar el medio ambiente. La Sección tercera de la Sala de lo Contencioso administrativo del tribunal ordenó a la Generalitat que requirieser, en el plazo de dos meses, un plan de restauración medioambiental hasta el año 2035 que permita atajar el impacto de la explotación minera en ambos municipios. Además, la Administración deberá establecer una nueva fianza para asegurar los posibles incumplimientos por parte de la compañía, al considerar que la cuantía actualmente estipulada, de unos dos millones de euros, es insuficiente.

El 23 de enero murió un trabajador de las minas de Iberpotash aplastado por un vagón. La Generalitat ha abierto un expediente informativo para investigar las causas del accidente del trabajador que se encargaba de preparar los vagones de sal en el exterior de la mina. La federación de industria de CC OO ha asegurado que seguirá de cerca la investigación abierta y ha apuntado que no descarta emprender acciones para depurar responsabilidades. De momento, el sindicato ha reclamado a la dirección de Iberpotash y a la empresa subcontratada CTC, que extremen las medidas de seguridad y de prevención y que se revisen las instalaciones para evitar nuevos accidentes.

Iberpotash es una empresa israelí que basa su actividad interior y exterior en el fortalecimiento de la “Marca Israel” con la que este país pretende lavar su imagen de opresor contra el pueblo palestino. Esa opresión consiste en la Ocupación de los territorios palestinos con 223 asentamientos, el robo del agua y la creación de un mercado cautivo para el colonizador y una economía y agricultura dependiente. Israel es un país que viola la Cuarta Convención de Ginebra al practicar crímenes de guerra sobre la población palestina, utiliza personas como escudos humanos, bloquea el acceso a la ayuda médica, practica torturas, detenciones arbitrarias y somete a prisión a cerca de 5.000 personas (algunas menores de edad), destruye viviendas y terrenos agrícolas, sitúa checkpoints (puestos de control del ejército) por toda Palestina y levanta un Muro segregacionista. Israel ha sido condenada en numerosas ocasiones por la ONU y el Tribunal Internacional de Justicia de la Hayal, haciendo caso omiso a dichas condenas. Por todo ello podemos señalar que Israel es un Estado de Apartheid. A ello hay que sumar el genocidio que practica sobre la Franja de Gaza que tuvo su punto álgido con los bombardeos en 2009-10, con 1550 civiles muertos, y la represión continúa, con mayor virulencia como la que ejerció en noviembre del 2012, o la que practica día a día y que parece que nos tiene acostumbrados.

Ante ello las organizaciones palestinas, israelíes y del Estado español que nos oponemos a la Ocupación y al apartheid y defendemos los derechos humanos, trabajamos por la campaña BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) al estado de Israel y a las empresas israelíes cómplices. Pensamos que la lucha contra Iberpotash aúna la lucha en Cataluña y Palestina contra una empresa que apoya la política sionista de la ocupación de Palestina, viola las leyes en su actuación en Cataluña y deteriora el medio ambiente.


Sandra Barrilaro es colaboradora de Paz con Dignidad.


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